Este martes el Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con el que se regulan las subidas en el precio del alquiler. Concretamente, consiste en que el incremento de la renta del contrato será establecida por un pacto entre el propietario y el inquilino y, si no se alcanza un acuerdo, este aumento del precio de alquiler no podrá ser superior al 2%, marcado por el IGC. 

Incluso, esta medida va más allá y, en el caso de que un arrendador sea propietario de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados con esa misma utilización, el incremento nunca podrá ser superior al 2%.

Esta medida, que trata de limitar la subida de los alquileres en los contratos renovados durante los próximos tres meses conseguirá proporcionar cierta tranquilidad a los inquilinos. 

¿A qué contratos afecta esta medida?

En el real decreto-ley aprobado por el Gobierno este mismo martes, se recoge que la nueva medida de no superar el 2% de la subida del precio del alquiler en caso de no llegar a un acuerdo va destinada a los contratos a los que les corresponda la revisión anual.

De este modo, la propuesta afecta a todos los contratos de alquiler que se tengan que revisar desde la entrada en vigor del real decreto-ley, que será este jueves 31 de abril. La medida deja de estar en vigor el 30 de junio de 2022.

Preguntadas por si los topes al alquiler tendrán efectos retroactivos, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se limitan a señalar que la medida estará en vigor, de momento, hasta que acabe junio.