Barcelona busca nuevas vías para acabar con uno de los problemas de incivismo en la vía pública que más quebraderos de cabeza le está causando al Ayuntamiento y a las fuerzas de seguridad, así como a los vecinos de las zonas afectadas, durante esta pandemia: el de los botellones (prohibidos en la ciudad desde 2005) que derivan en aglomeraciones de personas en áreas como el Born y la playa de la Barceloneta, consumiendo alcohol y bailando al son de la música como alternativa al cierre de las discotecas en Cataluña desde hace prácticamente toda la crisis de la Covid.
Para atajar este problema sanitario y de convivencia, el consistorio convocará el próximo mes de noviembre la primera reunión de la Mesa Ciudadana por una noche cívica y segura. Esta se constituirá con la presencia de los servicios públicos del Ayuntamiento y la Generalitat, representantes de los grupos políticos municipales y de entidades sociales y económicas de Barcelona.
La oposición fuerza al gobierno municipal a mover ficha
La propuesta se ha dado a conocer este miércoles en la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, en la que todos los grupos de la oposición han criticado que los botellones y el incivismo sean "un problema de ciudad", como ha dicho el regidor del PPC, Josep Bou,
Desde Barcelona pel Canvi, la regidora Eva Parera ha criticado que los botellones estén trayendo consigo actos de vandalismo y de venta ilegal de drogas y de alcohol. Desde ERC, Jordi Coronas ha exigido "tolerancia 0" con los participantes en estas fiestas ilegales e imponer "sanciones" cuando sea necesario. También ha pedido que se modifique la normativa para que, a partir de las 22 horas, las tiendas de alimentación ya no puedan vender alcohol.
Una medida que "llega tarde"
Para Jordi Martí (JuntsxCat), esta Mesa Ciudadana llega tarde. "Han reaccionado muy lentamente". "Tienen que hacer cumplir el Código Penal. Esto es jauja", han afirmado desde Ciutadans, que ha pedido medidas para la celebración inminente de las Festes de la Mercè.
En este espacio multisectorial "se definirán actuaciones a medio y largo plazo" para erradicar estos botellones y desterrarlos del paisaje urbano de la capital catalana, ha explicado el consistorio este miércoles en un comunicado. Preocupan todos los barrios: "Ninguno de los 10 distritos está libre de estas situaciones y de las molestias”, ha afirmado este miércoles el comisionado de Seguridad del consistorio, Albert Batlle.
Sobre la Mesa
Las propuestas que surjan de este debate colectivo institucional y ciudadano servirán como base para diseñar planes como el de Actuació per una Nit Cívica i Segura que, coordinado por el Àrea de Prevenció i Seguretat, se elaborará y se presentará en la Mesa Ciudadana. Este tratará de acabar con los botellones desde las perspectivas policial, de gestión y de mantenimiento del espacio público, de gestión de conflictos, de limpieza, de comunicación y de sensibilización, de distritos, de inspecciones, de procesos de mediación, de medidas alternativas a la sanción, de sanciones y de apoyo a actividades de ocio alternativo.
"Ninguno de los 10 distritos está libre de estas situaciones y de las molestias” (Albert Batlle, comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona)
En el Pla d’Estiu que ya puso en marcha el cuerpo de la Guàrdia Urbana, ya se diseñó un dispositivo revisable semana a semana para poder tratar todos estos puntos de actuación, con el fenómeno de los botellones en la calle en su máximo apogeo en playas y plazas públicas.
Este dispositivo se coordinó con los Mossos d'Esquadra y tenía por objetivo central permitir el descanso de los vecinos y hacer cumplir las medidas sanitarias contra la Covid en estas concentraciones multitudinarias. A lo largo de este verano, se han desalojado a 271.000 personas de más de 2.000 espacios de la ciudad. La media de estas reuniones ha sido de entre 50 y 3.000 participantes.
Entre junio y agosto se han presentado un total de 7.612 denuncias por incumplir la ordenanza de convivencia, especialmente por consumo de alcohol (preocupa aún más cuando los consumidores sean menores de edad). Los efectivos de Urbana y Mossos se reforzaron con 400 agentes extra que vigilaron prioritariamente los entornos vecinales y contactaron periódicamente con los vecinos afectados. Un centenar de estas denuncias ya han sido cobradas.
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