El Ministerio del Interior intercambiará información con las empresas eléctricas para captar más plantaciones de marihuana, que se han multiplicado en los últimos años. El tráfico de esta sustancia es ya una de las principales actividades criminales por detrás del tráfico de hachís y de cocaína, lo que ha provocado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska vaya a intensificar la lucha contra este tipo de delincuencia. También se harán más controles a los clubes cannábicos, se mejorará la colaboración entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se acortarán los tiempos de destrucción de la droga. Todo ello, en mitad del debate sobre la regulación del consumo de marihuana abierto en el Congreso por socios del Ejecutivo, aunque el ministro quiso desvincular ambos hechos.
Todas estas medidas están incluidas en el nuevo Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana que presentó este martes el ministro acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, y el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete. Según explicó posteriormente este último, el intercambio de información con las eléctricas era algo que ya se venía haciendo, pero se enmarcaba en los procesos judiciales. Ahora se hará de forma "sistemática". “Aunque siempre en el ámbito de inteligencia y con control judicial”, remachó a preguntas de los periodistas.
Otro de los grandes objetivos de este plan, que se desarrolla dentro de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 21 de febrero de 2019, es acortar los plazos en los que se destruye la droga. Sobre este asunto alertó la Fiscalía General del Estado en su informe anual desde 2020. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la autoridad administrativa que tenga la custodia de los alijos incautados "procederá a la inmediata destrucción" de la droga en el plazo de un mes si la autoridad judicial no dicta otra cosa. Pero la Fiscalía destacó que el tiempo que pasa entre la incautación y la "efectiva destrucción" de estas sustancias oscila entre el mes y medio y los tres meses.
La principal actividad criminal por detrás del tráfico de cocaína y hachís
El crecimiento de las plantaciones de marihuana en España no tiene parangón. Ya se realiza tanto en espacios cerrados como en abiertos. Entre los factores que han dado pie a este crecimiento, Marlaska citó las "condiciones climáticas" de España, también las del suelo, ya que "existe un gran número de áreas despobladas", y, por último, la "facilidad" para comprar la maquinaria que permite instalar plantaciones con éxito.
Desde 2015, las incautaciones de marihuana y plantas de cannabis en España han experimentado incrementos de entre un 150 y un 305 por ciento, sobre todo a partir de 2019. Si en 2016 se incautaron algo más de 724.000, en 2021 -año que aún no ha finalizado- ya son más de 2,3 millones. Por kilogramos: hace cinco años se incautaron menos de 22.000 y este año la cifra ya supera los 86.000. Esto es una subida del 390%, casi cuatro veces más.
Según Interior, estas cifras muestran que España se ha convertido en país productor de marihuana y derivados del cannabis, que es ya una de las principales actividades criminales por detrás del tráfico de hachís y de cocaína. En el cultivo de cannabis y el tráfico de marihuana operan ya verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal y provistas de gran logística y movilidad.
De esto también alertó el Ministerio Público: "Si en un primer momento parecía haber una cierta vinculación de las plantaciones de cannabis con los llamados 'clubes cannábicos', el fenómeno actual implica la existencia de auténticas organizaciones constituidas por personas de diversa nacionalidad cuya finalidad es la exportación a otros países de Europa", señaló la Fiscalía hace unos meses.
Esas mafias son "violentas", traen consigo la trata de seres humanos (lo que la Fiscalía define como "una forma contemporánea de esclavitud") y se dedican a la 'exportación' porque, según añadió el Ministerio Público, el mercado interno ha crecido tanto que es "insuficiente" que se cubra lo producido con demanda nacional. Las mafias están implantadas en muchas provincias españolas, con diferentes técnicas para llevar a cabo su cometido. En las localidades andaluzas, por ejemplo, los dueños de las plantaciones se escudan en que cultivan cáñamo para usos industriales, lo que llama la atención a las autoridades porque "no está subvencionado ni genera beneficios importantes". Y en Lleida, en cambio, los cultivos de cannabis se camuflan entre plantaciones de maíz.
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