La directora general de Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana, Rosa Molero, afirmó ante el juez que ordenó la apertura de un expediente informativo en agosto de 2017 para ver "qué había pasado" con un presunto caso de abusos sexuales en un centro de menores en el que, como más tarde conoció, estaba implicado el exmarido de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra. También reiteró en varias ocasiones que no recibió presiones "de nadie", según pudo saber Europa Press.

Así se pronunció Molero en el Juzgado de Instrucción número 15 de València, órgano que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos de un educador, el exmarido de Oltra, entre los años 2016 y 2017. Junto a ella compareció también este miércoles la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza.

Molero y Plaza, que comparecieron en el juzgado en calidad de investigadas, manifestaron que el 8 de agosto recibieron una comunicación en Conselleria sobre la orden de alejamiento contra el exmarido de Oltra -en ese momento no sabían de quién se trataba, según dijeron- por abusos a una menor tutelada.

Fue la subdirectora la que se enteró primero del asunto y llamó a la directora, que en ese periodo estaba de vacaciones. Tras ello, esta solicitó abrir un expediente informativo para averiguar qué había ocurrido.

Acto seguido, la subdirectora redactó un oficio y lo mandó a la Dirección Territorial sin saber, en ese momento, que había unas diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía. Cuando el expediente finaliza, en noviembre o diciembre de ese año, se envió el informe al ministerio público porque, insistieron, "no se pretendía ocultar nada".

Ambas negaron haber recibido algún tipo de presión por parte de nadie en relación con este expediente y explicaron que el informe se hizo como en otros casos anteriores y que se envió a Fiscalía "para colaborar".

"Resulta increíble"

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, indicó en declaraciones a los medios de comunicación tras las comparecencias judiciales que resulta "increíble" que las imputadas hayan declarado que la preocupación era la niña "cuando no contestaron a Fiscalía varias veces". "Tampoco mandaron el informe del Instituto Espill cuando Fiscalía lo pidió", apostilló. El partido ejerce como acusación popular en el procedimiento.

Castro afirmó asimismo que la directora había contradicho a Oltra cuando aseguró que fue ella la que ordenó abrir la investigación tras enterarse de la orden de alejamiento, "cuando la vicesecretaria siempre ha dicho que fue ella" la que lo requirió.

"Desde febrero que ocurrieron los hechos no tomaron ninguna medida. A raíz del 8 de agosto se pusieron en marcha", añadió. Además, criticó que resulta "increíble" que las imputadas hayan manifestado ante el juez que se enterasen "por las noticias" de que el exmarido de Oltra estuviera implicado en el procedimiento. "¿Qué están protegiendo?", se preguntó, advirtiendo de que "se juegan unos delitos graves como es la obstrucción a la justicia".

Origen de la causa

La causa se originó a raíz de una denuncia de la menor que sufrió los abusos a manos del educador e, inicialmente, se abrió una investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos por los que el educador fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia de Valencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez, tras escuchar la declaraciones de estos seis investigados, decidió imputar a otras cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

Recientemente dos de las investigadas, la actual directora territorial de la Conselleria de Igualdad, Carmen Fenollosa; y la psicóloga del centro Niño Jesús, Ana Isabel Junquera, solicitaron el archivo de las actuaciones pero el juez lo denegó al estimar que esta petición era "prematura". La Fiscalía también mostró su oposición al sobreseimiento al considerarlo "temerario".