El pleno del Parlament de Cataluña ha descartado este jueves una propuesta de En Comú para que la Brigada Móvil (Brimo) y Recursos Operativos (Arro) de Mossos d'Esquadra dejen de actuar en desahucios de familias vulnerables, ya que han votado a favor los comuns con la CUP, y en contra Vox, Cs y el PP, mientras que el PSC-Units, ERC y Junts se han abstenido.

La no intervención de Brimo y Arro en desahucios de personas vulnerables es una de las medidas pactadas en el acuerdo que alcanzaron ERC y la CUP para investir al presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, que gobierna con Junts, así como modificar el protocolo de lanzamientos judiciales.

Sí ha prosperado revisar este protocolo para mejorar la coordinación entre tribunales, Generalitat y servicios sociales para iniciar lo antes posible la mediación con la propiedad, ante lo que todos han votado a favor, excepto Vox, que lo ha hecho en contra, y el PP, que se ha abstenido.

Dentro de la moción de los comuns y con el voto en contra del PSC-Units, Vox, Cs y PP, el pleno ha manifestado su rechazo "a los posicionamientos que tienen por objetivo derogar o suspender" la ley de precios de alquiler, que ha recurrido el Gobierno central pero sin suspenderla, algo que Susanna Segovia (comuns) ha asegurado que no ha hecho porque su formación está en el Ejecutivo.

Suspensión de desahucios

El pleno ha aprobado instar a la Generalitat a pedir al Gobierno central prorrogar la suspensión de desahucios a familias vulnerables hasta el 1 de enero de 2022 por la crisis generada por la pandemia de coronavirus, y trabajar para recuperar las medidas anuladas del decreto 17/2019, que incluía la obligación de grandes tenedores de ofrecer alquiler social a personas vulnerables.

El pleno también ha apostado por impulsar vías de negociación con estos grandes tenedores para regularizar a ocupantes vulnerables sin título habilitante, y crear una unidad antidesahucios y un Pacte Nacional per l'Habitatge para buscar soluciones a la emergencia habitacional.

La CUP pide destinar 1.000 millones a vivienda

La moción de los comuns ha coincidido con una de la CUP en considerar imprescindible la ley de contención de los precios de alquiler, y en pedir incrementar el presupuesto para vivienda hasta los 1.000 millones de euros anuales.

De la moción de la CUP, también ha salido adelante el punto que apuesta por pactar, en un plazo de tres meses, una agenda legislativa propia que consolide el derecho a la vivienda, frene los desahucios y limite el uso turístico de las viviendas.

También se ha aprobado la petición de elaborar un estudio que identifique los inmuebles en manos de la Sareb, entidades financieras, fondos de inversión y de capital riesgo para que, en 2022, se haga una propuesta de recuperación de los inmuebles con un presupuesto ajustado y un calendario para 2023.