Activistas por la vivienda han ocupado este lunes la sede del distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, para exigir una reunión entre el Ayuntamiento, los propietarios de dos edificios y los vecinos que viven en ellos, con el objetivo de paralizar el desahucio de estos últimos.

En un comunicado, la organización 'Resistim al Gòtic' explica que, a partir del próximo 28 de febrero, "se pueden reactivar dos desahucios que pueden dejar en la calle a cerca de 45 personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas inmigrantes sin papeles". 

Se trata de dos edificios situados en el barrio Gòtic de la ciudad: por una parte, la capilla de Sant Esperit, propiedad del Arzobispado de Barcelona, y por otra, Casa África, propiedad del CETT-UB (la escuela de hostelería y turismo de la Universitat de Barcelona).

"Los procedimientos judiciales por los dos casos están paralizados desde el pasado 4 de noviembre gracias, sobre todo, a la presión vecinal", señalan en el comunicado, donde también cuentan que, en ambos casos, se llegó al acuerdo de iniciar negociaciones a tres bandas (Ayuntamiento, propietarios y vecinos) con el 28 de febrero como fecha límite.

Sin embargo, lamentan que, a un mes de que acabe el plazo, "ni el Ayuntamiento ni los propietarios han contactado con los vecinos, aumentando su preocupación y menospreciando su situación de vulnerabilidad". 

Por este motivo, varios activistas han ocupado la sede del distrito: "No nos iremos hasta que tengamos un compromiso de reunión a tres bandas para los dos bloques", han asegurado, y han añadido que "exigimos que se retome la comunicación con los vecinos y se alargue el plazo de negociación".

"Ocupar es su única opción de techo"

La organización Resistim al Gòtic explicó en Twitter el pasado noviembre que el bloque propiedad del Arzobispado "consta de un teatro en los bajos que está en desuso y, encima, tres plantas de viviendas que habían sido subarrendadas durante tres años por la asociación que alquilaba el edificio, principalmente a diferentes músicos y artistas, pero también como pisos turísticos en verano".

"El grupo de músicos y dos familias más son los vecinos actuales del bloque que, hartos de la situación, se pusieron en contacto con la propiedad para pedirles la regularización habitacional", cuentan, pero explican que el Arzobispado "no accede a hacer alquileres asequibles a los vecinos que han adecuado el bloque al abandono de los años". 

En cuanto al edificio de Casa Àfrica, cuentan que se trata de un "proyecto autoorganizado de vivienda para personas migrantes, de acogida y absolutamente necesario para el barrio y para la la ciudad, que fue ocupado en noviembre de 2019".

Denuncian que estas personas "no han recibido nunca ninguna ayuda" y que, por no tener papeles, "tienen totalmente negado el derecho a una vivienda", por lo que "ocupar es la única opción de techo, ya que la mayoría trabajan en negro como 'riders', chatarreros o temporeros".

En ambos casos, la organización subraya el arraigo de ambas comunidades con el barrio y los proyectos colectivos en los que han participado estos vecinos, como las redes de apoyo que se crearon durante los primeros meses de la pandemia y el confinamiento.

Tras la acción, el Ayuntamiento les ha explicado que, en el caso de Casa Àfrica, la propiedad se niega a negociar, pero les ha asegurado que les informará de cualquier novedad, y, sobre la capilla, se ha comprometido a hacer un estudio técnico de los pisos ocupados, según ha informado 'Betevé'.