El Govern catalán ha rectificado este miércoles y, tras descartar esta opción el martes, ha anunciado que avalará a través del Institut Català de Finances (ICF) las fianzas de 34 exaltos cargos por un total de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas les reclama por promocionar con dinero público el 'procés' en el extranjero entre los años 2011 y 2017.
Los plazos para depositarlas vence este miércoles, pero el ejecutivo catalán ha solicitado una prórroga de 15 días hábiles, bajo el pretexto de poder hacer "todas las comprobaciones" pertinentes, han informado este miércoles fuentes de la Conselleria de Economia.
Inicialmente, el Govern intentó crear un fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros para abonar las fianzas y ayudar a los exaltos cargos, entre los que están los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, y los líderes del 1-O indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva. Para ello, buscó el aval de un banco, pero ninguno de los contactados aceptó concederlo, explicó el pasado martes el conseller de Economia, Jaume Giró.
Quedaba la posibilidad de recurrir al ICF, pero Giró la descartó "por prudencia" y "para proteger" a los trabajadores del instituto.
Sin embargo, este miércoles por la mañana el conseller le comunicó al president, Pere Aragonès, que había cambiado de opinión, y así lo hizo saber también luego públicamente en la sesión de control al Govern en el Parlament. "He recibido llamadas a estas horas de gente del ICF que han pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley, y esto es lo que haremos", ha dicho, y ha destacado la "generosidad" de estos trabajadores.
Por su parte, Aragonès ha expresado su "agradecimiento" a Giró "por el anuncio", por "el compromiso demostrado y por el trabajo conjunto". "Con él está el conjunto del Govern", ha asegurado.
Según han informado fuentes jurídicas, varios de los encausados han optado pro acogerse al aval del ICF, pero han dudado de que el Tribunal de Cuentas lo acepte. Entre ellos están Mas, Puigdemont, Junqueras y Romeva, que el pasado martes habían decidido garantizar las fianzas con sus bienes personales.
Sus defensas han seguido trabajando este miércoles para reunir los fondos y ofrecerlos en caso de una negativa del Tribunal de Cuentas al aval del instituto, que Mas cree que tiene "altísimas probabilidades" de darse.
Fuentes de Economia han explicado que el aval del ICF es provisional y que se continuará buscando una entidad financiera que esté dispuesta a avalar el fondo de la Generalitat. Este iba a funcionar con un mecanismo similar al de un seguro privado: una entidad avalaría las fianzas, con un contra aval del ejecutivo de Cataluña que se canalizaría a través del Institut Català de Finances.
El Pleno del Parlament de la semana que viene votará el decreto del Govern que prevé crear el fondo y el jueves 29 de julio se acaba el plazo para que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emita un dictamen, tal y como han pedido PSC, PPC y Cs. Si este es favorable, apuntó el pasado martes Aragonès, podría ayudar para convencer a las entidades financieras.
Archivada la denuncia de Convivencia Cívica Catalana
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anunciado este miércoles que el juzgado de instrucción número 25 de Barcelona archivó la denuncia que Convivencia Cívica Catalana (CCC) presentó contra el Govern por el fondo para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas.
La juez tomó esta decisión sin entrar a analizar el fondo del asunto, pues argumentó que la justicia ordinaria no es la competente para investigar a los miembros del Govern que, como tales, tienen la condición de aforados. El órgano al que le corresponde la investigación es el TSJC. La denuncia de CCC acusaba a Aragonès y sus consellers de los delitos de malversación de caudales y prevaricación.
Cs pide a la Fiscalía oponerse al aval
El líder de Ciudadanos en Cataluña. Carlos Carrizosa, ha anunciado que su formación registrará un escrito en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedir que se oponga a que el ICF avale las fianzas. Asimismo, ha exigido al conseller Giró que no involucre ni ponga en peligro a los funcionarios públicos del instituto. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que su partido esta dispuesto a llevar ante los tribunales a la Generalitat por el aval del ICF.
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