Austria se convertirá este martes en el primer país europeo en aplicar la vacunación obligatoria contra la COVID a toda la población adulta, esto es, para unos 7,4 de los 8,9 millones de habitantes del país centroeuropeo. Después de una primera fase de transición, el 16 de marzo comenzarán los controles por parte de las autoridades y las multas a quienes ignoren la norma, que pueden alcanzar los 3.600 euros.

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Actualmente, la tasa de vacunación con la pauta completa en Austria ronda el 75%, en un momento en el que la pandemia deja en el país una incidencia acumulada a catorce días de 1.068 casos por 100.000 habitantes. 

Para fomentar la adhesión a la inoculación, el Gobierno de Austria presentó el pasado 20 de enero una lotería con vales de 500 euros sorteados entre los vacunados contra la COVID, una medida anunciada horas antes de que el Parlamento aprobase la ley que hace obligatorio inmunizarse para todos los mayores de 18 años.

La obligatoriedad de vacunarse, anunciada el pasado 19 de noviembre y apoyada por casi todas las formaciones, ha generado varias protestas multitudinarias desde entonces organizadas y alentadas por el partido ultraderechista FPÖ, que tiene alrededor de un 20 % de intención de voto.

La situación en el resto del continente

En esta línea ya han avanzado otros países de Europa, aunque solo para determinadas franjas de edad o para ciertas profesiones. Es el caso de Grecia, que aprobó la obligatoriedad de la vacunación para los 300.000 habitantes mayores de 60 años. En el supuesto de no inocularse el suero contra la COVID, deberán pagar 100 euros por cada mes que sigan si hacerlo.

También Italia aprobó una norma similar y, desde el pasado 8 de enero, los mayores de 50 años deben estar vacunados; una medidas consensuada con dificultades entre las distintas fuerzas políticas que apoyan al Gobierno de Mario Draghi. Además, algunas categorías profesionales, como fuerzas del orden, personal escolar y sanitarios, han de contar con la pauta completa para poder ejercer su trabajo.

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Por su parte, Alemania aprobó en diciembre un proyecto de ley del Gobierno de Olaf Scholz que impone la vacuna en sectores laborales sensibles, como geriátricos o sanitarios. Planteaba plazos largos hasta hacer efectiva la medida, hasta marzo, en atención al periodo preciso para tener la pauta completa. En paralelo, el nuevo canciller insiste en la necesidad de implantar el pinchazo obligatorio de modo general, aunque su Ejecutivo no ha presentado aún el correspondiente proyecto de ley a la espera de reunir el máximo consenso parlamentario.

En el mismo sentido ha actuado República Checa, aunque ahora está en el aire. El anterior Ejecutivo de populistas y socialdemócratas decretó el pasado diciembre la vacunación obligatoria de ciertos empleados públicos, como sanitarios, soldados, asistentes sociales y policías, así como los mayores de 60 años, que deberían recibir el suero antes del 28 de febrero. Esta disposición será revisada en febrero, cuando se espera la aprobación de un nuevo plan de inmunización "semejante al de la gripe", avanzó el nuevo titular de Sanidad, Vlastimil Válek.

En Eslovenia, el Tribunal Constitucional suspendió a finales de septiembre una normativa que exigía estar vacunado o haber pasado el coronavirus para trabajar de forma presencial en oficinas públicas.