El cannabis se ha convertido en un problema de gran envergadura para las autoridades españolas que luchan contra el tráfico de drogas. Si bien hace diez años el nivel de plantaciones parecía algo inocuo que corría a cargo de clubes especializados en la materia, el crecimiento del cultivo ha dado paso a mafias "violentas" que se dedican a la exportación al resto de Europa y que llevan aparejados fenómenos de trata de seres humanos. Es tanto el volumen que las organizaciones trafican a otros países porque el consumo interno no es suficiente y ha provocado, incluso, que la Policía tarde más en destruir la droga incautada de lo que marca la legislación vigente.

Decir que el número de plantaciones hace una década era anecdótico no es exagerado. En la memoria de la Fiscalía (donde resumen el trabajo que han llevado a cabo los fiscales en el año) de los años 2010 y 2011 la palabra "cannabis" tan solo aparece en un par de ocasiones. Fue en 2012 cuando el Ministerio Público advierte algo inusual. Ese año disminuyeron las incautaciones de hachís casi en su totalidad (alrededor de un 100%) y las de marihuana casi la mitad (un 46,8%), pero la confiscación de plantas de cannabis subió un 51,4%.

Intervenidas más de 800 plantas de marihuana en una finca de Vispieres que declaraba cultivo de cáñamo

En 2014 la Policía realizó hasta 749 actuaciones sobre instalaciones de cultivo de cannabis, superando la barrera de las 100.000 plantas de cannabis aprehendidas, que en seco suponían más de 22.000 kilos. Al año siguiente, el número de plantas confiscadas fue de casi 380.000, una cifra que se duplicó hasta alcanzar las 724.611 en 2016. Al millón anual se llegó en 2017, siguiendo con la senda de aumento que a día de hoy no se ha frenado: en 2019, último año con las cifras consolidadas, se intervinieron 1.538.995 plantas. "Si en un primer momento parecía haber una cierta vinculación de las plantaciones de cannabis con los llamados 'clubes cannábicos', el fenómeno actual implica la existencia de auténticas organizaciones constituidas por personas de diversa nacionalidad cuya finalidad es la exportación a otros países de Europa", dice la Fiscalía. 

Esas mafias son "violentas", traen consigo la trata de seres humanos (lo que la Fiscalía define como "una forma contemporánea de esclavitud") y se dedican a la 'exportación' porque, según el Ministerio Público, el mercado interno ha crecido tanto que es "insuficiente" que se cubra lo producido con demanda nacional. Las mafias están implantadas en muchas provincias españolas, con diferentes técnicas para llevar a cabo su cometido. En las localidades andaluzas, por ejemplo, los dueños de las plantaciones se escudan en que cultivan cáñamo para usos industriales, lo que llama la atención a las autoridades porque "no está subvencionado ni genera beneficios importantes". Y en Lleida, en cambio, los cultivos de cannabis se camuflan entre plantaciones de maíz.

Sin embargo, los problemas de la Policía y demás fuerzas de seguridad no quedan solo en el ámbito de esas mafias, sino que el crecimiento de cultivo de esta droga supone un verdadero reto logístico para destruir lo que se incauta en los plazos que marca la ley, que ahora mismo se están incumpliendo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la autoridad administrativa que tenga la custodia de los alijos incautados "procederá a la inmediata destrucción" de la droga en el plazo de un mes si la autoridad judicial no dicta otra cosa. Pero la Fiscalía, en la memoria de este año, destaca que el tiempo que pasa entre la incautación y la "efectiva destrucción" de estas sustancias oscila entre el mes y medio y los tres meses. Esto ocurre porque "se ha generalizado la destrucción mediante decisión judicial".

Investigado en Layna (Soria) por hacer pasar por legal una plantación de marihuana

Desde el Ministerio de Interior señalan a 20Minutos que "todos los organismos implicados" se encuentran trabajando para "agilizar la eliminación" de la droga. Señalan que es "una cuestión permanente tratada en las Juntas de Seguridad". No obstante, también apuntan que existen "pasos inexcusables que requieren su tiempo" y citan como ejemplo el "pesaje, la extracción de muestras, análisis de laboratorio o la opinión del fiscal". Las mismas fuentes avanzan que el Plan Estratégico Nacional contra las plantaciones de cannabis "está próximo a ultimarse". Con todo, el Ministerio, ya bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, adquirió hace justo un año 20 máquinas destructoras para triturar cannabis, que se sumaron a las 15 que se adquirieron en 2019.

Sin embargo, hasta llegar a su destrucción -que se acomete en hornos tradicionales o en vertederos- el cannabis supone otro problema añadido, pues "genera conflictos de salubridad, supone un gran volumen de almacenamiento y genera problemas técnicos por su putrefacción", según una guía sobre destrucción de drogas que realizó el Gobierno en 2018. Este documento ya advertía entonces de que era "de escasa utilidad la conservación del alijo" una vez que los agentes hubieran realizado el "muestreo". Sin embargo, se sigue acumulando, lo que ha despertado quejas policiales. Sin ir más lejos, durante este verano se produjo un gran incendio en la Comisaría de Policía Nacional de Motril donde se quemaron cientos de kilos de marihuana. El sindicato policial SUP solicitó entonces que al menos se creasen almacenes independientes fuera de las comisarías para que las drogas que se decomisasen generasen los mínimos problemas posibles.