A su llegada a las 9.00 horas del domingo al aeropuerto de Alguer (localidad de la isla de Cerdeña, en Italia), los carabinieri no estaban esperando al expresident catalán huido a Bélgica Carles Puigdemont para detenerlo, como sí sucedió el pasado 23 de septiembre en ese mismo aeródromo por la ejecución de una euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Puigdemont aterrizaba procedente de su residencia de Waterloo (Bélgica) e iba escoltado por su abogado, Gonzalo Boye, y por los exconsellers catalanes y también eurodiputados y huidos de la justicia española Clara Ponsatí (que llegó el pasado sábado) y Toni Comín.

Toda esta comitiva le arropaba de cara a su comparecencia de hoy ante el Tribunal de Apelación de Sassari en la primera audiencia sobre su extradición a España en virtud de la orden europea de detención y entrega.

Tanto Boye como el letrado italiano de Puigdemont, Agostinangelo Marras, aseguraron horas antes de la vista que lo que hoy se dirime en sede judicial es si se prosigue con el proceso de extradición. Otras medidas tendrán que esperar, ya que el Tribunal de Apelación de Sassari dispone de 60 días para tomar una decisión, más cinco días para que pueda presentarse un recurso.

 Posteriormente, el Supremo español debería dictar un veredicto en 10 días. La euroorden lleva, en este caso, un procedimiento diferente a las órdenes de extradición entre países, y no ha de ir precedida de autorización ministerial.

Puigdemont hará una rueda de prensa a las 18.30 horas en Alguer, la ciudad a la que el día 23 de septiembre acudía a una muestra de folklore sardo-catalán. Llarena ha hecho llegar en las últimas horas a esta corte una petición para acordar su entrega a España argumentando que la cuestión prejudicial (ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE) no suspende la euroorden contra Puigdemont, que considera "activa", y que le despoja de la inmunidad parlamentaria. A instancias del propio Llarena, el Parlamento Europeo se la retiró en marzo. Puigdemont recurrió, pero el Tribunal General de la UE (TGUE) rechazó suspender la decisión de la Eurocámara y, a su vez, le permitió poder pedir medidas cautelares para recuperar la inmunidad en caso de ser detenido.

La semana pasada ya pidió en recurso que le sea devuelta su inmunidad en calidad de de eurodiputado. Boye aseguró ayer que su cliente podría regresar a territorio español si el TJUE le diera la inmunidad y la Abogacía del Estado la avalara, lo que impediría su detención al entrar al país. Puso fecha a un posible posicionamiento de la Abogacía de ahora "a abril, cuando se resuelva el pleito de fondo".