Con unas ciudades cada vez más inhóspitas para el peatón y con la crisis climática como una realidad inclemente, la movilidad sostenible se abre camino poco a poco en las ciudades españolas. La nueva ley en la que trabaja el Gobierno, cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, permitirá a los ayuntamientos cobrar una tasa por circular en cualquier parte del municipio, incluso en su totalidad, si optan por que todo su territorio sea considerado zona de bajas emisiones (ZBE).

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En la actualidad, son las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 vecinos que superen los valores límite de contaminantes regulados los obligados a establecer una zona de bajas emisiones antes de 2023. Por ello, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevén que serán precisamente estos lugares los principales candidatos a utilizar esta medida.

No obstante, corresponde a los consistorios decidir sobre la creación o no de este tipo de zonas, independientemente de la población del municipio, y sobre el territorio afectado. Así, tienen la posibilidad de declarar como ZBE un área pequeña, en la que puede tener sentido prohibir completamente la circulación, o un espacio más amplio en el que cobrar esta tasa, que puede llegar a abarcar la totalidad de la localidad.

Algunos ayuntamientos ya han mostrado su interés por esta medida, según han informado estas fuentes. Es el caso de Barcelona, una de las localidades con zona de bajas emisiones, que esperaba contar con robustez jurídica para poder aplicar esta tasa. Esta ley, que se espera tener aprobada para finales de 2023, permitirá garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el país, aunque cada municipio podrá decidir si implementa o no este cobro.

"Es una evolución del sistema, pero no es una revolución"

La futura norma, con la que el Ejecutivo busca acercarse al cumplimiento de los objetivos internacionales de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, fuerza a las compañías con 500 empleados o más a contar con planes de movilidad sostenible para, por ejemplo, favorecer el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bicicleta en el transporte diario al trabajo.

Nuevo mapa concesional de transporte por carretera

La nueva ley también contemplará una evolución del sistema concesional actual del transporte en autobús por carretera, que precisa de una actualización y una modernización, de acuerdo con las fuentes. Para encarar este cambio, es preciso racionalizar estas licencias y el alcance de las mismas, además de centrarlas en los grandes flujos entre comunidades autónomas y agruparlas para reducir el número de contratos.

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Además, el texto incluye por primera vez una disposición que permite al Consejo de Ministros autorizar la liberalización de determinadas rutas, con un modelo concesional con varios operadores, cuando haya condiciones que así lo aconsejen. Sin embargo, estos trayectos todavía no han sido señalados, sino que se trata de posibilidad con interés. "Es una evolución del sistema, pero no es una revolución", han matizado las fuentes del Ministerio.

En cuanto a los plazos concesionales -de hasta 10 años- no cambian, ya que están determinados en la ley de contratación del sector público. También se mantienen los derechos adquiridos, por lo que las licencias se mantendrán hasta su expiración y, mientras rija un derecho de exclusividad, no podrá participar otro operador privado.

Abierta la puerta a los peajes

El texto del anteproyecto habilita al Gobierno para realizar un estudio para implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado que garantice su mantenimiento, aunque no define ningún modelo concreto, según señalan las fuentes y como ya había subrayado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La ley tampoco establece ningún plazo para la entrada en vigor de los peajes, y Sánchez considera que se trata de una cuestión "compleja", en la que el acuerdo de las administraciones y los agentes del sector es una condición "sine qua non" para definir el modelo. En el mismo sentido, las fuentes recalcan la necesidad de conseguir "consenso político y social".

También este martes, el Gobierno ha aprobado medidas en favor del sector del transporte de mercancías por carretera y mejoras de las condiciones laborales de los conductores, que plasman el acuerdo alcanzado con los transportistas en diciembre y que evitó un paro patronal en los días previos a Navidad.