La Comunidad de Madrid está más cerca de aprobar una nueva rebaja en el tramo autonómico del IRPF, la quinta en menos de 15 años. El Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha dado luz verde este miércoles a la reducción de medio punto en todos los tramos de renta. El Ejecutivo ha apuntado que esta rebaja ahorrará a los madrileños en torno a 334 millones de euros y beneficiará a las rentas más bajas. Además, las arcas públicas no se resentirán: según el gabinete del PP habrá un repunte de ingresos porque la economía se moverá más con ese dinero en manos de los ciudadanos. La previsión es que entre en vigor el próximo 1 de enero y se vean sus efectos en la declaración de la Renta de 2023.
"Hoy hemos hecho realidad uno de los grandes compromisos de este Gobierno, que es la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad", ha destacado la presidenta, que a diferencia de la semana pasada, cuando se presentó el proyecto de presupuestos autonómicos para 2022, sí ha comparecido tras el Consejo de Gobierno. Además, lo ha hecho arropada por la mayoría de sus consejeros autonómicos.
Díaz Ayuso ha señalado que esta rebaja convertirá a Madrid en la comunidad con los tipos impositivos más bajos de toda España: el mínimo se quedará en 8,5% (baja desde los nueve puntos porcentuales) y el máximo en el 20,5% (cae desde el 21%). Al anunciar la rebaja, que el PP llevó en su programa a las elecciones autonómicas de 2019 y a las del pasado mayo, la presidenta ha querido diferenciar su política de la del resto de autonomías. "Esto nos lo permite la ley de financiación", ha aseverado, "todas las comunidades pueden hacer exactamente lo mismo… pero algunas eligen subir, y nosotros hemos optado por lo contrario", ha agregado.
Igualmente, y como es habitual, ha marcado distancias con Pedro Sánchez. "Mientras el Gobierno de España está decidiendo si deroga o no la reforma laboral y está jugando con el empleo para contentar a unos socios o a los otros, nosotros seguimos siendo el contrapeso de libertad y prosperidad que necesitan los españoles".
La jefa del Ejecutivo ha asegurado que el 77% de los beneficiados por la rebaja son “personas por debajo de la renta media", que en la región se sitúa en torno a los 35.000 euros brutos anuales. De acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo, un madrileño con una renta de esta cuantía se ahorrará 126,14 euros por año si no tiene hijos (lo que supone un 4,28%) y 113,39 euros si tiene la misma renta pero dos hijos (4,17%).
En vigor en 2022 para declarar en 2023
La rebaja se aprueba pensando en que beneficie a los 3,3 millones de contribuyentes de IRPF que hay en la Comunidad de Madrid, pero se prevé que efectivamente llegue a unos 2,4 millones -hay personas que no llegan al mínimo requerido y no presentan declaración- a la hora de hacer la declaración de 2022 en la primavera de 2023, año electoral.
El Ejecutivo estima que el ahorro fiscal global de todos ellos roce los 334 millones al año, una cantidad que dejará de llegar a las arcas regionales vía Renta, pero que Sol prevé recaudar en mayor volumen por otros conceptos. "En Madrid las bajadas de impuestos, y concretamente de IRPF, no se han visto acompañadas de bajadas de recaudación", ha esgrimido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, que ha añadido que Madrid "es la comunidad que con diferencia recauda más con tipos de impuestos mucho más bajos".
El dinero que queda en manos de los ciudadanos tras una bajada de impuestos, ha abundado el responsable autonómico, "se invierte, se ahorra, se consume… genera actividad económica, con ella puestos de trabajo y, por tanto, recaudación", ha incidido.
En la Asamblea, por lectura única
La rebaja de IRPF aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno no es la única decisión fiscal que se ha adoptado: también se ha dado luz verde a la supresión de los tres impuestos propios que aún quedaban vigentes en la región, el que pesa sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados, el de Depósito de Residuos y el recargo sobre el de Actividades Económicas (IAE).
Ambas iniciativas se enviarán a la Asamblea como proyectos de ley. Se espera que salgan adelante antes de final de año, hacia diciembre, porque se va a pedir a la Mesa de la Cámara que su tramitación se haga por la vía de lectura única, que acorta sensiblemente los plazos parlamentarios. Es previsible que se haga de esta forma porque ambos proyectos solo tienen un único artículo y el reglamento de la Asamblea permite este procedimiento cuando hay “simplicidad de formulación” de las propuestas.
Para sacarlas adelante, el PP volverá a necesitar el sí de Vox o, al menos, su abstención durante la votación en el pleno. Parece que es un apoyo que está amarrado porque el grupo que lidera Rocío Monasterio siempre se ha mostrado a favor de una fiscalidad baja en la región.
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