Así lo ha indicado a Europa Press la vicepresidenta cuarta y diputada responsable del Área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio, Natacha Rivas, quien ha recordado que en la provincia malagueña hay 45 municipios con mayor riesgo de pérdida de habitantes.

La institución provincial ha ido poniendo en marcha un conjunto de actuaciones incluidas en su estrategia global contra la despoblación, que también pretende reducir la brecha digital en sectores como los mayores, las mujeres y la población en general del ámbito rural.

La exclusión financiera afecta a muchos municipios de la provincia, especialmente los más pequeños, como los de la Serranía de Ronda o la Axarquía. Esta ausencia de oficinas bancarias y de cajeros automáticos, no obstante, es un problema de ámbito nacional por lo que desde la Diputación piden al Gobierno de España que articule medidas para evitarla y, por tanto, contribuir así a que la población se fije en el territorio.

"El asunto es especialmente grave porque afecta de lleno, por ejemplo, a nuestros mayores. Son municipios pequeños y cuya población está sensiblemente envejecida, lo cual supone una seria dificultad en caso de necesitar desplazarse a otro pueblo vecino", ha señalado.

El último informe del Banco de España sobre la infraestructura del efectivo y la vulnerabilidad en el acceso al mismo, de fecha 31 de marzo (con datos a finales de 2020), consultado por Europa Press, revela que en el país la reducción del número de puntos de acceso a dinero en efectivo, desde el año 2008, ha sido muy notable.

Así, el número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50 por ciento, mientras que el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20 por ciento; una reducción, no obstante, desigual entre las provincias del país.

A finales de 2020, el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos de todo tipo en España se situaba en 22.299 y en 49.481, respectivamente. Esto supone 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español.

En el caso de Málaga, según el informe consultado, había el pasado año 1,6 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes; siendo el grado de concentración de 0,4.

En concreto, en la provincia existen 2.654 puntos de acceso al efectivo, siendo la población sin estos puntos de 14.962 personas, el 0,9 por ciento del total. Existen, según refleja el Banco de España en este informe, 21 localidades sin puntos de acceso a dinero en efectivo y 82 que sí tienen a esa fecha, dato que se ha incrementado en este año a 24 municipios a tenor de los datos de la Diputación malagueña.

Según el Banco de España, la reducción de las oficinas y de los cajeros automáticos de las entidades de crédito se está viendo parcialmente compensada por un incremento de las alternativas paraacceder al efectivo por otros canales. En algunas zonas rurales existen desde hace años soluciones como las oficinas móviles o agentes financieros que se desplazan a diferentes municipios para facilitar el acceso a los servicios bancarios. Además de estas soluciones, algunas entidades financieras están impulsando el uso de la red de oficinas de Correos como medio alternativo para disponer de efectivo.

Precisamente, en países como Irlanda, Reino Unido o Australia, el uso de las oficinas postales con este fin está muy extendido en zonas rurales. En España, el uso de esta infraestructura para retirar o depositar efectivo es todavía poco habitual, algo que sucede en la provincia malagueña.

Rivas ha destacado cómo hace poco se encontraron con cinco municipios de la Serranía de Ronda donde, de la noche a la mañana, desaparecieron las entidades bancarias. El único aviso, un papel en la puerta. Ante esto, la institución ha ido poniendo en marcha iniciativas para ir facilitando a los habitantes el poder disponer de su dinero en efectivo, como habilitar un transporte para mayores y dependientes de tal forma que puedan acudir a otros municipios a conseguir efectivo o hacer otro tipo de trámites con las entidades financieras.

Pero la vicepresidenta cuarta y responsable de la lucha contra la despoblación ha admitido que es "un parche", de ahí la necesidad, ha insistido, de articular una estrategia nacional, como le hizo ver al ministro de Consumo, el malagueño Alberto Garzón, en una visita reciente a la ciudad, o trasladó en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A juicio de la dirigente provincial, entre otras medidas, habría que buscar un acuerdo público-privado que implique a las entidades financieras, apelando a esa responsabilidad y compromiso con el territorio en el que se asientan, muchas incluso de donde son originarias y que tienen una fuerte vinculación con el mundo rural.

Mientras esto sucede se han ido poniendo en marcha proyectos piloto, como el poder sacar dinero de las farmacias, caso de Júzcar y Cútar, que si tiene buenos resultados podría extrapolarse a otras localidades; o incluso en comercios como ocurrió en Benarrabá durante los primeros meses de la pandemia, en los que los habitantes iban a las tiendas y, con un mínimo de compra, podían pedir dinero en efectivo, abonándoselo posteriormente con tarjeta de crédito. Pero se trata, ha añadido Rivas, de que esto no tenga costes para los propios comercios del municipio en relación con comisiones que cobran las entidades bancarias, por ejemplo, por el uso del datáfono.

En este mismo sentido, no considera que la fórmula sea que la Diputación tenga que hacer frente a la compra de un cajero automático para las localidades sin estos puntos bancarios y que los vecinos deban afrontar las comisiones de sacar su dinero en los mismos.

"El Gobierno tiene que hacer algo, nosotros estamos haciendo el esfuerzo en proyectos piloto, en medidas a corto plazo, en avanzar en la alfabetización digital entre la población, especialmente la de más edad", ha explicado Rivas, quien no ve mal que haya agentes financieros que recorran semanalmente los municipios sin bancos: "No es sólo sacar dinero, es hacer un seguro, préstamos, cualquier cosa y en eso pueden hacer un esfuerzo las entidades".

Otra posibilidad es que las oficinas de Correos sirvan también para contar con dinero en efectivo. En definitiva, la vicepresidenta cuarta de la Diputación ha incidido en que el Gobierno de España debe hacer frente a la exclusión financiera: "Hasta 12.404 malagueños no tienen acceso a dinero efectivo al carecer sus municipios de cajero automático".

En este sentido, Rivas ha puesto la Diputación al servicio de la lucha contra la exclusión financiera en la provincia, que conlleva también una lucha para evitar que la despoblación se incremente en el interior de la provincia de Málaga.