Rosa Santos (1968) es directora de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desde febrero de 2019. Ha estado involucrada, por tanto, en todas las negociaciones con el Gobierno de coalición y los sindicatos sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), los ERTE provocados por la pandemia de coronavirus y la reforma laboral.

Entre 1991 y 1998, fue profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza y entre 1994 y 1998 ejerció la magistratura en la jurisdicción de lo Social de Zaragoza. Entre 2011 y 2019 fue senadora del Partido Aragonés (PAR).

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¿Qué consecuencias hubiera tenido para las empresas la no convalidación del decreto de la reforma laboral?

La no convalidación hubiera llevado, lógicamente, al mantenimiento temporal de la reforma anterior. Con una mayoría parlamentaria a la izquierda, que habitualmente sustenta al Gobierno de coalición, era de prever que hubiera una reforma en la línea que inicialmente pretendía el Gobierno, de derogación de la reforma anterior, algo que también pretendían los sindicatos. Sin embargo, el resultado de la reforma actual es el resultado de los equilibrios de la negociación. 

¿Qué beneficios tendrá esta reforma para empresas y trabajadores?

Creo que esta reforma tiene algunos elementos bastante importantes que, no obstante, han pasado desapercibidos por el ruido mediático y político, pero creo que tiene algunas cuestiones muy importantes.

Para las empresas, herramientas de flexibilidad interna muy importantes que se refuerzan, no se han tocado las herramientas que venían de la reforma de 2012, aunque se pretendía. Se pretendía tocar el artículo que hace referencia a la modificación de condiciones de trabajo, que empuja a otros artículos del Estatuto de los Trabajadores, como los descuelgues salariales o las movilidades. Eso no se ha tocado, pero además hay herramientas de flexibilidad interna muy importantes, como los ERTE nuevos, con la implementación de toda la experiencia de la pandemia, la propia subcontratación y qué convenio colectivo es aplicable o el mecanismo RED. 

Para los trabajadores, y también para el país, yo creo que fundamentalmente la estabilidad en el empleo a través de la reformulación de la contratación y, sobre todo, del contrato fijo discontinuo, un elemento clave en esta reforma. También la empleabilidad, porque prácticamente todas esas herramientas de flexibilidad interna introducen elementos relacionados con la formación de los trabajadores. Lo que persiguen es garantizar que la formación a lo largo de la vida, aunque el trabajador cambie de empresa, se capitalice desde el punto de vista de la cualificación.

Y luego, reforzamiento de la negociación colectiva, una herramienta de adaptabilidad muy importante tanto a las necesidades de las empresas como a las demandas de los trabajadores. Se han introducido una serie de cambios que vienen a reforzar la negociación colectiva y a permitir que desarrolle una buena parte de lo negociado en la reforma.

¿Por qué se opone la CEOE a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros?

La CEOE lo que ha dicho es que no es el momento. Ya se produjo una subida en septiembre: juntas hacen un incremento del 5,2% en un contexto donde todavía no hay una recuperación plena. De hecho, las estimaciones del Gobierno para 2021 no se cumplieron. De la caída del PIB de 11 puntos que se produjo en 2020 solamente hemos recuperado cinco. Luego nos queda mucho por recuperar, no estamos todavía en niveles previos a la pandemia. Algunos sectores están muy tocados. 

Además, un SMI de cantidades ya tan altas interfiere en toda negociación colectiva. Tenemos unas tasas de cobertura muy grandes, somos elogiados en toda Europa por lo que representa la negociación colectiva, y un incremento salarial que coloca el SMI en niveles donde las categorías más bajas de muchos convenios supone, en la práctica, una injerencia en prácticamente toda la negociación colectiva y la va a dificultar. Y eso puede lógicamente incrementar la conflictividad y las dificultades para la negociación.

Por otro lado, en la reforma se han introducido algunos elementos que estaban destinados a mejorar la calidad del empleo y achicar, también, el espacio del SMI, porque el hecho de no poder devaluar los salarios por debajo del convenio sectorial, o el hecho de que tenga que haber un convenio colectivo aplicable a todas las cadenas de su contratación, prácticamente impide que haya empresas que se sitúen fuera de los convenios. Nosotros creemos que no era el momento y además que no era necesario, sino que debe ser la negociación colectiva la que debe en cada sector decidir y definir el salario.

De cara a la aprobación de esa subida del SMI, ¿van a pedir al Gobierno algún plan de ayuda a las pymes que les ayude a pagar las nóminas?

Lo que se le ha dicho al Gobierno es que hay sectores que salen especialmente perjudicados. Y también territorios. El SMI afecta mucho más en unos territorios que en otros. Afectan más a aquellos con un nivel de vida más bajo y afecta mucho más en algunos sectores que, tradicionalmente, suele haber un volumen de pequeñas empresas y autónomos con poquitos empleados bastante alto. 

Nosotros, por ejemplo, le hemos transmitido al Gobierno la dificultad que tiene todo el sector agrícola, que ya tenía el año pasado para implementar el SMI, y que sigue teniendo. Es un sector con escasa cualificación, con mucha mano de obra inmigrante y con dificultades para encontrar mano de obra. Adicionado a otros costes que se han ido incrementado estos años, el sector agrícola tiene una dificultad enorme para asumir esa subida del SMI.  

Hemos trasladado, también, cómo todos los sectores que trabajan para la Administración no pueden repercutir el precio a las administraciones. En tres años hemos subido el salario mínimo un poquito más del 35%, que esos sectores o esas empresas no han podido repercutir a las administraciones. Hay cuestiones que lógicamente requieren una corrección, pero no ha habido debate ni negociación, y mucho me temo que el Gobierno lo subirá sin establecer ninguna medida de corrección para ningún sector.

Antonio Garamendi defendió hace unas semanas la necesidad de hablar con moderación salarial en el marco de la negociación sobre el SMI. Sobre todo por la subida del IPC, esta mañana conocíamos que enero cerraba con una subida del 6,1%. ¿Se ha hablado de este asunto en la negociación con el Gobierno y sindicatos? ¿Va a presentar la CEOE alguna propuesta?

En el contexto del SMI, lo que hubo fue una propuesta del Gobierno que, a su vez, ya estaba comprometida con los sindicatos desde el mes de septiembre, cuando negociaron el pasado incremento. Luego realmente no ha habido negociación ni opción de plantear alternativas. Eran lentejas, así de claro.

Con los sindicatos empezamos ahora la negociación del acuerdo de negociación colectiva, que es la hoja de ruta que desde las organizaciones empresariales y sindicales transmitimos a todos los sectores. Por parte nuestra, lógicamente, hay interés en que se establezca una senda de moderación salarial para evitar que la espiral inflacionista crezca, como están diciendo todos los organismos internacionales. 

Es conocida la buena relación entre Garamendi y la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Deteriora las relaciones con el Gobierno la negociación del SMI?

Nosotros, como dice siempre el presidente Garamendi, negociamos con el Gobierno que hay, no elegimos nosotros al gobierno. Y la sintonía de la que se habla con la vicepresidenta pues no es más que la cortesía normal a la que estamos obligados quienes tenemos alguna responsabilidad institucional. 

La CEOE ha llegado a muchos acuerdos en estos dos años, en un contexto durísimo. Todos los acuerdos de los ERTE, donde no solamente estaba el Ministerio de Trabajo, sino también el Ministerio de Seguridad Social, el de Economía y Hacienda. Hemos llegado al acuerdo del teletrabajo, al acuerdo de dependencia con el Ministerio de Derechos Sociales, al primer acuerdo de pensiones con con Seguridad Social y al de la reforma laboral.

Pero ha habido otras materias en las que no ha habido acuerdos. No hubo acuerdo en los decretos de igualdad y, de hecho, estamos esperando la sentencia del Tribunal Supremo porque hemos impugnado el decreto. No hubo acuerdo en el SMI de septiembre ni en este SMI, no hemos tenido acuerdos en las políticas activas de empleo... En definitiva, nosotros en este contexto hemos llegado a acuerdos donde hemos entendido que al final se obtenía un equilibrio.

Y sin embargo, no hemos llegado a acuerdos donde hemos entendido que, o bien no era bueno para el país o no era bueno para las empresas, o no existía el equilibrio necesario para llegar a un acuerdo. Entonces, no creo que eso afecte para nada a la relación de cortesía e institucional a la que, por otro lado, estamos todos obligados.

España registra casi un 30% de paro juvenil, uno de los más altos de la Unión Europea. ¿Dónde está el problema?

Lo primero, tenemos ciertos datos relacionados con la formación y con la cualificación de la gente joven, que se aparta bastante de los datos europeos. Tenemos muchos más universitarios que el promedio de la Unión, mucha menos gente que viene de formación profesional que en el resto de la Unión y tenemos también mucha gente sin ninguna cualificación.

Esto es un problema para el mercado laboral. Vamos a ver si la reforma laboral, que, como te decía al principio, intenta mejorar la calidad del empleo y también la empleabilidad a través de todos los itinerarios de formación, consiguen mejorar estas ratios y también las modalidades contractuales, pero evidentemente este es un reto del país clarísimo. No podemos tener unas tasas de desempleo juvenil como las que tenemos.

En la reforma laboral se han introducido una serie de elementos. Muy especialmente los contratos de formación, que vamos a ver si dan los frutos que esperamos.

¿Qué pasará con los ERTE a partir del próximo 28 de febrero?

Pues eso le hemos preguntado al Gobierno. Lo pregunté la semana pasada con ocasión de las reuniones del SMI y, ayer mismo, instamos al Gobierno formalmente por escrito a convocar la tripartita de seguimiento de los ERTE. Me consta que el Gobierno lo está analizando internamente, entre los cuatro ministerios involucrados en esta materia, y nosotros ya les hemos transmitido la necesidad de que todavía haya un acompañamiento para algunos sectores que están claramente reflejados en los ERTE, muy particularmente todo el sector y todos los subsectores que tienen que ver con el turismo.

Como digo, muy especialmente en sectores que tienen que ver con el ámbito turístico. Es evidente que hace falta ese acompañamiento, que la ómicron ha frustrado las expectativas de los últimos meses y que ni en volúmenes de negocio, ni de viajeros, ni de ocupación estamos todavía como estábamos en 2019. Las cifras son bastante clamorosas. Por lo tanto, hace falta un acompañamiento, y está por ver si ese acompañamiento va a ser una prórroga.

O si vamos a ir a los mecanismos estructurales que tenemos en el Estatuto de los Trabajadores con algún acompañamiento imprescindible que habrá que hacer.

¿Qué les parece la polémica por el reparto de los fondos europeos?

Yo no entro en política, pero nosotros sí estamos muy encima del Plan de Recuperación y Resiliencia, que es el plan para hacer las dotaciones económicas que prevé los 140.000 millones de euros y que obligan al cumplimiento de unos hitos. Parte son las reformas y parte son inversiones. Desde CEOE, lo que hemos hecho es montar una oficina técnica de ayuda a las empresas, para poder ayudarlas en esos procesos de licitación a través de los cuales van a poder acudirse a los PERTES o a los distintos procesos o proyectos de inversión. En las cuestiones relativas a las decisiones de los partidos políticos preferimos no entrar.

¿Cómo ven la situación económica actual?

Nosotros no somos pesimistas, pero es verdad que todavía no se espera una recuperación plena hasta el año 2023. Hay que ver todavía los efectos de la pandemia, porque aunque no haya restricciones, han cambiado mucho los hábitos del consumidor y eso afecta de manera muy especial algunos sectores, como el sector turístico, tan fuerte en España y que tiene tanto peso en el PIB.

Somos muy prudentes en el despliegue de los datos. Nuestro departamento de análisis y estudios proyecta un crecimiento este año que, siendo importante, todavía no nos situará a final de 2022 en las cifras pre-pandemia. Por lo tanto, con prudencia y cierta incertidumbre en función de la evolución de la pandemia. 

Las críticas de Vox hacia Antonio Garamendi y su gestión al frente de la patronal han sido constantes. De ustedes dicen que están comprados con subvenciones. ¿Qué relación tienen con la formación de Santiago Abascal?

El que conoce CEOE sabe que nosotros vivimos de las cuotas de nuestros asociados, que son muchos. Tenemos un papel representativo que viene en la Constitución, en los primeros artículos, prácticamente al mismo nivel que los partidos políticos. El diálogo social es una institución democrática absolutamente valorada en Europa e incluso a nivel internacional por la propia OIT [Organización Internacional del Trabajo].

La CEOE ha estado a la altura de las circunstancias estos dos años, conformando acuerdos para dar estabilidad al país, garantías a las empresas y tranquilidad a las personas trabajadoras. 

Ellos sabrán dónde están y dónde tienen que estar. Insisto en que no voy a entrar en cuestiones políticas, que no me corresponden. Sí insistir en que nosotros hemos hecho lo que honestamente pensábamos que debíamos hacer por el bien del país, de las empresas y de los trabajadores.

¿Y qué tal con el PP?

Nosotros tenemos una relación, aunque no se proyecte siempre, cordial con todos los partidos. Concretamente, con los dos que acabas de citar, más allá de lo que se proyecta a veces públicamente, cada cual hace lo que considera que tiene que hacer. Nosotros no calificamos ni interferimos en las cuestiones que puedan opinar ni el Partido Popular ni Vox. La relación, repito, es cordial.