Ruiz Espejo ha recordado en un comunicado que los litigios de los que conoce la Junta Arbitral son aquellos conflictos de consumo en los que las partes -persona consumidora y empresa o profesional- aceptan someterse voluntariamente a la decisión del órgano arbitral. Los litigios se inician siempre a solicitud de la persona consumidora y "suponen una puesta gratuita, ágil y muy eficaz para descongestionar los juzgados" ha señalado.

En este punto, ha recordado que un procedimiento arbitral tiene una duración media de 90 días, desde que se presenta la solicitud hasta que se notifica el laudo arbitral, en su caso. Esta es la duración máxima establecida por el ordenamiento jurídico. El laudo arbitral es ejecutivo y vinculante para ambas partes.

Una vez admitida una solicitud y aceptado el arbitraje, si las partes no han llegado a ningún acuerdo como consecuencia de la mediación de la Junta Arbitral de Consumo, la Presidencia de la Junta Arbitral de Consumo designa al órgano arbitral que ha de conocer el asunto y cita a las partes al acto de audiencia.

La provincia de Málaga cuenta con dos Juntas Arbitrales de Consumo, dependientes de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de la capital, además de contar con la Sección de Arbitraje Turístico de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.