Sánchez insinúa que el bono joven durará más de dos años entre críticas por el escaso alcance en grandes ciudades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita un edificio del barrio de San Antón, en Elche.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita un edificio del barrio de San Antón, en Elche.
Manuel Lorenzo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita un edificio del barrio de San Antón, en Elche.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita un edificio del barrio de San Antón, en Elche.
Manuel Lorenzo / Atlas

La ayuda al alquiler de 250 euros para jóvenes de entre 18 y 35 años podría alargarse más de los dos años previstos por el Gobierno. Así lo ha insinuado el presidente Pedro Sánchez este martes en su visita a Elche (Alicante), donde ha mantenido un encuentro con jóvenes para explicar las medidas relativas a la vivienda. El anuncio de las intenciones del presidente, que en todo caso dependerá de que repita al frente del Ejecutivo tras las elecciones generales programadas para noviembre de 2023, llega entre críticas al bono, que solo afectará al 1,4% de viviendas en alquiler de Madrid y al 0,8% de Barcelona si las autonomías no aumentan el tope general de 600 euros.

"El bono del alquiler va a estar vigente, al menos, dos años. Estoy seguro de que ha nacido para quedarse y de que irá extendiéndose y expandiéndose tanto en cantidad económica como en número de beneficiarios", ha señalado Sánchez el día en que el bono, limitada a aquellos jóvenes que no perciban unos ingresos que superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (24.328 euros) se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación ayer en Consejo de Ministros.

En la actualidad, el presupuesto consignado en las cuentas del Ejecutivo para el bono joven del alquiler es de 400 millones de euros, repartidos entre este año y el siguiente. Esta cuantía permitirá que la ayuda llegue a, según las estimaciones del Ministerio de Transportes, a 70.000 jóvenes durante los próximos dos años, una cifra que ha levantado críticas en la opinión pública. Y es que, en España hay más de siete millones menores de 35 años, de los cuales el 60% demandan un alquiler como primera opción de vivienda para poder emanciparse, según datos recogidos en el estudio 'Los jóvenes y el mercado de la vivienda' de Fotocasa Research.

Además del presupuesto, otro de los límites que se ha criticado ha sido el precio máximo que puede tener la vivienda arrendada, fijado en 600 euros por piso, una cuantía que se rebaja a los 300 euros si se trata de una habitación. En la actualidad y según los datos extraídos del mismo estudio, la oferta de viviendas por debajo de ese precio es tan solo del 1,4% en Madrid, mientras que en Barcelona es todavía más escasa, del 0,8%. Es por ello que el Ministerio dejará competencias a las autonomías para aumentar esos límites hasta los 900 euros por casa y los 450 por habitación. Aunque aun así, los porcentajes seguirían siendo minoritarios: de la oferta actual en ambas ciudades, solo uno de cada tres pisos de la capital se puede rentar por menos de esa cuantía, un porcentaje que en Barcelona se sitúa en el 18%.

¿Cómo funciona el bono joven de alquiler que ha aprobado el Gobierno?

En el caso del alquiler de habitaciones el problema es similar. En las ciudades de Madrid y Barcelona, la oferta en una vivienda compartida por un precio menor a los 300 euros es muy difícil de encontrar: en el caso de Madrid capital es del 24% y en Barcelona, del 8%. "Esta ayuda tiene buenas intenciones, al poner el foco en el problema más importante al que se enfrentan los jóvenes, pero es necesario que lleguen sobre todo a los jóvenes que viven en las zonas más tensionadas de nuestro país", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Estas críticas también han sido vertidas desde los sindicatos mayoritarios, que han tildado el bono de "limitado" e "insuficiente". Comisiones Obreras, por ejemplo, ha señalado que el tope hará "que los alquileres disponibles, especialmente en las zonas de mayor demanda de vivienda, se acumulen en esos límites, cuando no los superen exigiendo un sobreprecio no declarado".

En la misma línea que CCOO, UGT alerta de que "los límites del precio total de la vivienda que se exigen para poder acceder a la subvención estimulan que el mercado se eleve, propiciando que parte de ese bono de vivienda joven acabe en el bolsillo del arrendatario en lugar de ser un ahorro real para la persona joven". Y, por ello, el sindicato que lidera Pepe Álvarez califica la medida como "cortina de humo para enmascarar un fracaso político como es el de no haber podido alcanzar una ley de vivienda que responda a las necesidades vitales de la sociedad".

Los sindicatos aprietan para regular los alquileres

No obstante, la queja principal de ambas organizaciones es que este tipo de ayudas a los inquilinos "a priori mejoran la capacidad de pago de las personas que demandan una vivienda, pero si no se actúa sobre la oferta de vivienda, regulando la existente y aumentando la oferta asequible, lo más factible es que la mayor parte de estas ayudas acaben en un incremento de los precios". Por ello, apuestan por la regulación de los alquileres.

"Para CCOO, la forma estructural de abaratar el acceso a la vivienda no pasa por subvencionar a los inquilinos el precio de un alquiler que se eleva, sino por regular el mercado del alquiler limitando los precios máximos en las zonas tensionadas", dejó claro el sindicato que lidera Unai Sordo este martes, si bien también apostó por poner en marcha "un potente parque público de alquiler asequible". UGT también considera que las políticas de vivienda "realmente innovadoras y valientes" pasan por regular de forma ambiciosa los precios de los alquileres. Las medidas a tomar, sostiene el sindicato, "deben estimular que los alquileres frenen el alza abusiva de los precios, controlándolos con un límite de alquiler que esté basado en un tope de euros por metro cuadrado y acorde con el precio actual medio de la zona".

La regulación de los alquileres es una de las medidas incluidas en la ley de vivienda que el Gobierno tenía previsto aprobar este martes, un movimiento que tuvo que retrasar por las dudas vertidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, se prevé que dicte un crítico informe que, eso sí, es preceptivo pero no vinculante. Con todo y pese a que en un principio el sector socialista del Ejecutivo habló de "adaptar" la ley bajo esos criterios, todo indica que el Gobierno no modificará el texto, que también ha sido hoy reivindicado por el presidente y por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. "Vamos a convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar", remarcó el mandatario antes de recordar que tres cuartas partes de jóvenes entre 16 y 29 años se ven obligados a vivir el domicilio familiar. "Tendremos una ley, sí, la tendremos", concluyó la ministra.

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