"Estoy compartiendo mi chaleco antibalas. Cuando acaba mi turno, se lo doy a un compañero. Todo, en mitad de una pandemia sanitaria". Con estas palabras que mezclan resignación y hastío define un guardia civil la situación que muchos de sus compañeros viven en la actualidad, ya que el cuerpo tiene un "importante déficit" de esta prenda protectora. 

Según cálculos de los sindicatos, faltan hasta 25.000 chalecos, imprescindibles para la protección de los agentes, en una plantilla que ronda los 50.000 trabajadores a lo largo del territorio nacional. Desde el propio cuerpo reconocen que no se podrá dotar de un chaleco a cada agente como mínimo hasta dentro de dos años, en verano de 2023. 

Para que dicho déficit sea tan elevado se han juntado dos circunstancias clave. La primera, la obligada retirada de la circulación de hasta 14.000 prendas de este tipo a finales de este año. Fue el pasado 23 de diciembre cuando el Mando de Apoyo de la Guardia Civil remitió un correo electrónico a las distintas unidades del cuerpo para instarles a que jubilasen tales chalecos. 

La vida útil de los mismos era de 10 años, fecha que se cumplió en diciembre ya que se compraron en el año 2010. A esta cifra se sumó, según cálculos aportados por la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) a 20Minutos, un déficit anterior acumulado de unos 11.000 chalecos.

Preguntadas al respecto y por la velocidad en la que se repondrán los chalecos, fuentes del cuerpo han optado por no responder. Sí lo hizo Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía Nacional, en la comisión de Interior celebrada el pasado 26 de mayo, aunque no logró contener las críticas sindicales. Antes de señalar el "gran esfuerzo" que, a su juicio, está haciendo la Dirección General de la Guardia Civil para dotar de "equipamiento moderno" al cuerpo, consideró que en la actualidad la Guardia Civil "dispone de los chalecos necesarios para el desarrollo de su actividad".

Según los datos que dio, ante la baja de los chalecos -un hecho que venía arrastrándose, defendió, desde 2017, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy-, se han adquirido en los últimos años "más" de 33.000 unidades. Además de otra compra de 25.000 para los próximos tres cursos, a 8.000 por año. La inversión ronda los 12 millones de euros. "Para el verano de 2023 se va a contar con más de 58.000 chalecos antibala de seguridad", señaló, reconociendo que hasta dentro de dos años no habrá un chaleco para cada agente.

La misma versión que Pardo la mantuvo la propia directora de la Guardia Civil, María Gámez, en otra comisión del ramo celebrada el 18 de marzo. "No existe escasez de medios: se dispone de los chalecos que son necesarios para los desarrollos de la actividad del cuerpo, y lo que estamos implementando ahora y en los próximos años es que todos puedan disponer de uno de carácter individual y no compartido", añadió Gámez, cuyas palabras utilizó casi literalmente Pardo en su intervención.

Lo que ninguno mentó fue la posibilidad de que esas compras no se efectúen de manera completa, como ocurrió con uno de los lotes que se pensaban comprar este año. En enero, la Secretaría de Estado de Seguridad lanzó una oferta pública para comprar más de 2.000 chalecos. 

La oferta [ver aquí] se dividió en lotes, quedando desiertos algunos por no cumplir con las exigencias algunos de ellos. Finalmente, solo se consiguió adquirir 800. 

"Es un abandono absoluto"

“Las compras de la administración son muy lentas… y eso cuando se formalizan”, denuncia Agustín Leal, portavoz de Jucil. En declaraciones a 20Minutos, explica que el déficit se da "por igual" en todas las provincias, lo que achaca a la "falta de previsión". Además, expone que no solo faltan chalecos antibalas, sino que sienten un "abandono absoluto" por otros tantos motivos. 

Señala, por ejemplo, que todavía no han recibido las prometidas pistolas táser. 20Minutos informó de que el Ministerio del Interior había comenzado a repartir las que compró en 2019, aunque todavía no han llegado a los agentes rasos, ni se han realizado instrucciones para su correcto uso, ni se ha formado dado formación. "Y eso es importante, porque si pasa algo, la culpa siempre irá para el agente", añade.

También narra Leal el mal estado en el que se encuentran los vehículos del cuerpo. “Tenemos coches con hasta once años de antigüedad y los que compran pueden valer para ir a hacer la compra o para ir a la playa, pero no para patrullar. Sin ir más lejos, el otro día en una persecución, un detenido rompió 11 vehículos”, añade. Sobre esto, Gámez anunció en marzo que a lo largo de este año está previsto la adquisición de 1.100 vehículos con una inversión que superará los 31 millones de euros.