El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere echar más leña al fuego en el caso que sigue el Tribunal de Cuentas contra los líderes independentistas catalanes y otros antiguos cargos de la administración autonómica no condenados en el procés, como el expresidente Artur Mas o el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell, por malversación en la acción exterior de la Generalitat y ha silenciado a la Abogacía del Estado, que no presentará demanda. 

El órgano fiscalizador acordó mantener la fianza de 5,4 millones de euros que reclama a 34 ex cargos del Govern de la Generalitat de Cataluña en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2017. 

El Tribunal de Cuentas llegó a esta conclusión tras dos sesiones en las que ha escuchó las alegaciones de todas las partes implicadas en el procedimiento. En concreto, fijó la cifra de la fianza en 5.422.411,10 millones frente a los 5.422.879,48; es decir 468,38 euros menos.

Esta semana expusieron sus argumentos ante el tribunal las defensas, la Fiscalía, los representantes legales de la Generalitat, los del Diplocat y los de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, que figuran como acusaciones. "La Abogacía del Estado no va a hacer alegación alguna al acta", dijo en su brevísima intervención el abogado del Estado, Rafael García Monteys.

El Ejecutivo quiere demostrar así buena voluntad en esta nueva etapa de diálogo con Cataluña. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ratificó la decisión después de ser preguntado por la petición que hacen los independentistas para que la Abogacía del Estado se retire de este proceso.

"El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que, una vez hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace", explicó Campo.

Las declaraciones del ministro llegan después de que los independentistas comenzaran a presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que no abriese causa en los tribunales. Jordi Sánchez, uno de los presos indultados y actual secretario general de Junts, ha pedido al Govern actual, presidido por Pere Aragonés, una respuesta "coherente y urgente" a las fianzas impuestas y "coherencia" a Pedro Sánchez. "No se puede llevar a más de 40 personas delante del Tribunal de Cuentas, con la Abogacía del Estado apoyando unas demandas absolutamente surrealistas y creo que malintencionadas y prevaricadoras, y decir que es el momento de la concordia", ha añadido.

Críticas a la Fiscalía por una intervención de "naturaleza política"

Por su parte, el ex conseller de Presidencia de la Generalitat y letrado de varios de los ex cargos a los que se le reclama la caución, Francesc Homs, ha reprochado que la instructora del procedimiento no haya estimado sus alegaciones y haya mantenido la cifra inicial anunciada en el acta de liquidación provisional.

También ha criticado que la intervención de la Fiscalía en el acto de este miércoles haya sido de "naturaleza política" y no haya aportado alegaciones técnicas en favor o en contra del acta presentada por la instructora.

Fuentes del procedimiento han explicado a Europa Press que los ex cargos tendrán un plazo de 15 días hábiles desde el momento en que reciban la versión definitiva del acta de liquidación provisional para depositar las fianzas requeridas. De no abonar el dinero se procederá al embargo de bienes. Los letrados podrán recurrir una vez entregado el dinero.