El PP ha registrado en el Asamblea de Madrid una propuesta para modificar la ley por la que se rige Telemadrid, que data del año 2015. Se trata de la primera iniciativa legislativa que han abanderado los populares esta legislatura, que ya ha sido calificada por la Mesa de la Asamblea, por lo que irá al pleno próximamente, donde el PP quiere aprobarla por lectura única.
Los planes de los populares han supuesto un verdadero tsunami en la política madrileña en los primeros compases de la XII Legislatura: el PP asegura que su pretensión es solventar "disfuncionalidades" y "rigideces" que plantea la ley actual, que data de 2015, mientras que los partidos de izquierda ven un intento de control del ente público y denuncian que el objetivo de la propuesta es cesar al actual director general, José Pablo López.
Estructura de la iniciativa: solo 5 páginas
La proposición de ley del PP no es extensa, ni mucho menos: la iniciativa registrada en la Cámara tiene un solo único artículo y dos disposiciones, una transitoria y otra final única. La extensión es de cinco páginas, más una sexta en la que el grupo popular justifica la pertinencia de aprobar esta medida, la primera legislativa de la recién iniciada legislatura, por el procedimiento de lectura única, algo que ya ha levantado los recelos del PSOE, que no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad si esto se acaba produciendo.
Qué cambia la proposición
El artículo único de la iniciativa legislatura de los populares tiene tres apartados que modifican otros tantos artículos -el 14, el 18 y el 22- de la ley vigente. Los dos primeros regulan el sistema de designación de los nueve miembros del Consejo de Administración y sus competencias respecto a la elección de la persona a ocupar la dirección del ente. El tercero, la duración del mandato del director general.
Qué se quiere cambiar del Consejo de Administración
El artículo 14 de la ley vigente de Telemadrid establece el sistema de elección de los nueve miembros del Consejo de Administración. Según se lee en el apartado 1 del precepto, los consejeros serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los Grupos parlamentarios y las organizaciones profesionales y sociales más representativas del sector de la comunicación.
"La Asamblea de Madrid decidirá el sistema de elección de las organizaciones profesionales y sociales que participarán en el proceso de elección del Consejo de Administración", señala el apartado 2, mientras que el 3 apunta que "los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid propondrán a cuatro candidatos y las organizaciones profesionales y sociales serán las encargadas de proponer a cinco candidatos".
La redacción de este artículo que propone el PP elimina los apartados 2 y 3, por lo que las organizaciones profesionales y sociales más representativas del sector de la comunicación dejarían de tener voz en la elección de los miembros del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública madrileña.
La proposición también pretende cambiar el epígrafe primero del artículo 14 para quitar la referencia a la participación de estas organizaciones de la sociedad civil en el procedimiento de elección. "Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los grupos parlamentarios" es la redacción que quieren los populares.
Los cinco miembros que corresponden a organizaciones profesionales fueron nombrados por la Asamblea en marzo de 2019 a propuesta de la Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia de la Comunidad de Madrid, la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid, la Asociación de Usuarios de la Comunicación y el sindicato UGT.
La participación de este último vino obligada por una sentencia del Tribunal Constitucional sobre una decisión de PP y Cs. Las citadas no fueron las únicas organizaciones interesadas en participar en el nombramiento de miembros del Consejo de Telemadrid: hasta 11 organismos se postularon para participar.
El sistema de elección de los miembros no es lo único que el PP pretende cambiar con respecto al Consejo de Administración: otro de los puntos de la propuesta pretende que no sea este órgano quien nombre y cese al personal directivo del director general de la corporación.
Qué se quiere cambiar respecto al director general
El tercer artículo que quiere modificar la propuesta es el 22, que regula el mandato del director general de la corporación pública en los siguientes términos:
1. El mandato del Director General será de seis años, no renovables, contados desde su nombramiento.
2. Agotado el mandato, el Director General continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de la nueva persona elegida para el cargo.
El PP quiere cambiar este punto de la ley actual para que el mandato del director se extienda, como máximo, durante cuatro años no prorrogables. Además, se quiere establecer que tres meses antes de que acabe su mandato, el Consejo de Administración "iniciará el procedimiento previsto en el reglamento de la Asamblea para la elección de su sustituto, quien tomará posesión al día siguiente de la finalización del mandato del cesante".
Si termina el mandato sin que este proceso se haya completado, el PP prevé la creación de una figura nueva para que le sustituya: el administrador provisional.
Cómo es la figura del administrador provisional
De acuerdo con la propuesta del PP, el nombramiento de este administrador provisional dependería del Gobierno autonómico, que debería someterlo después a la ratificación de la Asamblea.
La ratificación necesitaría el voto afirmativo de dos tercios del pleno (90 diputados) en primera vuelta, y de 69 (la mayoría absoluta del hemiciclo) en la segunda. El PP actualmente no llegaría por sí solo a ninguno de los dos umbrales (tiene 65 escaños), pero si sumara a Vox (que tiene 13 parlamentarios) alcanzaría la mayoría absoluta.
El mandato de este administrador provisional, acaba el artículo único de la proposición, comenzaría "al día siguiente" de su nombramiento por parte del Gobierno (no de la ratificación en la Asamblea) y finalizaría un día después de que la Asamblea eligiese al director general por el cauce propuesto.
Este cargo que dependería del Gobierno tendría durante su mandato "las mismas funciones y competencias que el director general", de acuerdo con la propuesta. Esta figura ha sido uno de los puntos de la propuesta más criticados por la oposición.
Qué implicaría la propuesta para el director general actual
José Pablo López, actual director general de Telemadrid, tendría que abandonar su puesto si la propuesta registrada por el PP en la Asamblea es finalmente aprobada. López accedió al cargo en enero de 2017 para un mandato hasta 2023: los seis años no renovables que fija el artículo 22 de la actual ley.
Sin embargo, la disposición transitoria que ha incluido el PP en la redacción de su propuesta de ley señala que el tenor literal del "nuevo" artículo 22 "serán aplicables al mandato de quien sea director general en el momento de la entrada en vigor de esta ley".
El procedimiento de lectura única
La intención del PP es que la reforma de la ley de Telemadrid que proponen sea aprobada por lectura única, que implica la votación de la iniciativa legislativa en el pleno sin debate previo entre los grupos parlamentarios, que además pierden su derecho a la presentación de enmiendas.
El artículo 167 del reglamento de la Asamblea reserva este procedimiento para los casos en los que "la naturaleza de un proyecto o proposición de ley lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita".
El modo del trámite debe ser aprobado por el Pleno a propuesta de la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces. Es la mesa o el grupo que registra la iniciativa quien puede pedirlo. El PP ya lo ha pedido en la proposición de ley. "A juicio de este grupo, esta proposición de ley presenta la condición de simplicidad de formulación", sostienen los populares.
Este es otro aspecto que ya ha recibido críticas de la oposición: el PSOE ya ha anunciado que está estudiando la posible inconstitucionalidad de esta tramitación. De hallar indicios de la misma, recurrían al Tribunal Constitucional, algo que ya hicieron con la ley del Suelo, el otoño pasado.
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