Se trata de 15 miembros de la escala de agentes ambientales que han sido desvinculados de las tareas de extinción. Son "conocedores" del 'modus operandi' de los incendiarios y de las zonas que cada año registran una mayor actividad incendiaria, según defiende, en declaraciones a Europa Press, el coordinador de esta nueva unidad, Carlos Magariños.

"La investigación está basada en el método científico de las evidencias físicas. Aquí la formación empezó en la década de los 90 y ahora nosotros la impartimos a los demás compañeros", explica.

Otro de los 15 integrantes de la UIFO, la unidad de investigación de incendios forestales, asegura a Europa Press que "se eligió a los agentes de más experiencia, entre los pocos que se presentaron".

Precisamente el escaso tiempo que la Administración autonómica dio para que los candidatos presentasen documentación para optar a este puesto es una de las críticas de los sindicatos, que hablan de "tres días naturales, en pleno mes de agosto". Debido a esto y a la falta de baremo, entre otras cuestiones, censuran un proceso "exprés" que piden rectificar o estudian acudir a la justicia.

"Nosotros no nos vamos a meter en guerras sindicales. Nos dedicamos a nuestro trabajo... Todos los comienzos son difíciles", responde el coordinador de la UIFO Carlos Magariños.

Además de tratar de determinar el inicio de los incendios, su objetivo también será disuasorio, con su presencia sobre el terreno para tratar de "pillar in fraganti" a los incendiarios.

Dar con el origen es "difícil pero no imposible", apunta Magariños, ya que "la materia no se destruye, sino que se transforma" y así "pueden quedar huellas dactilares o de otro tipo, el rastro de las ruedas de un coche... y otros detalles" que son los que estos profesionales examinan para establecer la causa de los fuegos.

En realidad, esta nueva unidad viene a profundizar en las brigadas de investigación de incendios forestales (BIFF), en línea con una de las conclusiones de la comisión parlamentaria creada tras la ola de fuegos de 2017.

De hecho, en su comparecencia en el Parlamento a raíz de esa oleada de incendios, el 7 de noviembre de ese año, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya avanzó la creación de "equipos forestales de investigación", para "ampliar y permitir especializar" el trabajo que hasta ahora realizaban las brigadas de investigación de incendios forestales.

"Habrá un mínimo de tres agentes de los equipos forestales de investigación en cada uno de los 19 distritos forestales de Galicia, es decir, un mínimo de 57 agentes", señaló ese día el Gobierno gallego en un comunicado de prensa.

EQUIPOS DE VIGILANCIA

Junto a este compromiso, Núñez Feijóo anunció entonces el de los equipos de vigilancia de incumplimiento para velar por que se cumplan las medidas incluidas en la normativa forestal y de defensa contra incendios.

El técnico forestal de Seaga Alejandro García es uno de los componentes de estos equipos. Esta empresa pública tiene en total a 45 trabajadores supervisando el estado de la vegetación en las denominadas franjas de seguridad en Galicia: eran 15 en la primera quincena de junio, a los que se unieron otros 30 de refuerzo.

En declaraciones a Europa Press, Alejandro García apunta al incremento de las peticiones estos días por parte de ayuntamientos, que son los que les trasladan su solicitud al amparo del convenio firmado entre la Xunta, la Fegamp y Seaga para el control de la biomasa.

Recibido este requerimiento, los técnicos de Seaga analizan los datos y salen sobre el terreno, dotados de una aplicación en la que ya están registradas las parcelas y las franjas cuyo estado van a investigar.

Si están bien gestionadas, indican si es a través de un uso agrícola o ganadero y, en caso de comprobar algún incumplimiento también lo anotan, especificando cuál es la especie detectada con la que se incumple la normativa: presencia de pinos, eucaliptos, acacias o matorral.

A continuación, esta herramienta informática les permite indicar una tarifa estimada que sería el coste de limpiar la finca por parte de Seaga.

Una vez hecho esto, es el consistorio el que notifica al propietario la situación y el plazo de 15 días para limpiar. Si no lo hace, el ayuntamiento debe ejecutar esa tarea de manera subsidiaria o pedir la colaboración de Seaga.

"Al vernos en el campo, los propietarios se van dando cuenta de que hay que mantener las franjas limpias", destaca Alejandro García, quien, con todo, advierte que en zonas de la comunidad de más minifundio y abandono todavía se dan situaciones en las que "el monte llega a las casas", con el consecuente riesgo en el caso de incendio.