El próximo martes 27 de julio está previsto el desahucio de Mimi y sus dos hijas, una familia vulnerable que vive en el número 29 de la calle Begur, en el barrio de Sants de Barcelona. La mujer sufre una enfermedad del sistema inmunitario y una discapacidad de segundo grado que le provoca problemas de movilidad, por lo que recibe una pensión de 356 euros mensuales. Su hija menor también sufre una discapacidad y, la mayor, de 18 años, combina el trabajo de monitora de comedor con sus estudios universitarios. A pesar de su situación y de que la moratoria de desahucios no finaliza hasta el 9 de agosto, el juzgado ha tirado adelante el desahucio, y en él se prevé la presencia de antidisturbios.

“Se vio obligada a ocupar para no dejar a sus hijas sin un techo”, aseguran desde el Sindicat de Llogateres. “Cuando abrieron el piso, lo encontraron en un estado lamentable, ya que hacía años que no vivía nadie en él, y tampoco iba nadie a conservarlo. Así pues, lo arreglaron para darle unas condiciones que lo hicieran habitable y agradable”.

Aún así, Mimi lleva meses pidiendo a la propiedad pagar un alquiler social para seguir viviendo en este piso, y quedarse en el barrio donde nació. La vivienda está a nombre de la empresa Gaos Global S.L., que forma parte de un entramado de empresas inmobiliarias y otros negocios dirigidos por un odontólogo con diversas clínicas dentales, quien hasta el momento no ha querido sentarse a negociar, según la versión del sindicato.

El Ayuntamiento de Barcelona sí ha ofrecido una alternativa habitacional a esta familia, pero es “temporal y fuera del barrio”, hasta que se les asigne alguna vivienda de la Mesa de Emergencia; una opción que ven inviable dada su situación de vulnerabilidad: “A ella le da mucho miedo todo lo que implicaría salir del barrio. A pesar de tener su discapacidad y su enfermedad, en el barrio se siente segura, y consigue valerse gracias al tejido vecinal que tiene. Aquí todos la conocen. Además, la hija pequeña va al colegio de educación especial de al lado de casa, y la madre tiene problemas de movilidad y no puede caminar mucho”, explican desde el Sindicat de Llogateres.

En vista de esta situación, este jueves por la mañana vecinos y vecinas del barrio de Sants han presentado un manifiesto firmado por una veintena de entidades vecinales donde piden que se detenga el desahucio de Mimi y su familia, y también se exige al Govern de la Generalitat y a Pere Aragonès que no envíe a los antidisturbios, tal y como prometió justo antes de ser investido.