Gobierno, patronal y sindicatos celebraron este lunes una primera reunión para intentar alcanzar un "pacto de rentas" que, según plantea el Ejecutivo, debe servir para repartir los costes que acarreará la crisis económica que viene a causa de la invasión de Rusia a Ucrania. Fue apenas una primera toma de contacto en la que no hubo ningún acuerdo, pero en la que ya se visibilizaron algunos de los puntos de fricción que se abordarán en las próximas semanas y que hacen prever una negociación complicada que los sindicatos, además, quieren que no se circunscriba a los salarios.

Tal y como explicaron tras el encuentro los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, los sindicatos son conscientes de que los precios, "que ya están disparados" y cuya subida previsiblemente empeorará, "afectan de forma muy determinante a los salarios". Tanto es así que Sordo reconoció que esa subida "no va a poder repercutirse de forma inmediata al conjunto de los salarios". Pero eso no implica que las centrales se resignen a esa "pérdida de poder adquisitivo", sino que proponen que se pacte recuperar esas pérdidas en el poder de compra que se produzcan este año durante los dos años siguientes.

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CCOO y UGT, además, exigen que esos ajustes salariales vengan acompañados de otras medidas, como una reforma fiscal que eleve el impuesto de sociedades que pagan las empresas o una reforma del mercado energético que desvincule los precios de la luz de los precios del gas -una materia prima que es la que más se prevé que se encarezca por la guerra- para evitar un "disparate inflacionista". "Un pacto de rentas implica hablar de más cosas que de salarios", planteó Sordo, que sin embargo no quiso -y tampoco lo hizo Álvarez- definir con claridad cuáles son esos ámbitos de discusión porque, dijo, eso será precisamente la materia de la que tratará la próxima reunión.

La patronal, por el contrario, considera que garantizar el poder adquisitivo de los salarios -es decir, elevarlos con el IPC, aunque no sea en un periodo de un año sino de tres- es inviable. "La indexación de los salarios a la inflación es un error inmenso para España", sostuvo claramente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mientras el líder de Cepyme, Gerardo Cuerva, dejó claro que "la inflación perjudica al trabajador y al consumidor, sin duda, pero también perjudica de forma agresiva a la empresa". Ambos, Garamendi y Cuerva, hicieron hincapié en la necesidad de "evitar la espiral inflacionista", lo cual implica contención de los salarios.

CEOE y Cepyme tampoco comparten la posibilidad de elevar impuestos a las empresas para incrementar los ingresos del Estado y mantener los servicios sociales y el sistema de redistribución en un momento de crisis económica. "Cuando se habla de impuestos que pagan las empresas en España no se habla de todo lo que están pagando en el exterior", criticó Garamendi, que aseguró que, en total, las compañías españolas pagan en todo el mundo "mucho más del 15%" de sus beneficios a través del impuesto de sociedades.

Las pensiones y los dividendos

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Sindicatos y patronal, eso sí, coincidieron en que aún no se han definido los asuntos que se abordarán en las próximas reuniones y en que el pacto sobre la evolución de los salarios acogidos a convenio -unos cuatro millones- se cerrará, en su caso, por parte de los agentes sociales y sin la mediación del Gobierno. Asimismo, las pensiones quedarán fuera de la mesa de negociación del pacto de rentas, aseguró Pepe Álvarez, que recordó que la subida de estas prestaciones está vinculada por ley al IPC desde que se aprobó hace unos meses la primera parte de la reforma de las pensiones. Las pensiones, por tanto, seguirán subiendo con la inflación pase lo que pase.

Por el contrario, los sindicatos quieren introducir restricciones en los beneficios empresariales a cambio de la contención en los salarios durante este año, lo cual fue calificado como una receta "muy simple" por parte de la patronal. Unai Sordo, en este sentido, se mostró partidario de "contener" la distribución de dividendos y de los beneficios de las empresas con el fin de "reconducir" el destino de sus ingresos y que se utilicen para invertirlos en el tejido productivo. Y Garamendi, minutos después, criticó la propuesta recordando que "los inversores han visto mermar sus ahorros" desde el inicio de la guerra y señalando que "estos planteamientos pueden provocar que los inversores no confíen en la economía".

Ningún ministro del Gobierno, y tampoco el presidente Pedro Sánchez, salió tras la reunión a valorar la primera toma de contacto con los agentes sociales, si bien Moncloa afirmó a través de un comunicado que una de las prioridades del Ejecutivo "mitigar el impacto del encarecimiento de los productos energéticos sobre la economía española". Para ello, "el Ejecutivo ha trasladado ya a la Comisión Europea la urgencia de adoptar medidas eficaces para reducir la volatilidad y desacoplar de forma temporal los precios del gas y la electricidad", señaló la Moncloa.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, afirmó a través de Twitter que las consecuencias de la guerra "no las debe pagar la gente trabajadora de nuestro país". "Vamos a proteger a la gente como hemos hecho durante la pandemia", prometió Díaz, que planteó que, "de la misma manera que el Gobierno actuó con determinación para proteger el empleo y nuestro tejido productivo a través de los ERTE, ahora debemos proteger el poder adquisitivo" y apostó por "fortalecer lo público, proteger a la gente, el empleo y redoblar esfuerzos en la transición ecológica".