El Govern crea un fondo de 10 millones con dinero público para avalar la fianza de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas


Junqueras sobre el Tribunal de Cuentas: "No renunciaremos al combate por la amnistía"
Junqueras sobre el Tribunal de Cuentas: "No renunciaremos al combate por la amnistía"
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Junqueras sobre el Tribunal de Cuentas: "No renunciaremos al combate por la amnistía".
Europa Press

El Govern ha trabajado durante dos semanas para preparar un nuevo decreto ley que este martes ha decidido crear el ejecutivo catalán, y que entrará en vigor el próximo miércoles, con el que ha encontrado la fórmula para ayudar económicamente a los 34 cargos encausados por el Tribunal de Cuentas (entre ellos el expresident huido Carles Puigdemont, el expresident Artur Mas y el indultado por el 1-O Oriol Junqueras) por la promoción del 'procés' del 1-O en el exterior entre los años 2011 y 2017. 

El conseller de Economia, Jaume Giró (Junts), ha dado detalles en rueda de prensa de la creación de un Fondo Complementario de Riesgos (Fcrcat), que cuenta con una partida económica inicial de 10 millones de euros que saldrán de los presupuestos de la Generalitat en vigor, pensado para rescatar a los "servidores públicos en el ejercicio de su cargo". 

El Tribunal de Cuentas exige fianzas a los responsables públicos catalanes afectados por un importe total de 5,4 millones de euros, la mitad del fondo que crea el ejecutivo catalán para sufragarlas. La fecha límite para depositarlas expira el próximo 21 de julio. También por el 9-N (4,9 millones de euros ya depositados) y por el referéndum del 1 de octubre de 2017 (4,1 millones de euros afianzados),

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà (ERC), ha explicado que este aval de la Generalitat se rige por el principio de "indemnidad", por el que "ningún servidor público (no solo los encausados por el Tribunal de Cuentas, con un proceso en fase de instrucción que puede alargarse unos dos años) se pueda ver afectado por el ejercicio legítimo de sus competencias", un derecho "amparado por la jurisprudencia", ha concretado. 

"Lo que planteamos es que los altos cargos tienen derechos fundamentales de expresión, de libertad económica y de ejercicio de competencias", como cualquier otro ciudadano, "se llama democracia y planteamos una protección de nuestros trabajadores", ha incidido.

"Ningún servidor publico debe verse perjudicado por el ejercicio de sus funciones" (Laura Vilagrà, consellera 
de Presidència)

Blindado ante posibles acusaciones de malversación de dinero público

Esta vía propone un aval por parte de entidades bancarias (que no se han detallado porque aún se han de cerrar los acuerdos) que cuenta con un contra aval del fondo complementario del Govern, por lo que no se podrá acusar de "malversación de fondos públicos" a la Generalitat, ha dicho Vilagrà. El propio Tribunal de Cuentas ha alertado de los posibles delitos de malversación o prevaricación en los que puede recurrir la Generalitat si sufraga directamente estas fianzas.

Dicho aval cuenta con tres características: "solidez jurídica, garantías para los afectados por las medidas del Tribunal de Cuentas y eficacia", ha detallado Giró. "La Generalitat dejará un dinero y lo recuperará, aportamos un aval de garantía y en ningún momento la Generalitat pierde la titularidad de este dinero público", ha añadido el conseller de Economía, matizando que otra cuestión es "su disponibilidad, pues este dinero podrá estar bloqueado durante un tiempo". 

"La Generalitat dejará un dinero y lo recuperará, aportamos un aval de garantía y en ningún momento la Generalitat pierde la titularidad de este dinero público" (Jaume Giró, conseller de Economia)

En este decreto ley se incluyen una serie de coberturas de riesgo que la Generalitat no tenía con las pólizas ya contratadas, han explicado los dos consellers. Mientras no se constituya una entidad gestora, esta función la realizará el Institut Català de Finances (que actuará como comisión gestora de este fondo y no gestionará directamente el aval).

Para acogerse a estas condiciones para solicitar la cobertura, la Generalitat ha puesto como requisitos que "no exista ninguna resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas por el servidor público; que el riesgo no esté ya cubierto por otros seguros, y que la Generalitat no haya iniciado ninguna acción contra la persona afectada o un procedimiento disciplinario o sancionador". 

"No hay desplazamiento patrimonial de la Generalitat, que nunca perderá un euro", asegura el conseller de Economia 

Se tendrá que devolver el dinero si hay una sentencia firme europea

El Institut Català de Finances garantizará a una entidad financiera la emisión de un aval con un contra aval del Institut. "No es un aval directo", ha remarcado Giró. "Si se llega a una sentencia firme (en instancias nacionales e internacionales) y se hayan agotado todas las vías de impugnación estatal e internacional, ante Estrasburgo, el beneficiario tendrá que devolver el importe económico a la administración", ha añadido. 

De este modo, con un pronunciamiento judicial firme y agotadas todas las vías, se generará automáticamente otro principio, el de crédito de derecho público de devolución (por el que la administración pública tiene el derecho de recuperar las cantidades que haya avanzado).

"No hay desplazamiento patrimonial de dinero de la Generalitat en ningún momento, que no perderá un euro", ha repetido el conseller, hasta que haya una sentencia firme en última instancia, punto en el que la Generalitat reclamará a los afectados por la vía ejecutiva el dinero más los intereses y los gastos generados.

Giró ha desvinculado este fondo de la Caixa de Solidaritat de las entidades independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, con las que se han pagado multas impuestas a líderes soberanistas.

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