La concesión de nuevas licencias para locales de juego o casas de apuestas en la Comunidad de Madrid está congelada desde febrero de 2020 y la intención del Gobierno es prolongar esta situación hasta mayo de 2022 porque la pandemia ha retrasado los planes de ordenación del sector. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ya tiene sometido al trámite de audiencia un proyecto para alargar la moratoria que dictó el año pasado porque no prevé tener listo el decreto de planificación antes de que esta expire y se quiere evitar una avalancha de peticiones de apertura, como ya sucedió hace casi dos años. 

Veinteañeros en el eje del juego de Madrid: "Esto es una tentación"

La paralización de autorización de nuevas licencias fue anunciada por Isabel Díaz Ayuso el 12 noviembre de 2019 y en los 19 días que siguieron a esta fecha se registraron 121 solicitudes de aperturas de casas de juego y locales de apuestas, según los datos que facilitó el propio Ejecutivo entonces. Los empresarios quisieron aprovechar la suerte de vacío legal que se originó con el avance de los planes del Gobierno, dado que todas las peticiones que estuvieran presentadas antes de la moratoria se tenían que tramitar.

La publicación del decreto por el que se suspendió la concesión de aperturas se produjo a finales de febrero de 2020 y se fijó una extensión máxima de 18 meses, un plazo de tiempo que el Ejecutivo madrileño consideraba más que suficiente para redactar y publicar la normativa de ordenación y planificación del juego. Por aquel entonces, ni en la Puerta del Sol ni en ningún otro ámbito se contaba con el estallido de la pandemia que se produciría apenas dos semanas después y que paralizaría totalmente el país durante más de dos meses. 

La regulación del sector del juego, que creció un 125% en la región entre 2014 y 2019, no se abordó a lo largo de 2020 ni en el primer semestre de 2021. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, previendo que tampoco podría acometer esta tarea en la segunda mitad del año y teniendo en cuenta que la moratoria dictada en 2020 terminaba a finales de agosto, elevó el pasado mes de mayo una consulta a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid preguntando cómo había influido en la moratoria la declaración del primer estado de alarma (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020).

"¿Había que sumar a los 18 meses, los 79 días naturales que duró el plazo de suspensión de los plazos y términos administrativos con motivo del estado de alarma?", se preguntaron en el departamento que dirige Enrique López. La cuestión no era baladí: aplicar esta interrupción suponía que la suspensión finalizaría el 14 de noviembre de 2021 y no el 27 de agosto de 2021.

La Abogacía General estudió la situación y concluyó que el estado de alarma sí influyó sobre los 18 meses de moratoria, que concluirán finalmente el próximo 14 de noviembre. Esto suponía un respiro para los trámites que tiene que realizar la consejería para planificar y ordenar el sector del juego, pero no representaba tiempo suficiente.

Objetivo: evitar una avalancha de petición de licencias

El Gobierno autonómico reconoce que las "circunstancias extraordinarias" derivadas de la pandemia han afectado a la tramitación de la elaboración del decreto de planificación" del juego. También admite que "no es previsible" su publicación antes del 14 de noviembre de 2021.  

Hasta 61 salas de apuestas están a menos de 100 metros de centros educativos en Madrid

De ahí que se trabaje ya en la ampliación de la moratoria hasta el 15 de mayo de 2022, como máximo. El Ejecutivo considera que esta decisión se ajusta a "los principios de necesidad, de eficacia, de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de transparencia y de eficiencia" y esgrime: "La intervención administrativa en materia de juego es más intensa que en otros sectores económicos porque se fundamenta en razones imperiosas de interés general, como son el orden público y la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores".

En la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior creen que "subsisten" las circunstancias y razones por las que se acordó la suspensión hace algo más de un año. "Esto es, evitar acciones especulativas durante el proceso de elaboración del decreto de planificación de los establecimientos de juego, que pudieran frustrar la regulación futura sobre la planificación que finalmente se adopte haciéndola ineficaz", se puede leer en el proyecto de decreto que ha elaborado el departamento, que vuelve a incidir que sus decisiones en este sentido están movidas "en especial" por "la protección de los menores, la adolescencia y demás colectivos especialmente vulnerables al juego".