Cuando hace justo un mes España alcanzó la tasa de incidencia acumulada más baja desde el verano de 2020, con 40 casos por 100.000 habitantes, la posibilidad de una sexta ola de la pandemia parecía más lejana que nunca. Ahora, con el consistente incremento de este indicador, amenaza con convertirse en una realidad y las comunidades autónomas no han tardado en reaccionar. Para frenar el avance del coronavirus, varias de ellas han propuesto en los últimos días la posibilidad de implantar el pasaporte COVID para acceder a determinados espacios.
Ante esta pretensión, las regiones encuentran la misma dificultad que cuando intentaron imponerlo en verano: la negativa de Sanidad a legislar para crear un marco común nacional y el arbitrio de los Tribunales de Justicia autonómicos, que han ofrecido respuestas radicalmente distintas en cada comunidad.
La falta de uniformidad entre estos organismos regionales provocó en verano un guirigay judicial que redundó en normativas territoriales muy diferentes, con autonomías con el pasaporte o certificado COVID en vigor acceder a determinados locales y otras donde este uso era ilegal. En la actualidad, este documento está en vigor para acceder al ocio nocturno en Galicia, Cataluña y Baleares, mientras que el resto de comunidades que lo solicitaron vieron con resignación cómo la Justicia lo tumbaba.
También en verano, Sanidad renunció a legislar para que el certificado COVID pudiera utilizarse en España para entrar en determinados locales de ocio, a pesar de que varias comunidades -como Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana- reclamaron una regulación común al respecto. En este sentido, la ministra, Carolina Darias, se ciñó al reglamento europeo de este documento, pero dio vía libre a las autonomías para que, dentro de sus competencias, decidan cçomo actuar al respecto.
La evolución favorable de la pandemia en España, con el descenso de los contagios y las hospitalizaciones y el avance de la campaña vacunal a lo largo del verano, relativizó la necesidad de imponer esta medida y relegó al olvido estas reivindicaciones. Sin embargo, ante el empeoramiento de los indicadores, con una incidencia en ascenso que alcanzó los 89 casos por 100.000 habitantes este martes, los Ejecutivos regionales temen que la situación se repita, mientras el Gobierno prefiere abordar la modificación del semáforo COVID.
¿Hacia el pasaporte COVID?
El País Vasco ha sido una de las primeras autonomías en anunciar su intención de exigir el pasaporte COVID en determinadas actividades ligadas al ocio nocturno, como conciertos, y en restauración. Por eso, el Gobierno regional solicitará la autorización esta semana al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJPV), según informó la consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui, este martes.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya adelantó este lunes esta voluntad del Gobierno vasco, aunque no dudó en expresar su deseo de que se adoptara esta determinación en el conjunto del país ante las dudas de que el TSJPV vaya a avalar la medida. No son de extrañar estas reservas, especialmente después de los reveses que el Ejecutivo autonómico ha sufrido por parte de la Justicia regional, que ha tumbado sistemáticamente medidas relativas a la pandemia, como los cierres perimetrales y los toques de queda.
En la misma línea se expresó el lunes el consejero de Murcia, Juan José Pedreño, que pidió a la ministra de Sanidad un "marco legal" a nivel estatal que "garantice" que el pasaporte COVID puede exigirse en acontecimientos de "ocio y eventos multitudinarios".
Por su parte, el Gobierno valenciano tiene el propósito de implantar la obligatoriedad de este documento en todos aquellos lugares "donde sea razonable" y siempre tratando de "huir de restricciones innecesarias", según ha expresado el president de la Generalitat, Ximo Puig.
También el Govern catalán ha asegurado que valorarán ampliar el uso del certificado COVID para evitar nuevos cierres y restricciones si se mantiene el aumento "significativo" de casos que han detectado durante las dos últimas semanas. Asimismo, el Ejecutivo navarro también está estudiando la posibilidad de solicitar este documento ante una situación que consideran que "no es favorable".
Guirigay judicial
Galicia, Cataluña y Baleares son las únicas comunidades donde el certificado COVID está en vigor en estos momentos para acceder al ocio nocturno, si bien el recorrido para lograrlo no estuvo exento de polémica.
En Galicia, la Xunta aprobó este uso del pasaporte COVID en julio, pero la Justicia autonómica lo tumbó en agosto. El Supremo terminó después dándole la razón al Gobierno regional, que empezó a aplicarlo a principios de octubre en los locales nocturnos que podían abrir hasta más tarde y, después, en los albergues de peregrinos. Ahora, al permitirse la vuelta a los aforos completos, la Consellería de Sanidade ha pedido de nuevo el respaldo del TSXG a la medida.
En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia avaló a principios de octubre aplicar el pasaporte COVID para entrar a los locales de ocio nocturno de la comunidad. Así, para acceder, los clientes deben presentar el documento de vacunación, de curación o una prueba diagnóstica con resultado negativo.
También el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ratificó en octubre la exigencia del pasaporte COVID para acceder a las discotecas de las islas, que se unían a las residencias y los grandes eventos como espacios donde presentar este documento es obligatorio.
En el extremo opuesto, Andalucía, Canarias y Cantabria vieron en verano cómo sus Tribunales Superiores de Justicia tumbaron la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno.
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