La convocatoria ha corrido a cargo de la Xunta pola Defensa de la Llingua, cuyos responsables insisten en que la oficialidad solamente significa reconocer legalmente el derecho que tiene cualquier persona a usar libremente la lengua propia en un territorio. Así, consideran que esa oficialidad supone un avance democrático porque "amplía derechos y libertades ciudadanos".
Consideran que actualmente los hablantes del asturiano y del gallego asturiano no tienen reconocido legalmente su derecho a expresarse en esas lenguas. "¿Por qué tienen menos derechos que los hablantes de lenguas de otras comunidades?", se han preguntado, reivindicando el mismo trato institucional y mismo régimen de protección que tienen las demás lenguas del estado.
La movilización, en la que han participado miles de personas, ha sido apoyada por los sindicatos mayoritarios y por los partidos políticos PSOE -que gobierna en Asturias-, Podemos e IU.
El Estatuto de Autonomía de Asturias, aprobado en 1981, ya contempla la protección del asturiano ('bable') en su artículo 4 y dice que se promoverá su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando las variantes locales. En el año 1998, con Sergio Marqués (PP) como presidente de Asturias, se aprobó la ley de uso y promoción del bable/asturiano, que actualmente regula la protección del idioma.
La actual normativa, sin embargo, no es suficiente para los participantes en la manifestación de este sábado, que exigen que el asturiano y el gallego asturiano sean oficiales y gocen de la misma protección y desarrollo que otros idiomas del país, como el catalán o el gallego. Lo contrario es una discriminación, alegan.
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