Los hechos ocurrieron a mediados del mes de diciembre de 2020, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en la travesía de la localidad de Horta (León) había ocurrido un accidente de circulación.

En concreto, se había salido de la vía un vehículo y había colisionado contra un poste-farola de alumbrado público que derribó y contra un contenedor de residuos sólidos urbanos que se encontraba también ubicado en dicho lugar y que quedó totalmente inservible, ambos propiedad del Ayuntamiento de Corullón (León).

El vehículo accidentado, propiedad del investigado, lo abandonó en el lugar del siniestro, mientras el poste derribado contra el que había colisionado su vehículo quedó tendido sobre la calzada y ocupaba y obstaculizaba uno de los dos carriles de la carretera, con lo que generaba peligro para el resto de usuarios de la vía hasta que pudo ser retirado por agentes de la Guardia Civil junto con varios vecinos de la zona.

Al día siguiente, el investigado acudió al Puesto de la Guardia Civil de Villafranca del Bierzo (León), donde denunció la sustracción de su vehículo, si bien durante la tarde del mismo día de la ocurrencia del siniestro vial ya había adelantado y denunciado dicha sustracción por vía telefónica mediante llamada realizada a la Comandancia de León.

SOSPECHAS

No obstante, todo indicaba que no hubo sustracción alguna y que el investigado había conducido su vehículo en el día de la ocurrencia de los hechos, haciéndolo además careciendo de permiso de conducción habilitante alguno para ello por no haberlo obtenido nunca.

De las investigaciones e instrucción de las correspondientes diligencias policiales, se hizo cargo el Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Castilla y León, con sede en León, con la colaboración del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ponferrada y el Puesto de la Guardia Civil de Villafranca del Bierzo (León).

Esta persona, como presunto responsable de la comisión de los supuestos delitos contra la seguridad vial, de simulación de delito y/o denuncia falsa y de daños, podría llegar a enfrentarse a penas de entre tres meses y tres años de prisión o con multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días.