El precio de la luz en el mercado mayorista permanecerá alto al menos hasta 2023, pero una serie de reformas como la supresión de la tasa del 7% a la generación eléctrica, la del impuesto eléctrico del 5% o intervenir sobre otros costes regulados de la factura podrían amortiguar el impacto que finalmente recae sobre el consumidor, según Fedea.

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Así se desprende de un estudio titulado Sobre los costes, los precios y el mercado de la electricidad hecho público este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un laboratorio de ideas impulsado por las principales empresas cotizadas en la bolsa española. El documento, firmado por Diego Rodríguez, doctor en Economía y director de investigación del organismo, da un exhaustivo repaso a las causas de la escalada del precio de la luz, propone una serie de medidas para paliar el impacto sobre el consumidor y valora la viabilidad de varias propuestas presentadas por el Gobierno.

En consonancia con la opinión general, el documento achaca el ascenso en el precio de la luz al alza en los costes de los derechos de emisión de CO2 -una tasa que las generadoras de energías contaminantes deben pagar por cada tonelada de esta sustancia que emiten a la atmósfera- y al elevado precio del gas, que se prevé que permanezca en niveles "muy altos" al menos hasta la primavera próxima. No se espera que la presión sobre el mercado mayorista eléctrico afloje al menos hasta 2023, cuando se espera una caída notable. 

Suprimir impuestos

Dos de las propuestas más llamativas que presenta Fedea se desarrollan en el terreno fiscal. La primera es acabar con el impuesto a la generación eléctrica, un tributo que grava al 7% la generación eléctrica y que deben pagar las empresas productoras, aunque estas acaban repercutiéndolo al usuario en su consumo energético. En este sentido, desde Fedea defienden que la supresión definitiva de este tributo, que se encuentra suspendido temporalmente desde el pasado junio, "tendría sin duda un impacto positivo para la factura final del consumidor eléctrico". Además, consideran que en un contexto en el que los ingresos por derechos de emisión de CO2 van a permanecer elevados estamos ante "el momento adecuado" para plantear su retirada definitiva. 

Otro de los tributos que el documento pretende suprimir, o en todo caso "reducir a la décima parte" es el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1%. A diferencia del impuesto a la generación, esta tasa la paga íntegramente el consumidor en su factura. Desde Fedea argumentan que esta tasa se introdujo hace 24 años para compensar la supresión de las ayudas a la minería del carbón y dado que las últimas minas españolas cerraron en 2018 no existen razones para mantenerlo. Sin embargo, suprimir este tributo implicaría compensar a los gobiernos autonómicos por un importe que rondaría los 1.400 millones de euros anuales y provocaría una "asimetría fiscal" respecto a otros productos energéticos como los hidrocarburos, que también están gravados como una tasa especial.

Esta "asimetría fiscal" energética es una de las razones por las que el estudio critica la bajada del IVA eléctrico del 21 al 10%, una medida que considera que no debería ser "coyuntural" ni "temporal". Aunque el texto no entra a valorar los efectos de la reducción per se, que considera "justificable desde el punto de vista político", destaca que "distorsiona la elección entre vectores energéticos, alejándose de la deseable neutralidad impositiva". Explicado con otras palabras, reducir el IVA de la factura de la luz pero no hacerlo, por ejemplo, con la del gas u otros consumos energéticos puede desincentivar la entrada de las renovables en esos sectores, que también tienen que 'descarbonizarse'.

Primas excesivas a las renovables

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Otra de las vías para abaratar precios, que en este caso afecta al apartado de los costes regulados de la factura, sería acelerar el ajuste a la baja de las primas a las renovables. Esta es una cuestión algo compleja que se remonta años atrás en el tiempo. 

En 2007, el gobierno presidido por José Luis Rodríguez-Zapatero introdujo un sistema de primas a la generación de las renovables para incentivar la entrada en el mercado de productores de energías limpias. El sistema sufragaba una parte de los costes a las renovables para que pudieran competir en igualdad de condiciones con otras fuentes más baratas, pero más contaminantes en aquel momento. En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó la posibilidad de acogerse a este sistema a nuevas empresas, pero todavía hoy se siguen pagando compensaciones a las firmas que accedieron entre 2008 y 2013.

Esas primas están condicionadas a los precios de la energía en el mercado mayorista previstos para cada año y repercuten sobre el consumidor en el apartado de costes regulados de la factura. Sin embargo, como los precios de la electricidad en 2021 y 2022 estarán previsiblemente muy por encima de lo proyectado, las empresas acogidas a este sistema deberán devolver en 2023 el exceso de retribución. 

El estudio estima que "la cuantía a detraer puede ser muy importante, ascendiendo a muchos cientos de millones de euros", por lo que plantea la posibilidad de modificar la ley para "acelerar el ajuste y adelantar en el tiempo la reducción de los costes regulados".

Otro factor importante en la reducción de los cargos de la factura, aunque a medio plazo, es la reducción de la deuda del sector eléctrico. Según recoge el documento, los 2.400 millones de euros que se pagan en deuda e intereses anualmente pasarán a cero a partir de 2028 y se reducirán a una cuarta parte en 2026, lo que facilitará una bajada importante en el apartado de costes regulados de la factura para el consumidor. 

Además, desde Fedea también proponen que se dejen de pagar a través de la factura de la luz los costes extra de generación de electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y aconsejan que se sufraguen por completo vía Presupuestos Generales del Estado.

El papel clave del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

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Otra de las claves para saber si el golpe al bolsillo del consumidor se atenuará va a estar en el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (Fnsse), cuyo proyecto de ley superó este lunes el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, aunque aún le queda por delante una larga tramitación parlamentaria. Los ingresos de este fondo estarán destinados a abaratar la factura de la luz, especialmente para los consumidores más vulnerables. 

El fondo obtendría el dinero por tres vías. La primera serían ingresos fiscales -entre los que se incluye el impuesto del 7% a la generación eléctrica-; después recibiría un 90% de lo que se recaudara por derechos de emisión de CO2 y finalmente bebería de una serie de aportaciones obligatorias de las empresas comercializadoras y operadores mayoristas del sistema energético.

Desde Fedea consideran que este fondo es "el elemento fundamental para esperar una reducción" en el apartado de los cargos de la factura", una bajada que estará condicionada a "cómo se materialice finalmente". Además, insisten en que su finalidad no debería ser la sostenibilidad financiera del sistema sino "sufragar solidariamente" los costes extra asociados a la transición ecológica.

Finalmente, el estudio también se muestra partidario de corregir los llamados 'beneficios caídos del cielo' -la sobrerretribución que reciben principalmente las nucleares e hidroeléctricas por el coste de emisión de un CO2 que ellas no emiten-, una propuesta aprobada por el Consejo de Ministros en agosto y a la que también le quedan meses de tramitación en las Cortes. Eso sí, matizan, siempre y cuando el mecanismo que se adopte "no quiebre la eficiencia en el funcionamiento del mercado" y sea compatible con la legislación europea.