¿Quién es Juana Ruiz? La cooperante española que lleva siete meses en una cárcel israelí

La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez acudió hoy a los tribunales militares israelíes en Cisjordania ocupada para la primera vista del juicio en su contra, mientras continúa en prisión tras su detención hace cuatro meses, acusada de pertenecer a una organización ilegal palestina.
La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez 
La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez acudió hoy a los tribunales militares israelíes en Cisjordania ocupada para la primera vista del juicio en su contra, mientras continúa en prisión tras su detención hace cuatro meses, acusada de pertenecer a una organización ilegal palestina.

Un comité israelí ha rechazado este martes concederle la libertad condicional a la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz, condenada a trece meses de cárcel y a pagar 14.000 euros de multa por trabajar y recaudar fondos para una ONG palestina que Israel considera ilegal.

La española de 63 años era residente en los territorios palestinos ocupados desde los años 80 y trabajaba como coordinadora de proyectos internacionales de los Comités de Trabajo para la Salud (Health Work Committes) desde 1993. Casada con un palestino, Elías Rismawi, es también madre de dos hijos.

La deliberación estaba prevista esta mañana en la Corte de Nazaret, en el norte de Israel, en una sesión cerrada al público y a la que asistió Ruiz, sentenciada por un Tribunal militar el pasado 17 de noviembre tras aceptar un acuerdo de culpabilidad para rebajar la pena.   

Detenida en su domicilio por una veintena de militares israelíes 

La pasada madrugada del 13 de abril, una veintena de militares israelíes acudieron al domicilio de la cooperante en Beith Sahur, un pueblo cercano a Belén, y procedieron a su detención sin cargos.

Un mes más tarde fue acusada de cinco delitos que, con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, se redujeron a dos: "prestar servicios a una organización ilegal" y "recibir dinero e introducirlo ilegalmente" en la Cisjordania ocupada.

Por ellos, el Tribunal militar fijó una multa de 14.000 euros y trece meses de prisión, una pena que, dado el tiempo cumplido, terminaría en mayo. Tras varias irregularidades en anteriores vistas, como no disponer de un intérprete de español, como obliga la ley israelí, Juana Ruiz aceptó un acuerdo de culpabilidad.

Así, la acusada admitió solo un cargo, "sospechaba que la organización para la que trabajaba estaba conectada con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP)". Israel - y la Unión Europea- consideran al FPLP como grupo terrorista y acusa a la organización para la que trabajaba Juana de financiar al Frente con sus donaciones.

El caso de Ruiz ha suscitado la atención internacional

El letrado de Juana Ruiz, un veterano defensor de los derechos civiles en Israel, solicitó su libertad provisional, que será dirimida este martes, aunque la liberación no será inmediata ya que el Estado podría recurrir y además debe establecerse una fecha para la ejecución de la resolución en caso de ser positiva, explicó el equipo legal de Ruiz.

El caso de la cooperante española ha suscitado la atención internacional por tratarse de un proceso militar, aplicado habitualmente a palestinos, y ante las alegaciones de financiación del terrorismo de ONG que reciben fondos europeos y que Israel asegura que son "brazo civil" del FPLP.

Varias organizaciones políticas y sindicales españolas como Izquierda Unida, CC OO y UGT han venido solicitando su liberación a las autoridades israelíes. Además, se iniciaron varias campañas de crowfunding para su excarcelación.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la UE han solicitado "pruebas" ante estas denuncias de Israel, al considerar que la información presentada hasta ahora no es "suficiente".

Los Ministerios de Defensa y Exteriores israelíes vincularon su caso con el de otras seis ONG palestinas, declaradas terroristas por Israel en octubre por similares alegaciones, que el Tribunal militar israelí tuvo que clarificar ya que el acuerdo de culpabilidad, aceptado por Ruiz, no lo admitía.

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