El Gobierno está estudiando la definición de las causas de despido económicas, técnicas, organizativas o de producción con el objetivo de hacerla "más precisa" y ha habido "avances" en esta medida.

Así consta en los detalles del informe Cumpliendo presentado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se da cuenta de las medidas aprobadas, las que han decaído y las que se encuentran en desarrollo.

En materia laboral, después de que se haya aprobado la reforma laboral con acuerdo con las patronales y los sindicatos y se hayan contabilizado como cumplidas las medidas contenidas, aparece el compromiso de "hacer más precisa la definición de las causas de despido económicas, técnicas, organizativas o de producción”.

La medida formó parte del discurso de investidura de Pedro Sánchez, pero no se encuentra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea.

El Gobierno señala que se ha iniciado y ya se registran "avances" y, de momento, "se encuentra en estudio la definición de las causas de despido económicas, técnicas, organizativas o de producción".

A esta medida se suman otras pendientes de aprobación como es una normativa para limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa. En este caso, se encuentra "en proceso" de abordaje en el semestre actual y "con avances". El Gobierno precisa que "se continúa estudiando y trabajando para abordarlo en el ámbito más adecuado, con el diálogo social".

Esta medida formó parte del discurso de investidura pero no está asociado al plan de recuperación, al igual que la normativa para "modificar las causas y el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que incluya garantizar la reversibilidad y el carácter negociado", que se encuentra en el mismo estado.

Además de estas iniciativas, aparece "en proceso" y "con avances" el compromiso de aprobar una normativa para vincular el descuelgue salarial a causas económicas graves.

En este caso, el Gobierno también señala que "se continúa estudiando y trabajando para abordarlo en el ámbito más adecuado, con el diálogo social" y que es un compromiso de investidura pero no contenido en el plan de recuperación.

A estos objetivos gubernamentales pendientes se suma otra referente a constituir un grupo de trabajo para elaborar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, la cuál no se ha iniciado.