La solicitud incluye también la puesta en marcha urgente de cinco medidas para garantizar la seguridad del personal sanitario de todo Aragón frente al incremento de las agresiones al mismo, han explicado en una nota de prensa estas tres organizaciones.

Los sindicatos han criticado la falta de respuesta a sus reclamaciones tras los "graves sucesos" ocurridos recientemente en el centro de salud de Tauste, donde tuvieron lugar agresiones a los trabajadores "y rotura violenta de las instalaciones".

Han advertido de que no se trata de un episodio aislado y por eso son precisas medidas para proteger al personal sanitario y no sanitario en todos los centros de salud.

Estos sindicatos sanitarios han subrayado el deber legal del Servicio Aragonés de Salud (Salud) de proteger a sus trabajadores, según recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente, como propietario de las instalaciones, tiene la obligación de denunciar los destrozos ocasionados, según marca la ley de Salud de Aragón.

Así las cosas, los tres sindicatos han pedido el cese del gerente "por su falta de respuesta" y "dada la postura mantenida a la hora de buscar soluciones para los hechos denunciados y al ser este sector en el, que, por desgracia, han ocurrido otras graves agresiones a profesionales e instalaciones".

ACCIONES PENALES

CesmAragón, FASAMET y SATSE han manifestado que si no se atiende su reclamación, en el plazo de un mes, se plantearán otras acciones, como denuncias a la Inspección de Trabajo por no velar por la salud de los trabajadores o acciones penales de los responsables del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud "por poner en riesgo la integridad física de los trabajadores incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Igualmente, han precisado que, en caso extremo, el personal sanitario de los centros podría abandonar, previa notificación a sus superiores, su puesto de trabajo, si está en riesgo su integridad física, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "debido a la inacción del Gobierno de Aragón para aplicar medidas como las propuestas que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios".

En concreto, estas organizaciones han solicitado dotar con un vigilante de seguridad cada centro de trabajo durante el horario de apertura al público, tanto en el ámbito urbano, como rural, e incluso en el periodo de guardias en los centros rurales, previa contratación conforme a la legislación de seguridad privada y la legislación de contratación del sector público. Esta medida deberá aplicarse con carácter urgente e inmediato en los centros que acaban de sufrir agresiones en los profesionales y en las instalaciones, han estimado.

La segunda medida que piden es instalar cámaras de seguridad en las zonas comunes de los centros de salud y también en el exterior del edificio en caso de que se encuentren aislados o ubicados en zonas conflictivas para poder controlar el perímetro y los accesos.

La tercera es dotar con un 'botón del pánico' inalámbrico las mesas de trabajo de todas las dependencias con acceso de público y usuarios de los centros de salud, así como un botón similar al de teleasistencia para las salidas exteriores en los centros de salud rurales.

En cuarto lugar, reclaman disponer de una pulsera de geolocalización para los profesionales sanitarios cuando se desplacen fuera del centro de salud para ejercer sus funciones asistenciales y, en quinto lugar, que la consejera de Sanidad eleve al Gobierno de Aragón un proyecto de decreto-ley en el que se tipifiquen como infracción administrativa grave las agresiones verbales de los usuarios a los empleados públicos en los centros sanitarios públicos.

Ese norma deberá incluir también como infracción administrativa muy grave las agresiones físicas o psicológicas, sancionadas pecuniariamente con multa de entre 500 y 3.000 euros y entre 3.001 y 30.000 euros, compatible con la responsabilidad penal y civil que de tales hechos se puedan derivar.