Un comité israelí decidirá este martes si se concede la libertad provisional a la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz, condenada a trece meses de cárcel por trabajar y recaudar fondos para una ONG palestina que Israel considera ilegal.
La deliberación está prevista a las 08.30 GMT (9.30 horas en la península española) en la Corte de Nazaret, en el norte de Israel, en una sesión cerrada al público y a la que asistirá Ruiz, que fue sentenciada por un Tribunal militar el pasado 17 de noviembre tras aceptar un acuerdo de culpabilidad para rebajar la pena.
Detenida en abril sin cargos, Ruiz, de 63 años, fue acusada en mayo de cinco delitos que, con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, se redujeron a dos: "prestar servicios a una organización ilegal" y "recibir dinero e introducirlo ilegalmente" en la Cisjordania ocupada.
Por ellos, el Tribunal militar fijó una multa de 14.000 euros y trece meses de prisión, una pena que, dado el tiempo cumplido, terminaría en mayo.
Solicitud de libertad
La defensa solicitó la libertad provisional de Ruiz, que será dirimida este martes, aunque la liberación no será inmediata ya que el Estado podría recurrir y además debe establecerse una fecha para la ejecución de la resolución en caso de ser positiva, explicó a Efe el equipo legal de Ruiz.
Ruiz fue detenida por su pertenencia a los Comités de Trabajo para la Salud por el Ejército israelí en abril cerca de Belén, en la Cisjordania ocupada, donde reside desde los años ochenta casada con un palestino.
Esta ONG palestina, que provee servicios sanitarios en los territorios palestinos ocupados, fue acusada por Israel de desviar fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también para la UE y EEUU.
Los Ministerios de Defensa y Exteriores israelíes vincularon su caso con el de otras seis ONG palestinas, declaradas terroristas por Israel en octubre por similares alegaciones, que el Tribunal militar israelí tuvo que clarificar ya que el acuerdo de culpabilidad, aceptado por Ruiz, no lo admitía.
El caso de Ruiz ha suscitado la atención internacional por tratarse de un proceso militar, aplicado habitualmente a palestinos, y ante las alegaciones de financiación del terrorismo de ONG que reciben fondos europeos y que Israel asegura que son "brazo civil" del FPLP.
La ONU y la UE han solicitado "pruebas" ante estas denuncias de Israel, al considerar que la información presentada hasta ahora no es "suficiente".
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