El Estado dio carpetazo a 2021 con un agujero en sus cuentas de 82.521 millones de euros. Una cifra que, si bien es 30.539 millones menor que la registrada el primer año de la pandemia, refleja aún el fuerte impacto que tuvo el coronavirus sobre las cuentas públicas el ejercicio anterior. Los algo más de 80.000 millones de déficit del año pasado han elevado la deuda pública española a un total de 1,4 billones de euros.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha divulgado este jueves los datos de ejecución presupuestaria del Estado en 2021, que arrojan un nivel de déficit considerablemente más bajo de lo que esperaban el Gobierno y los principales analistas internacionales que elaboraron previsiones durante el año pasado.

El desequilibrio presupuestario registrado en 2021 fue finalmente del 6,76% sobre el PIB de ese año, lo que supone 3,3 puntos porcentuales por debajo del 10,08% registrado en 2020, excluido el efecto de la Sareb. Este resultado mejora con claridad las expectativas del Ejecutivo, que previó en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado un desequilibrio del 8,1%. Según ha destacado la ministra Montero, la caída en el déficit ha sido la mayor de toda la serie histórica, un hecho que ha atribuido a una mejoría en la actividad económica y que se ha ejecutado "sin aplicar recortes".

"Este año tenemos grandes retos que abordar. Sin embargo, estos buenos datos de déficit, muy por debajo de las previsiones, nos permiten un mayor margen para abordar esta nueva crisis", ha expresado la ministra en referencia al shock que ha causado la invasión rusa de Ucrania. Montero también ha destacado que las reglas fiscales están suspendidas este año, por lo que "no existen objetivos de estabilidad", aunque ha insistido en que la responsabilidad del Gobierno sobre las finanzas públicas "es clara".

La administración central carga el peso

De nuevo, la administración central es responsable de la mayor parte del desequilibrio presupuestario en las cuentas, con un saldo negativo de 72.133 millones, que representan 87,4% del déficit de todo el Estado. No obstante, más de la mitad del gasto de la administración central fue a parar a transferencias a otras administraciones públicas, especialmente a las comunidades autónomas.

"Desde el principio de la pandemia, el Gobierno asumió el impacto en sus propias cuentas", ha defendido la ministra Montero. En comparación con el PIB, el déficit de la administración central ha pasado del 7,51% en 2020 al 5,99% el año anterior, una reducción de 1,5 puntos porcentuales que en términos brutos se traduce en 12.000 millones de euros.

Tras la administración central, la Seguridad Social es el organismo que registra un mayor desequilibrio en las cuentas, aunque su situación ha mejorado considerablemente respecto a 2020, fundamentalmente por el menor gasto en prestaciones por ERTE. La Seguridad Social cerró el ejercicio con un desequilibrio de 12.325 millones, un 1% sobre el PIB y muy por debajo del 2,6% registrado el primer año de la pandemia.

En lo que respecta a las comunidades autónomas, las cuentas están prácticamente saneadas. Los gobiernos regionales cerraron el año pasado con un déficit de 334 millones, apenas el 0,03% sobre el PIB. Finalmente, las corporaciones locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares-, acabaron el año con un superávit del 0,27%, prácticamente calcado al del ejercicio anterior. 

La deuda pública alcanza el 118,4% del PIB

También este jueves el Banco de España ha publicado los datos de deuda de las administraciones públicas españolas, que alcanzaba a finales del año pasado los 1,427 billones de euros, unos 81.452 millones menos que al cierre de 2020. De esta forma, aunque el pasivo español aumentó en 2021, el inicio de la recuperación económica provocó que la deuda sobre el PIB frenara al 118,4%, una cifra también por debajo de las expectativas del Gobierno.