El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que el Gobierno presentó el miércoles ha vuelto a poner sobre la mesa las diferencias entre autonomías. De los 13.007 millones de euros de gasto regionalizable (exclusivo para una única comunidad) que recibirá cada comunidad, más de uno de cada tres se los repartirán entre Cataluña y Andalucía, que recibirán 2.230,7 y 2.267,1 millones respectivamente, lo que supone un repunte respecto a las anteriores cuentas públicas del 6,1 y el 5,7% en cada caso. Cataluña, además, recibirá una transferencia adicional de 200 millones de euros que la situará como el territorio con mayor financiación.

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La Comunidad de Madrid, en cambio, recibirá prácticamente la mitad que Cataluña y Andalucía (1.151,5 millones), una asignación que se reduce un 8,4% en comparación con lo recibido de los PGE de 2021 y que no ha sentado bien al ejecutivo madrileño. 

La comunidad a la que más beneficia este sistema de reparto según su población es la Región de Murcia, para la que se han presupuestado 478,6 por habitante, una cifra que cuadruplica a la asignación que recibirá Navarra (116,6 € /hab.) la autonomía más perjudicada. En este apartado Cataluña (286,7 €/hab,) y Andalucía (267,8 €/hab.) ocupan la mitad baja de la tabla mientras que Madrid cae al puesto 16º (Ceuta y Melilla incluidas), con 169,8 euros de gasto por habitante.

Además, si se compara la inversión pública que recibe cada autonomía con lo que aporta al PIB nacional las diferencias vuelven a ser notables. Así, mientras que Madrid se lleva el 8,9% de los ingresos presupuestados aporta un 19,3% al PIB nacional, la mayor brecha en este aspecto de todo el tablero autonómico. Cataluña, que recibe un 17,2% del gasto y aporta un 19% al PIB también recibe una proporción de ingresos menor a su aportación a la producción nacional, mientras que Andalucía, que recibe un 17,4% de los fondos pero aporta el 13,3% al PIB estatal presenta la mayor diferencia a su favor.

376.997 millones de ingresos

El Gobierno prevé recaudar casi 1.000 millones en multas y tasas de tráfico

El hecho de que estos Presupuestos cuenten con un techo de gasto histórico, levemente superior al del pasado año, provoca que el Gobierno haya previsto, a su vez, un récord en la generación de ingresos. Según el proyecto de ley, la partida de ingresos alcanzará el próximo año los 376.997 millones de euros, un 16,4% más que este año.

En cuanto a la recaudación de impuestos, el Ejecutivo prevé que crezca un 8,1%. Es, no obstante, una previsión "prudente", a ojos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, recordó, es un incremento que previsiblemente será inferior al registrado en 2021, que está cifrado en un 10,8%. Eso sí, servirá de contrapunto para el aumento de inversión que incluyen los PGE.

En este sentido, los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) van a llegar hasta los 100.132 millones de euros, una subida del 6,7% que se deberá, según los cálculos del Gobierno, a la creación de empleo y el aumento de los salarios.

Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se va a producir una subida del 9,5% por el repunte del consumo. También crecerá (un 11,8%) la partida que devengará el Impuesto de Sociedades, que se prevé que alcance los 24.477 millones de euros por la mejora de los beneficios empresariales. De igual forma, se notará el impacto del establecimiento del tipo mínimo del 15% que entrará en vigor el próximo año, aunque su impacto mayoritario se observará en 2023. Sobre esta medida, Montero destacó que se establece para empresas con una facturación superior a los 20 millones de euros o que estén constituidas en grupos consolidados.

Sin embargo, pese a que se prevé aumentar la recaudación tributaria, las arcas públicas dejarán de recibir 41.939 millones de euros debido a los beneficios fiscales, prácticamente la mitad de ellos en correspondientes al IVA.

En este sentido, también se incluye en los Presupuestos de 2022 la reducción a menos de la mitad, del actual 85% al 40%, la deducción fiscal a la que pueden acogerse los grandes arrendadores en el impuesto de sociedades. En la actualidad, las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas disfrutan de un régimen especial a la hora de pagar el impuesto sobre sociedades, que grava los beneficios que obtienen por esta actividad. Siempre que sean personas jurídicas y que tengan ocho o más viviendas en alquiler, estas empresas podían beneficiarse de una bonificación que asciende al 85% de lo que tendrían que pagar por la renta obtenida por esos arrendamientos. Ahora será el 40%.

'Pinchazo' en la recaudación de la tasa digital y la subasta del 5G

El ‘pinchazo’ entre lo que se preveía recaudar con el tipo mínimo de Sociedades y lo que se recaudará se produce también en la tasa digital y la subasta del 5G. Según las cuentas de 2021, este año se preveía liquidar 968 millones para el impuesto sobre determinados servicios digitales y 850 millones para el impuesto de transacciones financieras. Sin embargo, la conocida tasa Google -que grava a las multinacionales con un 3 % de los ingresos obtenidos de los servicios de publicidad dirigida en línea- recaudó 225 millones y el impuesto sobre transacciones financieras -que grava con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros- 372 millones. Este desvío se ha debido, según Montero, a los cambios introducidos en la tramitación parlamentaria.

Respecto a la subasta de la red 5G, el Ejecutivo prevé ingresar este año más de 1.000 millones de euros. Esto es la mitad de lo previsto, ya que cuando presentó los Presupuestos para 2021 estimó que recaudaría 2.071 millones. La cuantía a recaudar en 2022 se reducirá aún más, hasta los 127 millones, un 87 % menos de lo previsto. El Gobierno lo achaca a “diversos motivos” en el proceso de las subastas.

El 69% de los fondos europeos en dos años

En el apartado de ingresos también destaca el gran porcentaje de fondos europeos para paliar la crisis del coronavirus que el Ejecutivo prevé recibir: el 69% en dos años. A lo largo de este año, España ha recibido ya más de 19.000 millones que se sumarán a otros 18.000 previstos para el próximo año. En total, serán más de 37.000 millones de euros en los cursos 2021 y 2022, que suponen cerca del 69% de los incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El presidente del Gobierno ya anunció hace un año que preveía invertir 72.000 millones de los fondos europeos entre 2021 y 2023.

45 millones más de gasto

En el capítulo de gastos, los Presupuestos de 2022 cuentan con un límite de gasto no financiero de 196.142 millones de euros, 45 millones más que la cifra registrada el año previo. En el reparto por carteras será de nuevo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la que acapare la mayor parte del gasto. En concreto recibirá 33.718 millones, un 16,1% más que en los Presupuestos de 2021. Después de Inclusión, los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (13.330 millones) y Defensa (10.152 millones) son los departamentos que cuentan con mayor presupuesto.

37 de cada 100 euros se van a pagar las pensiones

Una vez más, el pago de las pensiones será la partida que se coma más parte de los ingresos. Para el año próximo el Gobierno destinará 171.165 millones de euros a esta partida (37,3 euros de cada 100 presupuestados en total), lo que supone un 4,8% más que en 2021. Para hacer frente a este desembolso, el Estado transferirá a la Seguridad Social 36.276 millones de euros para gastos impropios en 2022, una cifra récord que implica un incremento del 16,4% respecto a la del año presente. Además, la Seguridad Social recibirá otros 6.982 millones de transferencias en préstamos.

30.175 millones para pagar la deuda pública

Tras el gasto en transferencias a otras administraciones públicas (entre ellas las comunidades autónomas y las corporaciones locales), que se llevará 70.729 millones del presupuesto, la tercera partida que más restará a las arcas públicas será la amortización de la deuda pública. En total el Ejecutivo ha presupuestado 30.175 millones en amortización y gastos financieros de la deuda pública, una cuantía que disminuye el 4,7% respecto al año en curso.

Complemento de 100 euros por hijo en el IMV

El proyecto presupuestario también incluye una de las reivindicaciones de Unidas Podemos: las familias que reciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y también las que tengan "bajos ingresos" -aún sin definir- cobrarán un complemento de 100 euros por cada hijo. "Un acuerdo que sigue mejorando el IMV y que nos acerca un poco más a la prestación universal por crianza", señaló Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y líder de Podemos.

2.200 millones para becas y ayudas en Educación

Para sufragar los gastos en Educación el Gobierno ha reservado 5.605 millones de las cuentas públicas de los que una buena parte (2.199 millones) se consagrarán a becas y ayudas estudiantiles, 109 millones más que en 2021. Además, el Ejecutivo destinará dos millones de euros para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado y letrado de la administración de justicia, una partida que gestionará el Ministerio de Justicia.

El gasto sanitario cae

En el ámbito de la Sanidad, los Presupuestos consagran 6.586,9 millones en gasto sanitario, de los cuales 2.828 millones irán destinados al Ministerio de Sanidad una asignación que baja un 17,3% respecto a 2021. Dentro de este apartado se destinarán 1.172 millones de euros para comprar vacunas contra la Covid (un 51,9% menos que en 2021). Además, los Presupuestos recogen 44 millones de euros en transferencias a las autonomías para ampliar los servicios de salud bucodental y apenas deja 16 millones para un Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19.

3.843 millones en Ciencia y otros 4.200 para combatir la despoblación

El Gobierno destinará además al Ministerio de Ciencia 3.843 millones de euros, un 18,9% más que en 2021. De ellos, 1.358 millones irán para la Agencia Estatal de Investigación y otros 1.122 millones para el CSIC. Las cuentas públicas reservarán también 4.200 millones a políticas para combatir la despoblación y afrontar el reto demográfico.

El 4 de noviembre, la primera prueba de fuego

Tras comenzar este miércoles su tramitación, los PGE para 2022 vivirán su primera fuego el próximo 4 de noviembre, cuando el Congreso vote las enmiendas a la totalidad que pretendan tumbar el proyecto. Tras la presentación, que ha corrido a cargo de Montero, la Mesa del Congreso ha admitido tramitar el proyecto de ley presupuestario y la Junta de Portavoces ha aprobado esta tarde el calendario de tramitación que prevé que la votación del dictamen de los presupuestos en el Pleno del Congreso sea la semana del 22 al 25 de noviembre. A partir de esa fecha la tramitación del proyecto de ley seguirá en el Senado, donde deberían recibir la luz verde definitiva, con vistas a que entren en vigor el próximo 1 de enero.