A lo largo de la legislatura son muchas las medidas aprobadas en el Congreso que no han sido bien recibidas por partidos de la oposición, que no conformes, han recurrido en los tribunales. Precisamente, el fallo del TC que considera inconstitucional el confinamiento aprobado durante el primer estado de alarma responde al recurso que presentó Vox en abril de 2020. El partido de Santiago Abascal, de hecho, ha recibido como un triunfo el fallo del Constitucional, al que acudió porque consideraba que el estado de alarma aprobado en marzo con motivo de la pandemia era "abusivo" y "vulneraba derechos fundamentales".
Pero no ha sido la única medida del Gobierno sobre la que ha tenido que pronunciarse la Justicia. Durante este último mandato de Pedro Sánchez, no han sido pocas las iniciativas que PP, Vox y Ciudadanos han llevado a los tribunales: los indultos, la ley de eutanasia o la inclusión de Iván Redondo y Pablo Iglesias en la comisión del CNI han sido solo algunas de ellas.
La ley de eutanasia, la más polémica
La ley de eutanasia es una de las últimas que ha recurrido tanto PP como Vox ante los tribunales por su supuesta "inseguridad jurídica". En concreto, los populares recurrieron ante el Constitucional cinco artículos de la norma y una disposición adicional al considerar que vulneran derechos constitucionales como el derecho a la vida, la libertad ideológica y religiosa. La norma entró en vigor el pasado 25 de junio y fue aprobada por un amplio consenso de la cámara. Los únicos votos en contra fueron los de PP y Vox.
Ambos partidos también recurrieron la Lomloe, más conocida como Ley Celáa de Educación, el pasado marzo por considerar que trata al castellano "como una lengua extranjera más" en algunas comunidades autónomas y que, además, lo elimina como lengua vehicular. Esta norma salió adelante entre una fuerte polémica a nivel político y social, ya que además del asunto lingüístico, los padres de niños con discapacidad temen que suponga el cierre progresivo de los centros de educación especial.
Otra iniciativas que ha sido recurridas por los dos partidos son el decreto de protección de los consumidores vulnerables, más conocida como 'ley Garzón' de Vivienda, por supuestamente amparar y legalizar la okupación de viviendas. El Real Decreto-ley pretende proteger a los inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad e incluye una disposición adicional que permite al juez suspender un desahucio hasta la finalización del estado de alarma en caso de que los 'okupas' no tengan otra solución habitacional y no haya habido violencia ni intimidación.
Los dos partidos recurrieron también los indultos decretados por el Gobierno a los presos separatistas -también lo hizo Ciudadanos- o las iniciativas sobre el CGPJ: tanto la limitación de nombramientos mientras estén en funciones –ya aprobado por el Congreso– como el cambio de mayorías que permitan a los partidos del Ejecutivo renovar el máximo órgano de los jueces sin contar con el PP –iniciativa que finalmente se retiró–, que lleva más de dos años bloqueando su renovación y ya ha mostrado su falta de disposición mientras esté Unidas Podemos condicionando la negociación.
El PP también recurrió el reparto de fondos europeos
La subida del tramo más alto del impuesto de patrimonio, así como su conversión en indefinido, dos medidas que estaban incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, también fueron recurridas por el PP en los tribunales, así como el reparto de los fondos europeos.
Los populares presentaron un recurso de amparo por su convalidación sin el informe del Consejo de Estado, algo que, según el PP, "imposibilitó que el Congreso pudiera expresar su voluntad conociendo todos y cada uno de los elementos a tener en consideración, viciándose la voluntad de la Cámara al privársele, al despojársele deliberadamente, de la información necesaria para informarse una opinión completa sobre la cuestión".
El PP, sin embargo, sigue dispuesto a ser oposición también en los tribunales y no piensa dejar de dar la batalla. El principal partido de la oposición ya ha anunciado que volverán a ir a los tribunales si el Gobierno aprueba finalmente la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla requisar de forma temporal todo tipo de bienes o suspender ciertas actividades si nuestro país está en "situación de interés para la Seguridad Nacional".
Vox, desde la inclusión de Iglesias en el CNI a la 'Ley Riders'
La formación de Santiago Abascal también es habitual en los tribunales. Se ha presentado en como acusación popular en casos tan sonados como el procés y como tal recurrió los indultos a los líderes independentistas el pasado junio. Además de las leyes que ha recurrido coincidiendo con el PP, suma otras en su lista como la 'ley Riders' o la que incluía a Iván Redondo y Pablo Iglesias en el CNI.
La primera iniciativa, que pretende acabar con la precariedad de los repartidores y obliga a las empresas a contratarles, fue recurrida ante el Constitucional no por el contenido de la norma, sino por la forma de aprobarla –mediante decreto ley–. Vox consideraba que el Gobierno hace un uso abusivo de este instrumento porque las razones esgrimidas para la aprobación de este decreto no se ajustan a "la 'situación de extraordinaria y urgente necesidad' constitucionalmente requerida".
Algo similar sucedió con el decreto del Gobierno que incluía a Iván Redondo y a Pablo Iglesias en la comisión que controla la actividad del CNI. Vox recurrió su entrada en el órgano y el Alto Tribunal le dio la razón al no apreciar que la medida fuera urgente -algo que era obligatorio al haberse aprobado a través de un decreto-ley- ni observaban los magistrados la relación entre las medidas para paliar la crisis del Covid que aprobaba el citado decreto y la inclusión de ambos en el CNI.
Ciudadanos, el que menos acude a los tribunales
La formación naranja es la que menos ha ido a los tribunales durante la legislatura. Sus nueve diputados limitan la estrategia del partido a nivel jurídico puesto que el mínimo para presentar, por ejemplo, recursos de inconstitucionalidad como los citados de PP y Vox, son 50 diputados. Además, Ciudadanos ha preferido centrar su estrategia de oposición en el Congreso y no en los tribunales a no ser que lo haya considerado estrictamente necesario.
Por ello, solo han denunciado los indultos a los presos del procés y denunciado -el pasado 7 de junio- ante el Tribunal de Cuentas las ayudas por valor de 53 millones de euros del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra al considerar una posible negligencia que fue admitida a trámite una semana después, por lo que se investigará si hubo un "presunto menoscabo de fondos públicos".
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