En un encuentro digital, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, han presentado el anteproyecto, que permanecerá en fase de audiencia pública hasta el próximo 15 de septiembre, a 110 representantes de municipios, empresas y colectivos docentes y profesionales.

En este contexto, la titular de Infraestruturas ha defendido la necesidad de contar con un nuevo modelo de gestión con el objetivo de garantizar la calidad y la eficacia en el saneamiento y la depuración.

Así, ha recordado que se podrán establecer tarifas igualitarias en todo el territorio y que los municipios podrán encomendar a la Xunta el funcionamiento de sus depuradoras y la gestión de sistemas de abastecimiento. De este modo, ha asegurado que los ayuntamientos podrán garantizar servicios eficaces y profesionales a sus vecinos.

En esta línea, Ethel Vázquez ha señalado que el reglamento busca la corresponsabilidad, con la implicación de los municipios, que ostentan las competencias, y las diputaciones, que asumirán la responsabilidad de apoyar a los ayuntamientos de menor tamaño.

Asimismo, ha destacado la colaboración de la Xunta con los municipios en este ámbito y ha puesto el foco en las dificultades técnicas y económicas de los mismos para cumplir de modo eficaz sus responsabilidades en la gestión del agua.

CRÍTICAS DE LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Por su parte, la Diputación de Pontevedra ha anunciado que presentará alegaciones contra el anteproyecto del ciclo integral del agua y ha advertido de que, si la Xunta "sigue adelante", acudirá a los tribunales.

Durante el encuentro digital celebrado este miércoles, el diputado provincial Carlos López Font ha tachado de "intolerable" el "intento de la Xunta de imponer un modelo injusto y unilateral", que representa "un ataque directo al mundo local, a su autonomía y que supondrá cargas para los municipios y un enorme incremento en el recibo del agua de la ciudadanía".

En este sentido, López Font ha reprobado que "se pretenda imponer a las diputaciones que aporten un tercio del coste de las inversiones" para financiar actuaciones que "no son competencia de las administraciones locales". No obstante, ha recalcado que las instituciones provinciales "no tendrían capacidad para gestionarlas sin intromisión e imposición de otras administraciones".

Adicionalmente, ha criticado que el instrumento de financiación anunciado es el de convenio, que "sería impuesto unilateralmente por la Xunta".