España tendrá, a partir del 6 de octubre -cuando tome posesión- a una nueva representante jurídica en el máximo órgano judicial de Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), después de 18 años. Será Lourdes Arastey, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que sustituirá a Rosario Silva, que lleva en el puesto desde 2003. Silva comunicó al Gobierno que no quería renovar el puesto y dejó paso a que Arastey hiciera historia, pues será la primera que ocupará el puesto elegida tras un proceso de selección de méritos y no 'a dedo'. 

Pregunta. Es la primera jueza que ocupará el cargo -sus dos antecesores no eran de la carrera judicial-, ¿siente mucha responsabilidad?

Respuesta. Cada Estado miembro tiene un juez en el TJUE y yo seré la tercera española, pero es cierto que es la primera vez que el puesto va a ser ocupado por alguien que proviene de la carrera judicial. Rosario Silva, la primera mujer, es abogada del Estado y Juan Carlos Rodríguez Iglesias venía del mundo académico. Me siento muy orgullosa, es seguir mi función natural: la jurisdiccional.

P. ¿Qué cree que puede aportar al TJUE?

R. Mi especialización es la social, es donde llevo muchos años, y es una materia muy importante en el ámbito del derecho de la Unión. Tiene un peso muy relevante y, sin embargo y si no estoy equivocada, especialistas sociales en toda la historia del TJUE solo ha estado Giuseppe Federico Mancini, italiano. Creo que yo seré la segunda y esa puede ser mi aportación porque hay un gran campo de acción.

P. La pandemia ha potenciado el impulso social de la Unión Europea, ¿puede alcanzar al proceder del TJUE?

R. El TJUE es un tribunal. La política la hacen la Comisión, el Parlamento o el Consejo... y la ruta política de la Unión la marcan los miembros. Eso sí, es cierto que la pandemia lo tiene que haber incrementado, porque ser social es una exigencia casi ética moral de la UE y el deber del tribunal es el de interpretar la legislación y mantener los principios de los tratados europeos, que tienen un enorme contenido social.

P. Es posible que los ciudadanos tengan en ciertas ocasiones la percepción de que las sentencias del TJUE tardan en aplicarse en España, ¿hay margen de mejora?

R. Hay que ver qué entendemos por aplicarlas y hay que tener en cuenta que las sentencias del TJUE, que son respuesta a preguntas de los jueces nacionales, no resuelven el caso. No es ni su finalidad ni su objetivo. A veces lo vemos en clave nacional, pero lo que hace el tribunal es responder dudas al juez, que es quien resolverá el asunto interpretando lo marcado. La aplicación, por tanto, no es matemática. A mí me parece más importante pensar que esas sentencias transforman totalmente la realidad de los ciudadanos. Otra cosa es que critiquemos después si se han aplicado bien o no, porque en derecho las cosas no son tan fáciles. 

P. Ha dicho que el TJUE no hace política. En España hay partidos acusando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacerla.

R. Aquí todos nos acusamos los unos a los otros. Primero, creo que no debería confundirse el CGPJ con los jueces. El órgano de gobierno no son los jueces y creo que los jueces no hacen política, no sé si el CGPJ puede estar haciéndola. Pero, bueno, ahí hay un problema de respeto institucional que debería hacer saltar las alarmas a todos de que las instituciones no funcionan. Dicho esto, me gustaría dejar bien claro que el Poder Judicial son todos y cada uno de los jueces y el Consejo no es el poder judicial. Esa línea divisoria la tiene que ver la ciudadanía.

P. ¿Es adecuado que el CGPJ responda con comunicados al Gobierno?

R. Es su decisión. No voy a opinar del Consejo. Creo que cada institución debería tener su marco: el CGPJ tiene diseñada su función y su función no es hacer política, su función es el gobierno de los jueces en sus aspectos estatutarios. Eso sí, también hay que decir que los que sí tienen que hacer política están obligados a renovar las instituciones. Que cada palo aguante su vela.

P. ¿Es una anomalía democrática que el CGPJ, que caducó su mandato en diciembre de 2018, esté sin renovar?

R. Efectivamente es una anomalía democrática. La democracia consiste en el debate entre partidos que tienen ideas distintas, pero no cuadra que eso se transforme en que las instituciones no funcionen. La democracia se asienta en ese juego de la discrepancia, pero también en la construcción de unas instituciones sólidas. Que se mantenga discrepar y la otra pata se vaya erosionando es un riesgo para todos.

P. Usted dijo que no necesitamos más leyes que digan que no se puede discriminar a la mujer, ¿se cumple esa máxima?

R. Cuando reprodujeron esa frase, no cogieron la segunda parte. No necesitamos más leyes, sino ponerlas en práctica, dije. Qué más leyes vamos a hacer si la afirmación es absoluta y de qué sirve si no la ponemos en práctica. El artículo 14 de la Constitución Española es rotundo. Lo que hay que hacer es ponerlo en práctica y no vivir del negacionismo en ciertos aspectos.

P. Imagino que usted se habrá encontrado obstáculos por ser mujer a lo largo de su carrera judicial.

R. Las dificultades no te las encuentras mientras tu carrera sea reglada, porque funciona por antiguedad y no hay elementos discrecionales. Cuando hay elementos discrecionales, y pasa en todos los ámbitos, véase cuántas mujeres hay en los consejos de administración de los grandes despachos, es donde se demuestra que en una profesión donde la mayoría son mujeres, la cúpula no solo no sigue esa proporción, sino que da unos parámetros totalmente incongruentes y alejados. Ahí no necesitamos ningún cambio normativo, sino aplicar perspectiva. Lo mismo pasa con la brecha salarial. Una sociedad en la que pasa esto tiene que ser, como mínimo, consciente.

P. La asociación de Mujeres Juezas ha criticado que falte esa perspectiva de género en los juzgados.

R. Es un problema cultural y hace falta educación. Como ejemplo, la pandemia. El Covid nos ha puesto de relieve lo que es el teletrabajo y yo he visto cómo desde ámbitos jurídicos que hablan de igualdad afirman que el teletrabajo es fantástico para las mujeres porque así pueden conciliar mejor. Es un disparo al pie. ¿Por qué han de conciliar las mujeres? Resulta que el teletrabajo, y hay muchos estudios que lo prueben, está resultando contrario a la igualdad de oportunidades para las mujeres. Es un tema de roles, cultural e histórico. Entonces, si no ponemos la perspectiva y cambiamos esa mirada, seguirá pasando. La ley hay que leerla con eficacia en la igualdad y hay mucho jurista negacionista de esto.