El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha insistido este lunes en la necesidad de que se acometa la renovación del órgano de gobierno de los jueces "en las próximas semanas". En la actualidad, el Consejo se encuentra en una "situación anormal" tras haber caducado su mandato en diciembre de 2018, hace más de mil días, y con los puentes entre el PSOE y el PP rotos, sin vistas a retomar la negociación para volver a nombrar, a través de una mayoría cualificada del Congreso y el Senado, a los nuevos 20 vocales. Eso sí, a propósito del acto de hoy, el Gobierno ha abierto la puerta por primera vez a "debatir" la propuesta del PP de cambiar el método de elección de los magistrados siempre que esta vez se renueve siguiendo la ley actual.
En el acto de apertura del año judicial, que ha presidido el rey Felipe VI, Lesmes ha afirmado que la Constitución marca que el mandato del CGPJ sea de cinco años, un plazo que "no puede ser considerado como meramente orientativo". Ha apelado directamente a los partidos allí representados a cumplir la Carta Magna, tildando de "insostenible este incumplimiento de la legalidad". El de hoy es el octavo discurso del estilo que ha pronunciado Lesmes para abrir el año judicial, el tercero con su mandato caducado. De ahí la dureza y la insistencia que ya desde el CGPJ se venía avisando que desplegaría.
Es más, las palabras de Lesmes relativas a la renovación del CGPJ no son nuevas. Como él mismo ha recordado, ya en su discurso en 2018, el último que debía pronunciar, ya aludió a las Cortes para "cumplir su deber constitucional". En 2019 volvió a hacerlo, pues a su juicio los nueve meses en funciones que habían pasado cuando abrió el año judicial ya era una "grave anomalía". Eso sí, nunca antes había apremiado a los grupos a llegar a un acuerdo "en semanas", como ha hecho este lunes en la sede del Tribunal Supremo.
El presidente del CGPJ ha criticado igualmente la reforma con la que el Gobierno quiso presionar al PP para negociar, aunque los populares, primero por el papel de Podemos y, luego, por la forma de elección, terminaron rechazándolo en todo momento. En marzo entró en vigor una cambio legislativo llevado a cabo por PSOE y Unidas Podemos con el que limitaba las funciones del CGPJ cuando estuviese en funciones, impidiéndole a hacer nombramientos. En opinión de Lesmes, esta reforma "ha venido a agravar la situación" y en su proceso de aprobación el Ejecutivo "desatendió a todas las peticiones" hechas por el CGPJ: emitir su opinión y que se hiciera lo propio con la de la Comisión de Venecia.
Lesmes ha dicho que al "no poder efectuar nombramientos de cargos del Supremo", el CGPJ se encuentra "en una muy difícil solución" ya que, por ejemplo, en el Alto Tribunal en la actualidad hay 11 vacantes que no pueden ser cubiertas en una plantilla de 79 magistrados. Según los cálculos del órgano de gobierno de los jueces, de aquí a final de año se quedarán 46 puestos vacíos. Así al menos lo avisaron cuando entró en vigor la ley, de la que denunciaron que provocaba su "atrofia" y estudiaron emprender acciones legales, aunque en última instancia dieron marcha atrás.
No obstante, Lesmes ha insistido este lunes en que la crisis del Covid demanda de "todos los órganos jurisdiccionales una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos". Así, aunque la litigiosidad descendió casi un 13% el año pasado a causa de la pandemia, siguen ingresándose 116 asuntos por cada mil habitantes, "una de las tasas más altas de Europa".
Sobre los indultos: "La Justicia no es un obstáculo para la paz"
Frente a diferentes autoridades, como la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Senado, Ander Gil; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; o el portavoz nacional del PP y su presidente, José Luis Martínez-Almeida y Pablo Casado; Lesmes también ha criticado veladamente al Ejecutivo por la manera en la que el presidente Pedro Sánchez justificó públicamente los indultos. No le gustó al presidente del CGPJ que el mandatario razonara la medida de gracia para los condenados por el 'procés' bajo el argumento de la concordia.
"Se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley fuese un obstáculo para la convivencia", ha lanzado Lesmes. Así, ha querido destacar que la Justicia "no es, ni ha sido nunca" un obstáculo para la paz: "La función de la Justicia no se corresponde con la idea de revancha". Con estas palabras ha hecho mención explícita a palabras de Sánchez.
“La venganza no es un valor constitucional”, dijo el presidente del Gobierno en una visita a Bruselas en mayo. Fue así cómo Sánchez comenzó a trabajar el terreno para conceder la medida de gracia a los 13 encarcelados por el 'procés', cuya tramitación comenzó en septiembre de de 2020, tal y como lo anunció el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso de los Diputados. En los meses que separan ambos momentos, llegaron los informes preceptivos, pero no vinculantes, de las administraciones pertinentes.
Mientras que la Abogacía del Estado se abstuvo de opinar sobre la medida de gracia para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se opusieron a la misma.
En su informe sobre la medida de gracia, el Supremo rechazó con dureza concederlos. No había, dijeron los magistrados, razones de equidad ni utilidad pública y tras analizar la situación determina que las actitudes de los encarcelados están "en las antípodas" de las que cabría esperar "de quien aspira a ser indultado". El Ministerio Fiscal, por su parte, destacó que había que tener en cuenta "la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas".
Delgado pide no politizar la Justicia
Las críticas de Lesmes han llegado precedidas del discurso de Dolores Delgado, exministra de Justicia y actual Fiscal General del Estado (FGE), que ha pedido no convertir la Justicia "en un campo de batalla" porque debe estar "al servicio de la sociedad". En su intervención, ha recordado la "obligación" del Ministerio Fiscal que dirige "de usar todos los mecanismos para asegurar que la acción de la Justicia se desarrolla en los márgenes que prevé el ordenamiento constitucional".
Delgado ha presentado también la memoria anual de la Fiscalía del año 2020, poniendo el énfasis en la violencia vicaria ejercida hacia las mujeres "con un repunte de 33 asesinatos este año" y en su cometido contra la discriminación. Además, ha hecho una mención expresa a la situación de las mujeres en Afganistán, país que hace tres semanas fue reconquistado por los talibán, imponiendo reglas que menoscaban la integridad y la independencia de ellas.
El Gobierno se abre a debatir la propuesta del PP
Tras el acto de apertura del año judicial y pese a los llamamientos de Lesmes, las posturas entre el PSOE y el PP han sufrido una variación. Al menos, en lo que a los socialistas se refiere. Y es que el partido mayoritario del Ejecutivo ha abierto la puerta a aceptar la principal reclamación del PP: el cambio de elección de los vocales para que sean elegidos, al menos una mayor parte, por los propios jueces.
Eso sí, las tres ministras que han dejado caer esa idea (la portavoz, Isabel Rodríguez; la de Justicia, Pilar Llop; y la de Defensa, Margarita Robles) la han condicionado a que los populares pacten la renovación del CGPJ para los próximos cinco años. Esto es una novedad, pues el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, descartó este modo de elección la semana pasada: "Los jueces no eligen a los jueces", dijo.
La portavoz, sin embargo, ha insistido en que están abiertos a negociar, aunque ha señalado que prefiere el sistema actual, en el que el Congreso y el Senado dictan los nombres que formarán parte del CGPJ con una mayoría reforzada de 3/5. Robles, por su parte, ha definido la propuesta del PP como "totalmente respetable".
Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, en cambio, ha sido más dura al acusar al PP de "violar durante décadas todas las leyes que ha podido", acusándole de secuestrar "día tras día y mes tras mes" la Constitución Española, y ha descartado reformar el sistema de elección remitiéndose a las palabras de Bolaños. Podemos, por su parte, ha cargado contra el propio Lesmes, a quien en la previa del acto había sugerido dimitir para presionar al PP. Si bien Pablo Fernández, portavoz de la formación, también ha acusado a los populares de tener "secuestrado" el órgano de gobierno de los jueces, ha afeado a los miembros del CGPJ que sigan "aferrados a sus cargos tras más de mil días [en funciones] en lugar de dimitir".
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