El Gobierno de Pedro Sánchez está siendo investigado por un juzgado de Madrid por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas realizada en los primeros meses de la pandemia. Este jueves tres altos cargos del Ministerio de Sanidad y Hacienda han acudido a declarar al juzgado 26 de Madrid por como imputados por un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraudes.
Según informan varios medios, las diligencias por este caso se abrieron hace un año tras una querella presentada por Vox en 2020. Las más de cincuenta licitaciones investigadas se produjeron en el primer estado de alarma y fueron adjudicadas por un valor de 310 millones de euros.
La querella investigada por la jueza Concepción Jerez García afirma que los contratos de emergencia enmarcados en el Real Decreto 7/2020 posibilitaron que no se justificaran debidamente las compras del material sanitario. Los elevados sobrecostes y las adjudicaciones a empresas sin experiencia en el sector deben ser objeto de investigación, según recoge la escrito presentado por el partido de Santiago Abascal.
Los tres imputados son: Alfonso María Jiménez, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, y Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
En las comparecencia de este jueves, los tres investigados alegaron que cumplieron con el protocolo y añadieron que las circunstancias especiales de aquellos meses hicieron que se tuviera incluso que acudir a varios mercados internacionales para conseguir el material.
Mascarillas, ventiladores, batas e hisopos
Las compras investigadas no se reducen a la compra de mascarillas, sino que otro material sanitario está siendo objeto de las pesquisas. De los 56 contratos que están siendo escudriñados, la querella afirma que al menos 12 se concedieron a empresas "dudosas".
En total, la investigación se centra en la compra de 56,2 millones de mascarillas a Honkong Travis Asia Limited, 1.000 dispositivos de ventilación mecánica a Sysmed, cuatro millones de hisopos a MJ Steps y batas a Weihai Textule Group.
Así mismo, la querella habla también de incumplimientos de contrato como es el caso de la compra por valor de 2,7 millones a la empresa Hyperin Grupo Empresarial por 144 respiradores. En este caso, la empresa (cuya función hasta ese momento se centraba en la fabricación de elementos de yes) no suministro el material y no devolvieron el importe abonado por adelantado.
Por otro lado, otras empresas como Value and Bro SL o FCS Select Products ofrecieron un servicio diferente del que aparece en su objeto social, por lo que también se pide en la querella que se investiguen las contrataciones hechas por la Administración.
Según afirman los demandantes, este tipo de incumplimientos de contrato y sobrecostes pudo suponer una perdida de 47 millones de dinero público.
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