El caso Ghali, en el que se investiga la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a España el pasado 18 de abril, no se cierra. Así lo ha decidido el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que ha rechazado la petición de sobreseimiento de la Abogacía del Estado. Entiende el juez que procedería al archivo si 'el hecho' material [la entrada de Ghali] fuera inexistente". Además, advierte de que el Gobierno vulneró el Código Schengen, que marca las normas sobre el cruce de personas por las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) y la ausencia de controles fronterizos en las fronteras interiores, y también que el permiso de residencia del líder del Polisario se hizo cuando ya llevaba cinco días ingresado en el Hospital de Logroño, donde fue a recuperarse de la infección por coronavirus.

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La Abogacía del Estado, encargada de la defensa de la imputada ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, solicitó el sobreseimiento de la causa el pasado 17 de septiembre al entender que la entrada secreta del líder del Polisario no conllevó la comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento. La Fiscalía y la acusación particular ya rechazaron su petición, pero ahora es el juez quien lo sentencia. En un auto al que ha tenido acceso 20Minutos, Lasala afea a la Abogacía que pretenda un “sobreseimiento interesado”. Esto solo podría ocurrir, dice, “en caso de que ‘el hecho’ material fuera inexistente, algo que no es así, pues hasta la parte solicitante reconoce que ha existido”.

El magistrado también tacha de “muy parcial” la invocación que hace la defensa de Laya de varios artículos del Código de fronteras Schengen, según el cual se permite que los Estados miembros puedan eximir de la obligación de cruzar las fronteras exteriores. A juicio de Lasala, los preceptos que se señalan “no se han cumplido”, pues recuerda que ese documento dice que no debe haber “conflicto de intereses de orden público o seguridad interior” cuando se produzcan dichas entradas.

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La Abogacía también se escuda en que otro precepto de Schengen marca que se puede adoptar para un viajero cuando sea por “motivos humanitarios” -la principal justificación con la que el Ejecutivo defendió la entrada de Ghali, que supuso un conflicto diplomático de alta intensidad con Marruecos-. No obstante, el juez señala que la defensa “obvia” que ese artículo también marca que cuando un “nacional de un tercer país” esté inscrito como “no admisible” se deberá informar al resto de Estados que forman Schengen. “No solo no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer”, señala el auto.

Además, Lasala rechaza que la entrada de Ghali estuviese avalada por el Acuerdo bilateral entre España y Argelia, que permite la entrada a titulares de pasaporte diplomático sin visado. “No implica sin control. Lo que aquí se enjuicia es si se mostró [el pasaporte] y se controló”, continúa el juez.

Con todo, el magistrado recuerda que la causa también investiga si la entrada de Ghali sin pasaporte “podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales”. Cabe recordar que, cuando llegó, Ghali estaba investigado por la Audiencia Nacional por genocidio, aunque finalmente el juez Santiago Pedraz concluyó la causa sin imputarle al no haber indicios. “Tampoco ayuda la omisión del control de pasaportes al dejar abierta la puerta a la hipótesis de que pudiera entrar con una documentación falsa o que pudiera causar problemas”, asegura Lasala.

En este sentido, hace referencias a informaciones policiales que marcan que el nombra del permiso de residencia de Ghali es diferente al de su DNI. Así, “se reducen al mínimo” las probabilidades de que esta variación de identidad sean una “casualidad”. Añade, por último, que la tarjeta de residencia con la que entró Ghali el 18 de abril, que era de su hijo, fue expedida el 23 de ese mes, cinco días después de pisar territorio español.