Asociaciones de periodistas, partidos y sindicatos, entre otros colectivos, han presentado este miércoles un manifiesto contra la modificación de la ley de Telemadrid propuesta por el PP que vota la Asamblea de Madrid el jueves al alertar de los "intentos de menoscabar la independencia" del medio público.
El manifiesto 'En Defensa de Radio Televisión Madrid y la Libertad de Información', presentado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ha sido apoyado por asociaciones profesionales de periodistas (FAPE, Federación Europea de Periodistas, Federación Internacional de Periodistas), partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE, Podemos e IU) y sindicatos (CCOO, UGT y CGT).
También por otros colectivos como la Federación de Municipios de Madrid, FAPA Giner de los Ríos, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), entre otros.
En el texto, señalan que les parece "innecesaria" la reforma de la ley de 2015 y ratifican "la defensa de Radio Televisión Madrid como un servicio público esencial para la sociedad madrileña fundamentado en la pluralidad, neutralidad, objetividad, transparencia y profesionalidad de sus trabajadores, frente a los intentos de menoscabar su independencia y el deterioro de la calidad de los servicios que presta".
"La existencia de una Radio Televisión Madrid como entidad profesional y despolitizada es incompatible con su intervención directa por parte del poder ejecutivo", añaden.
La reforma legal, que será aprobada previsiblemente jueves en el pleno del parlamento regional con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, cambiará por un lado la composición de los miembros del consejo de administración, que excluirá a organizaciones profesionales y pasará a estar ocupado únicamente por partidos políticos en función de su representación parlamentaria.
Por otro lado, la reforma prevé que, si no hay acuerdo de dos tercios de la Asamblea para nombrar a un nuevo director general, el Gobierno pueda nombrar a un administrador provisional para el que se requiere, en última instancia, únicamente la mayoría absoluta.
El mandato del director se verá asimismo reducido de 6 a 4 años, por lo que titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017) cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.
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