Esther y su familia, en la que hay un menor, han sido desahuciados este miércoles en Barcelona por no haber podido hacer frente al pago del alquiler del piso en el que vivían, propiedad de un gran tenedor. El lanzamiento se ha llevado a cabo con un gran despliegue policial de los Mossos d'Esquadra y pese a que la familia dispone de un informe de vulnerabilidad.

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El Sindicato de Barrio del Poble-Sec, donde vivía esta familia, ha denunciado lo ocurrido y ha explicado que el propietario de la vivienda se negó a ofrecer un alquiler social pese a estar obligado por la ley 24/2015 al tratarse de un gran tenedor y al ser sus inquilinos una familia vulnerable, que dejó de poder pagar el alquiler tras quedarse sin trabajo.

De hecho, la organización explica que el Ayuntamiento de Barcelona sancionó a este propietario por haber incumplido la ley y que se había intentado negociar un alquiler social a cambio de la retirada de la multa, pero, aun así, "el juzgado ha decidido seguir adelante" con el desahucio, que deja a esta familia sin "alternativa habitacional".

Desde el Sindicato de Barrio denuncian la decisión del juez de no haber paralizado el lanzamiento pese a la obligación del propietario de ofrecer un alquiler social y pese a la moratoria antidesahucios del Gobierno aprobada a raíz de la pandemia y vigente hasta el próximo 28 de febrero, además de "la ineficacia de las medidas" tomadas por el Govern de la Generalitat.

Del ejecutivo catalán también critican la decisión de "enviar un gran despliegue policial para dejar a una familia vulnerable en la calle, con el elevado coste que supone llevar cuatro furgonetas de la BRIMO, en lugar de gastar este dinero en pagarles un alquiler".