Los primeros meses de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas que dirige Enrique López han sido particularmente frenéticos: se ha empezado a trabajar en una nueva regulación del juego y también están muy pendientes de la Ciudad de la Justicia, considerado un proyecto clave. 

¿Cuándo prevén tener el decreto de planificación del sector del juego? 

Queremos que en seis meses esté publicado. En Madrid no hay un problema excesivo de licencias, pero sí tenemos que prevenir. Lo que queremos es que haya un crecimiento sostenido. 

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¿El sector se ha quejado? 

Al contrario, ha recibido muy bien la medida porque tiene como objetivo generar seguridad jurídica. Somos un gobierno liberal que apuesta por la libertad de empresa, pero también somos un gobierno preocupado por los problemas de sus ciudadanos y queremos prevenir el más mínimo riesgo de ludopatías. 

¿Cómo se luchará contra la entrada de menores a locales? 

Cuando cambie la ley, si a alguien se le ocurre burlar el control físico de entrada de menores se va a arriesgar a una sanción de hasta 600.000 euros. No saldrá rentable saltarse la ley. Queremos establecer una guerra total a que haya un menor en un centro de juego. 

¿Saben ya qué harán con la Ciudad de la Justicia una vez que se conozca el fallo del Tribunal Supremo? 

El Supremo tiene que decidir si el desistimiento de la Comunidad respecto a una preadjudicación de un concurso de 2015 es válido o no. Si es la primera opción, iniciaremos un proyecto nuevo en Valdebebas aprovechando lo que hay construido. Si lo que se determina es que no es válido, tenemos dos opciones: seguir con el proyecto de 2015 o bien resolver el contrato. Trabajamos en todos los escenarios y estamos preparados para cualquiera de ellos. Lo importante es que en cuanto conozcamos el fallo, vamos a empezar los trabajos para acometer la Ciudad de la Justicia porque Madrid necesita esta infraestructura. 

¿Será este el proyecto estrella de la legislatura en Justicia? 

Sí, pero eso no nos hará olvidar el resto de partidos judiciales. El hecho de que el presupuesto haya pasado de 320 millones en 2015 a casi 500 en 2019 ha permitido que el anterior equipo de la consejería y ahora nosotros podamos acometer el plan 21x21 de concentración y modernización de sedes con construcción de nuevos edificios y rehabilitación de otros. 

¿Hay carencias en policías locales de pequeñas y medianas localidades? 

Muchos agentes que prestan sus servicios en localidades pequeñas y medianas, en cuanto pueden se trasladan a ciudades grandes. Esto hace que estas plantillas estén sometidas a bajas cada poco tiempo. Estamos estudiando posibilidades que permitan la mayor permanencia en estos pueblos. Se podrían estudiar incentivos como los que se han aprobado para Policía Nacional y Guardia Civil. No siendo la óptima, la cobertura de estas plantillas es adecuada. La seguridad se mantiene en toda la Comunidad, también en zonas rurales. 

Ha aprobado ayudas que las benefician a las víctimas del terrorismo. ¿Considera que era un colectivo un olvidado? 

Todo lo que se haga por las víctimas del terrorismo es poco: han pagado un alto precio por la democracia por una sinrazón de bandas terroristas. Merecen nuestro reconocimiento y Madrid ha querido que este se haga económicamente, a través de ayudas que complementan las que ya el Estado había adelantado, y a través de otras que hagan que la memoria de las víctimas permanezca como una huella indeleble en la sociedad. El presupuesto para complementar las ayudas es de 50 millones para los próximos cuatro años. 

¿Qué opina del pacto PSOE-Unidas Podemos? 

Felipe VI arranca este martes su tercera ronda de contactos de investidura del año... y la octava en 5 años de reinado

La peor noticia para España sería un gobierno socialista, comunista con apoyos independentistas. Generará inseguridad, inestabilidad y un grave problema a la concepción de la España constitucional. La solución más viable es un entendimiento entre los partidos constitucionalistas, pero Sánchez ha tomado la dirección contraria:no se ha puesto al teléfono con Pablo Casado y eso es toda una declaración de intenciones. 

¿Cree que podrían prosperar los recursos en el Tribunal Constitucional por los acatamientos en las Cortes? 

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Esos acatamientos, cuando menos, son alegales. Es cierto que el Constitucional dictó en su momento una serie de resoluciones sobre esta cuestión, pero el caso original es el de un diputado gallego que juró por imperativo legal y el TC entendió que esa fórmula era válida porque nuestra Constitución no es militante: no obliga a asumir sus principios, lo que obliga es a que se cumplan. Cuestión diferente son juramentos como "juro por la independencia o por los presos políticos", que son completamente histriónicos y lo que manifiestan es una voluntad de no acatar la Constitución.

Hace unos días se conocieron dos noticias sobre violencia de género. Por un lado, la creación de unidades de valoración forense en la Comunidad y por otro los fondos del Pacto de Estado que se han quedado sin gastar. ¿Está descuidada la lucha contra la violencia de género en Madrid? 

En absoluto. Madrid es una de las comunidades que más, y más eficazmente, está luchando contra la violencia de género. La consejería de Justicia está dedicando más de 16 millones de euros a través del despliegue de los juzgados y de los servicios anexos a ellos (que se suman a los habilitados por otras áreas, como la de Políticas Sociales).

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No es cierto que en Madrid no haya unidades de valoración forense, lo que pasa que aquí las llamamos equipos psicosociales. Es demagógico, es injusto y desde luego es faltar a la verdad decir que en Madrid no hay ese tipo de unidades. Existen: tenemos 71.

... ¿Y sobre los Fondos del Pacto de Estado? 

No haber podido disponer de ellos ha sido fruto de la forma en la que ha dispuesto el envío de fondos el Gobierno de la Nación. Lo ha hecho en el último momento lo que ha impedido realizar expedientes de gasto en tiempo oportuno.

Los fondos de 2018 se han gastado en 2019 y ahora estamos esperando para que el Estado vuelva a permitir que los de 2019 se puedan gastar en 2020 para lo cual ya tenemos una serie de medidas adoptadas. Si en 2020 nos llegan en el momento oportuno, que no haya la menor duda de que se van a gastar porque existen muchas necesidades.

Solo una asesinada nos obliga a seguir trabajando.

¿Está a favor de limitar las declaraciones de las víctimas durante los procedimientos judiciales? 

Hay que evitar al máximo la reiteración de declaraciones que son absolutamente ineficientes.

Sobre la dispensa que tienen las víctimas para no declarar contra su agresores, ¿está a favor de que se elimine? 

Estoy absolutamente de acuerdo en eliminar la dispensa. Aunque no es la piedra filosofal: si una víctima no quiere declarar contra su agresor mantener la acción es muy difícil.

Tenemos que seguir trabajando en que una vez que la víctima ha denunciado, tenga un grado de seguridad permanente que le permita continuar en la actitud de la denuncia. Una renuncia a una denuncia de una víctima es un mal ejemplo para que otras víctimas no denuncien. Nos meteríamos en una espiral negativa que no queremos. Lo que queremos es que las víctimas salgan cuanto antes de las situaciones que las mantienen atadas al agresor.