La factura de la luz y sus constantes subidas está siendo uno de los temas más candentes en la agenda política en las últimas semanas. Este martes el Consejo de Ministros aprobó una medida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez, para detraer los beneficios de las empresas eléctricas obtenidos por la evolución de los precios del gas en el mercado, de forma que los consumidores paguen menos por el recibo de la luz. Esto coincide además en el tiempo con otro récord en la factura, que se situará este miércoles en 172,78 euros por megavatio hora.
"Vamos a detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y redirigir a los consumidores para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas, topar el recibo del gas, y con esta medida también reducir el recibo de la luz", había explicado ya el jefe del Ejecutivo en una entrevista en TVE.
El pulso está asegurado porque las eléctricas aseguraron que las centrales nucleares españolas se verán obligadas a parar su producción si el Gobierno aprueba el proyecto de ley. Además, en un comunicado, la patronal del sector nuclear lamenta que las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para rebajar la factura eléctrica, pese a ser de aplicación temporal, "ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".
Pero, ¿cuáles son las medidas exactamente y cómo afectan al ciudadano medio? Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, Roy Cobby, investigador de economía digital en el King's College de Londres, y Astrid Portero, investigadora asociada del European Council on Foreign Relations (ECFR) responden a la pregunta para 20minutos.
Menos impuestos...¿una buena medida?
Por lo pronto, el Gobierno ha aprobado una bajada del impuesto especial a la energía eléctrica del 5,1% al 0,5% y prorrogará hasta finales de año la suspensión del impuesto del 7% a la venta de producción de energía eléctrica, así como la reducción del IVA del 21% al 10%, que ya había recibido luz verde. El objetivo del Gobierno es que al final de 2021 el precio esté al nivel del marcado en 2018.
Precisamente por la supresión de impuestos pasan algunas de las propuestas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Son partidarios, entre otras cosas, de acabar con ese impuesto a la generación eléctrica, un tributo que grava al 7% la generación eléctrica y que deben pagar las empresas productoras, aunque estas acaban repercutiéndolo al usuario en su consumo energético.
En este sentido, desde Fedea defienden que la supresión definitiva de este tributo "tendría sin duda un impacto positivo para la factura final del consumidor eléctrico". Además, consideran que en un contexto en el que los ingresos por derechos de emisión de CO2 van a permanecer elevados estamos ante "el momento adecuado" para plantear su retirada definitiva.
Además, el Ejecutivo ha aprobado por decreto el suministro mínimo vital, que establece que los consumidores vulnerables disfrutarán de una potencia de 3,5kW durante seis meses una vez agotados los cuatro meses durante los que actualmente están protegidos en caso de impago. Esto provoca que la prohibición de cortar la luz se extienda hasta los 10 meses.
¿Cuánto ahorro van a suponer estas medidas?
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el "plan de choque" aprobado por el Gobierno de coalición supondrá una rebaja de la factura del 22%, y que si se suman las medidas ya adoptadas hasta ahora -como la reducción del IVA, que se aprobó hace meses-, la bajada del recibo de la luz alcanzará el 30%. Aunque otros expertos creen que ese ahorro se quedará en un 15%. Además, las medidas obligarán a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.
Para Pampillón el Gobierno lo que hace es "recoger" los beneficios de las centrales que no emiten CO2 y de esa forma "compensa". El catedrático considera que Sánchez lo que busca es hacer "una política social", pero reconoce que el problema de la subida de la factura de la luz viene de atrás y el Gobierno ahora tiene la esperanza de que las medidas "sirvan".
Cobby, por su parte, cree que la tendencia general "es que de momento la factura siga subiendo" y que ahora la duda está en si realmente las medidas tomadas "se van a ver en la factura final". Sobre el porcentaje del 30% de ahorro que maneja el Gobierno, el investigador considera que "sumando todos los componentes" podría alcanzarse "en algún caso concreto", pero solo en situaciones por ejemplo de alguien en "situación de vulnerabilidad".
¿Son suficientes?
A priori no. Así lo considera Astrid Portero. "Es algo que va a paliar un poco los efectos en España, pero no es la panacea", comenta. Sí reconoce la experta que las medidas son "muchas" y "valientes", pero se quedan cortas. "No digo que un abaratamiento del 15% esté mal, pero no es suficiente porque parte de esas medidas que se van a tomar no se pueden sostener por demasiado tiempo", añade Portero, que además tiene en cuenta que el mercado energético español es "muy enrevesado".
"A corto plazo hay que tener en cuenta que el funcionamiento del mercado viene marcado por la UE", recuerda Cobby, y en ese sentido las medidas pueden ser suficientes, aunque se puede añadir alguna más como es "aumentar la bonificación de la factura", algo que ya se ha propuesto Italia. Pero para el experto resulta tan importante como atajar el problema ya pensar en el medio y en el largo plazo.
¿Y a medio plazo?
Rafael Pampillón deja claro que la subida de la factura es algo que no hay que ver de forma aislada, porque también se ha disparado el precio del gas o del petróleo. El economista avisa además de que España seguirá teniendo "una electricidad cara" porque "ha decidido descarbonizar antes" y esa transición ecológica, con los nuevos impuestos que supone, hace que "suban los precios".
Coincide en eso Portero, quien dice que "la factura va a seguir subiendo" a medio plazo. "Y eso es una conversación que habrá que plantear tarde o temprano para el consumidor, especialmente a medida que las emisiones de CO2 sean más y más caras, que es hacia nos dirigimos en la UE como parte del Pacto Verde Europeo y el Fit for 55", comenta. Y lanza un aviso de cara al futuro: "Si las energéticas no se ponen las pilas y hacen una transición más o menos rápida (que nada indica que vaya a ser así) yo me imagino que habrá un momento en que este peso recaiga sobre el consumidor en la factura final".
La solución, termina la investigadora, pasa por abordar el tema a nivel de la UE. "Lo ideal sería que esta conversación se abordara a nivel comunitario porque aunque los mercados de energía son distintos entre los países miembros, el problema a la larga va a ser más o menos el mismo", concluye.
En ese sentido, Roy Cobby apunta que el Gobierno español, como otros socios europeos, debería "promover una transformación del mercado" y ya más a largo plazo poner la mirada "en toda la cadena", con el Ejecutivo siendo "más imaginativo a la hora de intervenir". Eso no quiere decir, aclara, "que la respuesta automática tenga que ser la creación de una empresa pública o la nacionalización" pero sí se puede "intervenir para encabezar proyectos concretos" o incluso apostar por un modelo "más cercano al alemán", con más opciones como pueden ser las cooperativas de consumidores u otras posibilidades "más a nivel local".
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