Fumata blanca en la mesa de diálogo social. Gobierno, patronal y sindicatos alcanzaron este lunes a última hora de la tarde un preacuerdo para extender los ERTE derivados de la crisis de la Covid-19 hasta el 28 de febrero, un mes más de lo que en principio se preveía. El pacto, que se llevará al Consejo de Ministros de este martes y sólo está pendiente de la ratificación de la patronal y los sindicatos en sus respectivos órganos, contempla que las nuevas condiciones acordadas entren en vigor a partir del 1 de noviembre, por lo que durante todo octubre se extenderá sin cambios el diseño de los ERTE vigente actualmente.

El acuerdo fue cerrado después de una reunión de última hora que sirvió para desencallar una negociación que se había enquistado en los últimos días, porque quedaban varios flecos por resolver y tras varias ausencias de los representantes del Ministerio de Seguridad Social en las citas de la mesa del diálogo social. A última hora de la noche ya la CEOE anunció su voto a favor de la propuesta.

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Tal y como se había acordado, las empresas que actualmente están inmersas en un ERTE tendrán que volver a solicitar la tramitación del expediente para mantener las ayudas a partir de noviembre. Para dar ese paso, con el que el Ministerio de Trabajo quiere detectar posibles fraudes, las compañías tendrán todo el mes de octubre. Y, en contra de la intención inicial del Gobierno, si la administración no responde a la petición de extender el ERTE en una empresa este se dará por automáticamente prorrogado. Es decir, el silencio equivaldrá a una respuesta positiva para prorrogar el expediente.

Uno de los principales temas que ha mantenido encallada la negociación en los últimos días era la obligatoriedad para las empresas de prestar formación a sus empleados en ERTE para poder beneficiarse de exoneraciones en sus cuotas, y también terminó de desbloquearse este lunes. Finalmente, no será estrictamente obligatorio formar a los trabajadores para percibir las ayudas, aunque sí se otorgarán incentivos para que las compañías lo hagan. 

En concreto, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 40% de exoneración en las cuotas a pagar por sus trabajadores el caso de que no se imparta formación y un 80% en caso contrario. Por su parte, las compañías con diez empleados o menos se ahorrarán la mitad de la cuota de sus trabajadores si no les forman durante el tiempo que estén en ERTE, mientras esta exoneración crece hasta un 80% si apuestan por dar esa formación.

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El acuerdo mantiene el llamado "contador a cero", es decir, la medida por la cual los trabajadores en ERTE no consumen tiempo de su prestación por desempleo mientras se encuentren afectados por el expediente. De hecho, Gobierno, patronal y sindicatos han pactado ampliar un año la vigencia de este instrumento, hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que implica que el tiempo consumido de desempleo desde septiembre del año pasado no computará si el trabajador es despedido, sea cual sea la causa, hasta el 1 de enero de 2023.

Igualmente, se mantiene la medida extraordinaria por la cual los trabajadores en ERTE podrán acceder a la prestación aunque no tengan el tiempo de cotización necesario para ello, y también que la cuantía del paro que perciban será del 70% de su base de cotización durante todo el tiempo en el que se encuentren inactivos. El resto de restricciones extraordinarias de anteriores acuerdos sigue también en vigor: las empresas tendrán prohibido despedir durante los seis meses posteriores a salir de un ERTE bajo pena de tener que devolver las ayudas percibidas, y seguirá prohibido que en las empresas en ERTE se hagan horas extras, se firmen subcontratas y se repartan dividendos.

Trabajo también ha diseñado unas condiciones especiales para los ERTE en las Islas Canarias, especialmente golpeadas por la erupción del volcán en La Palma. Allí, las empresas afectadas estarán completamente exentas de pagar cuotas por sus trabajadores inactivos en el caso de que se hayan visto obligadas a cerrar temporalmente, mientras que tendrán una exoneración del 90% si las actuales condiciones les han obligado a limitar su actividad.