El PSC pide al Govern que "actúe dentro de la ley" en la defensa de los cargos ante el Tribunal de Cuentas

Junqueras, Forn, Rull, Turull, Romeva, Sànchez y Cuixart salen de la cárcel de Lledoners, tras recibir los indultos.
Junqueras, Forn, Rull, Turull, Romeva, Sànchez y Cuixart salen de la cárcel de Lledoners, tras recibir los indultos.
EP
Junqueras, Forn, Rull, Turull, Romeva, Sànchez y Cuixart salen de la cárcel de Lledoners, tras recibir los indultos.

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha pedido que el Govern "actúe dentro de la ley" en la defensa de los 34 ex altos cargos ante el Tribunal de Cuentas. "Si la ley permite los avales, lo respetaremos; si no, actuaremos como creemos que hemos de hacer", ha expresado Romero, que ha advertido del riesgo de que "un problema lleve a otro problema aún mayor dentro de la legalidad". 

La dirigente socialista también ha dicho que la situación "no debe ser tan clara" porque "hay visiones diferentes" entre ERC y Junts sobre cómo actuar. Por otra parte, ha urgido al president Pere Aragonès a que convoque una mesa de partidos previa a la de diálogo y ha rechazado un espacio "para la autodeterminación y la amnistía" porque "aún genera más división".

El Govern explicó que utilizaría el "principio de indemnidad" porque los 34 funcionarios y ex altos cargos de la Generalitat a quien el Tribunal de Cuentas acusa de malversación tengan derecho a una "tutela" por parte del ejecutivo. Se espera que durante este martes concrete su actuación.

El PSC-Units lleva al pleno de esta semana en el Parlament una moción que pide que se constituya una mesa de diálogo entre partidos catalanes. Romero ha explicado que ERC y Junts han introducido una enmienda en la que sustituyen el nombre del espacio por el de mesa para la autodeterminación y la amnistía: "Esto no genera ninguna mayoría".

"Lo que tendríamos que hacer es sentarnos y hablar, y buscar los puntos que nos unen, y el Govern no va por este camino", ha lamentado. Y ha asegurado que el 80% -el porcentaje al que se hace referencia como catalanes partidarios de la amnistía y la autodeterminación- "ha pasado a la historia y no existe".

Sobre la causa del Tribunal de Cuentas, Romero cree que "ni el ejecutivo tiene clara la respuesta" que ha de dar porque "hay discrepancias en el seno del Govern". La dirigente socialista ha dicho que hay pólizas de seguros que tiene cubiertos diferentes aspectos y que desconoce si el aval a los encausados es uno de ellos. "Si es legal, que lo hagan, adelante y respeto", ha añadido. En todo caso, la petición de los socialistas es que el ejecutivo actúe ciñéndose a la legalidad.

Cs cree que el Govern estará "robando a los catalanes" si paga las fianzas

El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha advertido este martes al Govern que si decide pagar las fianzas a los 34 ex altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas estará "robando a los catalanes" e "incurriendo en un presunto delito de encubrimiento y prevaricación". 

Así se ha pronunciado Martín Blanco en rueda de prensa en la cámara catalana, donde ha asegurado que su formación defenderá "siempre" los intereses "económicos" de la Generalitat frente a lo que considera que fue un "saqueo" por parte de los políticos y funcionarios del ejecutivo acusados de haber malversado dinero público en la acción exterior entre 2011 y 2017. 

Así, ha avisado de que si las peticiones de Ciudadanos no son atendidas, no descartan "recurrir incluso a la justicia".

"No es normal que una administración sufra excesos y saqueo por parte de unos dirigentes políticos y ahora, cuando llega el momento de asumir responsabilidades, digan: Tranquilos, nosotros les pagaremos la fiesta", ha añadido Martín Blanco. En este sentido, ha afirmado que Cs luchará por los "intereses generales del conjunto de los españoles y catalanes" si han de "volver a pagar el malgasto de caudales públicos".

A pesar de ello, el portavoz liberal ha dicho que "se tendrá que valorar cada uno de los casos" de los encausados para que, en el caso de que el funcionario hubiese denunciado en su momento "que se estaba cometiendo una ilegalidad", sí que tendría que "tener toda la protección del Estado de Derecho".

"No es normal que una administración sufra excesos y saqueo por parte de unos dirigentes políticos y ahora, cuando llega el momento de asumir responsabilidades, digan: Tranquilos, nosotros les pagaremos la fiesta" (Nacho Martín Blanco, Cs)

Sobre la mesa de partidos catalanes que pide el PSC y que llevará al pleno del Parlament esta semana, Martín Blanco ha evitado anticipar si votarán a favor o en contra de que se reúna, y ha pedido al grupo socialista que "clarifique" en qué términos la quieren convocar. "Que no sea la agenda del separatismo trasladada a la mesa de diálogo", ha pedido el dirigente de Ciudadanos.

Primera denuncia contra el fondo aprobado

Convivència Cívica Catalana ha interpuesto este mismo martes una denuncia contra el president del Govern, Pere Aragonès, y los consellers, por haber aprobado un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros para dar cobertura a reclamaciones como la del Tribunal de Cuentas. 

La entidad ha recurrido ante el juzgado de guardia de Barcelona porque ve "malversación y prevaricación". 

Consideran que estos gastos no pueden ser asumidos "de ninguna manera" por la Generalitat y niegan que la "garantía de indemnidad" -a la que apela el ejecutivo- "no puede amparar conductas manifiestamente ilegales, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o fianzas de los funcionarios que han actuado de manera ilegal".

Convivència Cívica Catalana apunta a que también instará "al correspondiente procedimiento" ante el Tribunal de Cuentas si se confirma que se deposita este dinero.

"Sorprende que alguien vea normal pagar con dinero público las responsabilidades por actos ilegales de alguien", ha denunciado el presidente de Convivència Cívica, Ángel Escolano, en un comunicado.

Los comunes alertan de que el Tribunal de Cuentas es el 'cortijo' del PP

Los comunes han reclamado al Govern que la decisión de avalar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas ha de tener "base jurídica". El portavoz de En Comú Podem, David Cid, ha avisado de que el Govern ha de presentar una solución "efectiva, jurídicamente sólida y robusta" y evitar que "el remedio sea peor que la solución". 

Ha asegurado que las decisiones que está tomando el Tribunal de Cuentas son "injustas y arbitrarias" y que el PP lo ha convertido en su "'cortijo' particular y en un instrumento al servicio de su estrategia política".

En los próximos días, la formación presentará en el Congreso una propuesta sobre la modificación del sistema de elección de los miembros del Tribunal de Cuentas, concretamente, "cómo se escogen estos miembros y qué mayorías necesitan".

La Caixa de Solidaritat pide aportaciones a la ciudadanía para hacer frente al "abuso" del Tribunal de Cuentas

La Caixa de Solidaritat ha hecho una llamada este martes para que la ciudadanía haga aportaciones con el objetivo de hacer frente al "abuso" del Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat, a quienes les reclama una fianza de 5,4 millones de euros. 

El presidente de la entidad, Pep Cruanyes, ha denunciado la acción "absolutamente descarnada" y "delirante" del tribunal en un acto con la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri. 

La Caixa de Solidaritat ha pagado más de 13 millones de euros desde su fundación en 2017 en fianzas, multas y responsabilidad civil

Ambos han celebrado la creación del fondo, dotado con 10 millones de euros, para dar cobertura a reclamaciones como la del Tribunal de Cuentas por parte del Govern. Asimismo, han lamentado que es una "solución temporal" para que los embargos se harán efectivos tarde o temprano.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha dicho que se trata de una medida con un "mensaje claro": "Nuestras instituciones no dejan desamparados a sus servidores públicos". 

En la misma línea, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha avisado de que el fondo creado por el Govern recibirá "ataques enormes" por parte del "deep state español". Por este motivo, también ha hecho una llamada a llenar la Caixa de Solidaritat para poder hacer frente a las nuevas fianzas que puedan llegar.

Según el presidente de la Caixa de Solidaritat, la asociación ha pagado más de 13 millones de euros desde su fundación en 2017 en fianzas, multas y responsabilidad civil.

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