El Tribunal Supremo ha informado este jueves de que no ha admitido a trámite los recursos de casación del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el ex conseller Francesc Homs y cinco exaltos cargos del Govern contra la sentencia del Tribunal de Cuentas del 26 de julio de 2019 que les condenó por la organización de la consulta del 9-N de 2014. 

De este modo, se confirma que tendrán que pagar 5,2 millones de euros, que ya fueron depositados o embargados. La sección de admisiones de la sala contenciosa-administrativa alega que el recurso no justifica el interés casacional de la cuestión y tampoco está suficientemente fundamentado.

Junto a Mas, Ortega y Homs, interpusieron recursos Josefina Valls, Jordi Vilajoana, Ignasi Genovés, Jaume Domingo y Teresa Prohias i Ricart.

Los líderes independentistas intentaron justificar los gastos afirmando que el dictamen del Tribunal de Cuentas era "una pretendida vulneración de constitucionalidad, en razón a que los gastos se dirigen al ejercicio de una competencia de la que se afirma no es titular la Generalitat de Cataluña".

De esta forma, el Alto Tribunal confirma la sentencia contra Mas, los exconsellers y seis personas más que fueron condenados por los gastos originados por el 9-N, cifrados en 4,94 millones de euros, si bien los líderes independentistas deberán reintegrar a la Generalitat la suma total más los intereses, es decir, 5,2 millones.

La sentencia del Tribunal de Cuentas detalla que, más allá de que Mas sea el responsable último, cada uno de los condenados es considerado responsable directo de determinadas cantidades en función de las atribuciones y responsabilidades que asumieron.

Mas y el resto de condenados depositaron 2,9 millones de euros que las organizaciones independentistas Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural recaudaron a través de la conocida como "caja de solidaridad" y consignaron varios inmuebles como garantía, por lo que dieron por "íntegramente garantizada" la liquidación de la fianza de 5,2 millones impuestos por el tribunal.

Ahora, el órgano fiscalizador deberá ejecutar la sentencia, si bien los líderes independentistas tienen abierta la puerta a recurrir a la Justicia europea.

Esta decisión se produce apenas unos días después de que el Tribunal Cuentas haya acordado mantener la reclamación de 5,4 millones de euros a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por el empleo de dinero público para el denominado Diplocat y las "embajadas catalanas" con el fin de promocionar el referéndum del 1-O de 2017.

Aragonès: "No se puede afrontar con normalidad un diálogo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado tras conocerse la decisión del Supremo que "es evidente que no se puede afrontar con normalidad un diálogo político para resolver el conflicto entre Cataluña y España si persiste esta dinámica represiva".

"Estamos ante un paso más de la represión política contra el independentismo y contra el libre ejercicio de las competencias propias de la Generalitat", ha dicho, y ha añadido: "Nosotros vamos a persistir, tomando las medidas necesarias para defender nuestras competencias y también las medidas necesarias para defender la honorabilidad de las personas afectadas que expresaron lo que eran sus opiniones políticas, en tanto que representantes de la Generalitat".

Aragonès ha asegurado que el Govern "estará a su lado para protegerles en todo momento".

El Gobierno defiende que la Abogacía "no tiene legitimación"

El Gobierno ha justificado este jueves el hecho de que la Abogacía del Estado no haya presentado alegaciones en la causa del Tribunal de Cuentas por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat. Según el Ejecutivo, "no tiene legitimación", al ser los fondos afectados de la Generalitat y no de la Administración General del Estado.

Así lo han puesto de manifiesto la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, al ser preguntadas por el hecho de que la Abogacía del Estado no hiciera este miércoles uso de su tiempo para presentar alegaciones ante la delegada instructora.