Más Madrid tratará de frenar la reforma de Telemadrid pidiendo al Gobierno central que la recurra al Constitucional

  • La portavoz Mónica García ha asegurado que el grupo parlamentario no tiene competencias para realizar este trámite. 
Telemadrid cree que la ley de PP tiene como único fin sustituir al director general y propone hacer un grupo de trabajo
Imagen de archivo de la sede de Telemadrid, en la Ciudad de la Imagen. 
20M EP

La reforma de la radiotelevisión pública madrileña saldrá adelante previsiblemente este jueves en la Asamblea de Madrid. Vox anunció este lunes que se abstendrá en la votación y esta postura será suficiente para que el PP celebre la luz verde a su propuesta. A pesar de este guion casi seguro, los grupos de izquierda se siguen oponiendo a los planes que tienen los populares para Telemadrid y este martes han anunciado un paso más.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha avanzado que su grupo parlamentario tiene intención de pedir al Gobierno de la Nación que interponga un recurso de inconstitucionalidad con medidas cautelares contra la reforma del PP. Su admisión a trámite supondría, según ha detallado García, la paralización inmediata de la modificación de la ley de Telemadrid, que data de 2015. 

Esta no es la primera vez que la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad sobrevuela la reforma del ente público de radiotelevisión: también el PSOE anunció que estaba estudiando la posibilidad de recurrir al TC, en este caso para que el Alto Tribunal estudiara la pertinencia, o no, del procedimiento de lectura única en esta iniciativa legislativa.

Este martes, la portavoz socialista, Hana Jalloul, ha vuelto a criticar la propuesta de ley del PP, asegurando que obedece a "intereses particulares" y que tiene el objetivo de crear una televisión a medida de la presidenta regional -"Teleayuso", la ha bautizado- para "hacer oposición" al Gobierno central. "Es la misma estrategia que siguió Aguirre en 2003", ha opinado.

Más Madrid también ha asegurado este martes que remitirá un escrito al Defensor del Pueblo con los detalles de la reforma, para que se pronuncie al respecto. 

Mientras tanto, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha puesto el acento en que la ley que se pretende modificar se consiguió sacar adelante con "un gran consenso de fuerzas políticas", un acuerdo que hoy por hoy ve "bastante complicado" de reeditar. 

Sin contactos entre PP y Vox

El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha reiterado que el jueves se abstendrán en la votación de la propuesta y ha asegurado que el PP, de momento, no se ha puesto en contacto con su grupo para proponerles el nombre de la persona que desempeñaría el cargo de administrador provisional.

El nombramiento de esta figura, que sustituiría al director general actual, es una prerrogativa que la reforma reserva al Gobierno autonómico, aunque después este tiene que acudir a la Asamblea a ratificar la designación. Para completar este trámite se precisa una mayoría absoluta (69 diputados) y es ahí dónde los populares necesitan sumar a Vox. "Tendrá que ser el PP el que nos llame y hacernos una propuesta y nosotros haremos la nuestra", ha dicho Henríquez de Luna, que ha asegurado que las "líneas rojas" que mantendrán en esta negociación son "austeridad" y "pluralidad" para el ente público.

Sobre los nombres que barajan para desempeñar este cargo, el portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha optado por discreción alegando que lo primero es que se apruebe la ley y luego ya llegará el resto de trámites. "No hay que adelantar pasos", ha señalado. Muñoz Abrines ha reiterado sus críticas al PSOE por poner el foco sobre la tramitación por lectura única. Ha recordado que este mecanismo se aprobó por unanimidad cuando se modificó el reglamento de la Asamblea y el PP puede utilizarlo porque cumple los requisitos. 

"Tenemos la conciencia muy tranquila", ha asegurado el portavoz adjunto popular, que también ha señalado que si el Gobierno de la Nación acaba presentando el recurso que le solicita Más Madrid le sorprendería "mucho", porque el Ejecutivo se estaría metiendo a suspender cautelarmente "una ley que es correcta". 

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