Con los encarcelados por el procés indultados este martes, tal y como ha comunicado Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros, la anunciada reforma del delito de sedición se antoja una posible salida para el expresident Carles Puigdemont y los políticos que optaron por la huida, aunque difícilmente les libraría de ser juzgados en España y exponerse a penas de prisión.

La apuesta de los indultos

A pesar de la decisión adoptada por el Gobierno este martes de conceder estas gracias, el independentismo se mantiene firme en su apuesta por la amnistía como única solución para los cerca de 3.000 encausados que, según sus cálculos, tienen cuentas pendientes en los tribunales por los distintos procesos penales derivados del procés y las protestas que lo apuntalaron desde la calle.

E insiste en que los indultos vienen a aliviar la situación de los presos, sin paliar ni un ápice las consecuencias penales para el resto: quedan los huidos, pero también los cargos del Govern procesados por los preparativos del referéndum -con delitos castigados con elevadas penas de cárcel-, los que ven ahogada su carrera política por posibles condenas de inhabilitación o los que afrontan embargos millonarios por los gastos del procés.

La reforma de la sedición

Hay quien confía en que la reforma del delito de sedición facilite una pista de aterrizaje para el regreso de Puigdemont a España, cuya situación personal constituye para su partido, JxCat, uno los principales escollos que impiden desbloquear el conflicto catalán.

Pocos detalles se han dado sobre los términos en que el Gobierno impulsará la reforma, que podría moverse entre la derogación que exige Podemos -para quienes la sedición se basa en un "concepto predemocrático" del orden público-, la modificación de la redacción del artículo o una rebaja de las penas.

Una reforma poco profunda del precepto legal -cuya derogación temen algunos sectores porque despojaría al Estado de esa herramienta penal ante otro eventual procés en el futuro- dejaría a los líderes independentistas huidos en manos del Supremo y posiblemente con la cárcel como horizonte, apuntan fuentes jurídicas.

De hecho, varios voces en el Gobierno y el PSOE han dicho que Puigdemont deberá ser detenido si regresa a España, voluntariamente o a raíz de la euroorden emitida por el Supremo, y juzgado como lo fueron otros miembros de su Govern.

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Los consellers de su Govern más implicados en el referéndum fueron condenados por el Supremo a un delito de sedición, aunque en concurso con el de malversación de caudales públicos, lo que disparó hasta los 13 años de cárcel la mayor pena, de Oriol Junqueras.

En consecuencia, aunque el delito de sedición fuera suprimido o rebajado a penas mínimas, el expresidente catalán, junto al exconseller Toni Comín, se arriesgaría a ser condenado por malversación de caudales públicos, delito castigado con entre dos y seis años de cárcel.

Caso distinto es el de la consellera Meritxell Serret, que regresó el pasado mes de marzo a España tras tres años huida a Bélgica y está a la espera de ser juzgada en el Supremo por los delitos de malversación y desobediencia, pero con unas perspectivas menos gravosas, puesto que -como Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs- sus departamentos no destinaron fondos al 1-O.

Otra es también la situación de la exconsellera Clara Ponsatí, huida a Escocia, que está procesada solo por sedición; la del exconseller Lluís Puig, acusado de desobediencia y malversación y al que la justicia belga descartó ya entregar a España; y la de la secretaria general de ERC Marta Rovira, huida a Suiza desde que fue procesada por rebelión, pero contra quien ahora no pesa euroorden alguna.

¿Y otros encausados por el procés?

Si las esperanzas de la reforma de la sedición son limitadas para los huidos, su impacto sería nulo sobre las causas que afrontan otros políticos a raíz del procés: desde el expresidente del Parlament Roger Torrent, investigado por desoír al Constitucional, a los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos en la organización del 1-O.

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Por la logística del referéndum están procesados, además, por hasta cuatro delitos otros 29 empresarios y cargos del Govern, acusados de participar en los preparativos del 1-O, entre ellos la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

A ellos se suman la decena de alcaldes encausados por su apoyo al referéndum -el exconseller de ERC y exalcalde de Agramunt (Lleida) Bernat Solé ya está inhabilitado por ello- o los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la consellera de ERC Tània Verge, absueltos en primera instancia, pero pendientes de que la Audiencia resuelva el recurso de la Fiscalía.

Y engrosan la lista de los llamados "represaliados" por el procés centenares de independentistas con causas pendientes por el apoyo  a la causa desde la calle: manifestantes acusados de montar disturbios tras la sentencia o miembros del entorno de Puigdemont a quienes la Audiencia Nacional investiga por integrar la cúspide de Tsunami Democràtic.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas reclama sumas millonarias a medio centenar de cargos públicos del Govern por los gastos derivados del referéndum del 1-O y de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, entre ellos, al propio Puigdemont, al expresident Artur Mas o al que fue conseller de Economía Andreu Mas-Colell.