"Anna es ucraniana y no quiere contar a su familia lo que le está pasando porque a gente que está en guerra no le vas a venir con problemas". Anna, Fabio y los dos hijos de ella fueron desahuciados el pasado 14 de febrero del piso en el que vivían en Barcelona. Ahora viven en una pensión que les ofreció Servicios Sociales, pero en 14 días tendrán que marcharse y no tienen una alternativa que ofrecer a la familia de ella en caso de que puedan salir de Ucrania.

"Imagina la impotencia de enterarte de todo lo que está pasando en tu país, ver la guerra por televisión e intentar contactar con tu familia estando en estas condiciones", cuenta Fabio a este diario. Explica que Anna intenta hablar con sus familiares que viven en Ucrania, pero que no quiere explicarles lo que les ha pasado mientras ellos están viviendo una guerra.

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"Tiene una abuela que está sola en el centro de Kiev y que no se puede mover porque tiene problemas de cadera. También un tío que, con sus sobrinos, está en un refugio, y un primo que, junto a su mujer y sus hijos, ha intentado escapar. El tío le ha dicho 'Anna, no sé si podemos ir a España, si nos puedes acoger'. ¿Y ella qué le dice? Imagina la impotencia de no poder acoger a tu familia estando en guerra. No hay sitio para ellos porque no hay sitio para nosotros", lamenta.

Desahucio "brutal"

La pandemia dejó a Fabio sin trabajo y a Anna en ERTE, lo que provocó que no pudieran afrontar los 850 euros que pagaban de alquiler por un piso situado en el barrio del Poble-Sec, en Barcelona. "En ningún momento la propiedad quiso pactar y decidió rápidamente ir por la vía judicial con una demanda de desahucio por impago", cuenta Fabio.

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Así, el 14 de febrero numerosas furgonetas de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra se presentaron en el número 65 de la calle Creu dels Molers y desahuciaron a Fabio, a Anna y a los dos hijos de ella en una operación que él define como "brutal". Y es que, ante la resistencia de la familia y los vecinos que se habían acercado a ayudarles, los agentes acabaron tirando la puerta de la vivienda abajo "con una violencia como si no fuese la casa de una familia sino un narcopiso", apunta Fabio.

"Tantas furgonetas de antidisturbios para desahuciar a una madre y a sus dos hijos, porque yo estaba fuera negociando con la comitiva judicial", critica Fabio, y cuenta que "al hijo mayor, de 22 años, lo retuvieron en una furgoneta porque salió y quiso volver a entrar. También, cuando entraron los agentes, fueron a la habitación del hijo pequeño, de 18, pero la madre saltó a defenderlo y fue reducida y retenida un rato, haciéndole preguntas ridículas como cuál era su dirección para mandarle la multa, como si tuviera una segunda casa de verano".

Una vez en la calle, y sin alternativa habitacional, Fabio cuenta que Servicios Sociales les ofreció una pensión durante 14 días. "En un principio ni siquiera nos querían ofrecer el hostal porque, para ellos, nuestros hijos son grandes y parece que no tenemos derecho a estas cosas", lamenta.

La propiedad se negó a pactar pese a la vulnerabilidad

La propietaria, pese a tener otras viviendas, no llegaba al límite para pasar a considerarla 'gran tenedor', por lo que, pese a la situación de vulnerabilidad reconocida de la familia, no estaba obligada a ofrecer un alquiler social. Ante esta situación, la Agencia de Vivienda de Cataluña le ofreció pagarle el alquiler y seis meses de la deuda para que la familia pudiera quedarse, pero "no quiso y siguió adelante con el lanzamiento". 

La moratoria de desahucios por la Covid sí impidió el desalojo en anteriores ocasiones, pero finalmente la jueza autorizó el lanzamiento para el 14 de febrero. "No sé por qué la propietaria no aceptó lo que ofrecía la Generalitat. ¿Por venganza? No decidimos dejar de pagar el alquiler porque nos hicimos los listos; fue una pandemia que afectó a toda la humanidad. Ella no estaba obligada a aceptar nada, pero sabía que nos dejaba en la calle", señala Fabio.

Y es que Fabio, Anna, y sus hijos viven en Barcelona desde hace tres años y no disponen de alternativa habitacional o de una red familiar que pueda acogerles. Él es argentino y ella ucraniana y han pasado los anteriores 17 años en Cádiz. Servicios Sociales les ofreció una pensión, pero únicamente para 14 días que el lunes se alargaron 14 días más. "Vinimos a Barcelona para ofrecer un futuro mejor a los chicos y mira lo que les estamos ofreciendo ahora", lamenta Fabio.

El próximo 14 de marzo, Anna y Fabio, junto a otras dos familias desahuciadas en el Poble-Sec, se reunirán con Servicios Sociales, con la Generalitat y con el Ayuntamiento para ver qué pueden ofrecerles y si tienen opción a acceder a un piso de la Mesa de Emergencia. Fabio señala que "si no hay alternativa, no sabemos qué vamos a hacer. Es terrible. No tenemos los medios para un plan B y a Ucrania no podemos volver".